Desde que el expresidente Danilo Medina y más por demagogia que por otro interés, facilitó que las puertas del país se abrieran de par en par y sin requerimientos burocráticos prácticamente de ninguna naturaleza y con el pretexto de que la “situación en Venezuela obligaba a medidas humanitarias heroicas”, a República Dominicana han ingresado y mal contados no menos de 30 mil inmigrantes políticos y económicos venezolanos y con ellos, la variable más descarnada de prostitución a gran escala y criminalidad subyacente.
A la fecha, la prostitución venezolana de ambos sexos se ha metido de lleno en la vida de este país y detrás de la misma, la corte de proxenetas, chulos, delincuencia social y pandilleril y en una dimensión que ya preocupa a las autoridades de inteligencia, así como del orden público.
Para colmos, hay funcionarios públicos a niveles inferiores y particularmente en ayuntamientos de vocación turística que apoyan al nuevo ente criminal y de ahí la proliferación de negocios sexuales y de alterne de todo tipo más su paralelo de extorsión y crimen.
La muestra más elocuente se tiene en el reciente caso policial y judicial denominado Operación Cattleya por el que mujeres colombianas y venezolanas y también hombres, estaban siendo vendidos por catálogo y desarrollándose un fuerte negocio ilícito de prostitución y trata de personas que llegaba incluso a ramificaciones en la misma frontera con Haití.
La situación es tal, que, a estos momentos, la prostitución venezolana y colombiana es cincuenta ves mayor que la casi inexistente prostitución originada entre inmigrantes haitianos y lo que ya es mucho decir.
Mientras tanto, uniformados de los que se supone, que como policías están para “cuidar del orden público” son los primeros que, en función de chulos, apoyan a las prostitutas y prostitutos en los sitios en los que operan en calles y avenidas capitaleñas como en ciudades del Este y el Norte del territorio nacional y de paso, haciéndose los gallos locos en materia de l incesante tráfico de drogas al detalle que acompaña al ilícito continuo.
¿Por qué no legalizar la prostitución en sí y para que los más de 500 millones de pesos que está produciendo por año y sin pagar impuestos, el Estado pueda recuperarlos para el tesoro público? (DAG-Ojo)
