Hasta ahora y con todo y sus escándalos, muchos habíamos entendido que al pleno de la Cámara de Cuentas había que continuar ofreciéndole el beneficio de la duda, por lo menos, hasta que en el Poder Legislativo, diputados primero y senadores luego, determinaran la terrible hondura de complicidades de corrupción absoluta por medio de las cuales, ese organismo había dejado de ser y hace ya mucho tiempo, un instrumento legal de control de gobierno y gobernabilidad y en razón de que sus miembros, partidos y políticos se habían apandillado en contra de la República.
La prueba más fehaciente de lo que decimos, la tenemos, al conocer que el pleno había dispuesto que las actas y grabaciones de las audiencias entre sus miembros, no debían de ser de acceso público y en consecuencia, que todo cuanto en ese organismo se decidiera a nivel de su dirección debería ser parte de una especie de secreto de sumario en el que a los ciudadanos se nos negaba el acceso y en violación abierta y atrevida “ y por ser parte integral de las actas del pleno, conforme al Índice de Documentos e Informaciones Clasificadas, aprobado mediante decisión DEC-2021-024, de fecha 9 de marzo de 2021, en virtud del artículo 17 de la ley No.200-04, Ley General de Libre Acceso a la Información Pública”.
Es decir, los miembros del pleno, que ahora se acusan entre sí de actuaciones absolutamente inmorales de ocultamiento de datos sobre sus funciones y a las que por la acción hecha hay que entenderlas ilegales y bochornosas de control y secuestro de facto de su ley 200-04, desde hace 14 meses decidieron mantener sus actuaciones y decisiones como secreto público de Estado y por lo tanto, vetando el acceso ciudadano a las mismas.
Que se conozca, es la primera vez y pretextando un tecnicismo legal, que los miembros de ese pleno de jueces administrativos toman semejante actitud y la que por obligación hay que entender, que, con esta, se constituyeron en una especie de estructura superior al gobierno de la Nación y generando un muy peligroso precedente de ocultamiento desde el poder, que de por sí niega calidad constitucional a sus ejecutorias.
Lo que más sorprende, es la ausencia de responsabilidad constitucional del Poder Legislativo, cuyos integrantes, ni siquiera por alguna vez y por lo que se analiza, nunca se han interesado realmente en supervisar al pleno de la CC.
Estamos hablando, de que si senadores y diputados nunca han indagado de como el pleno de la Cámara de Cuentas se autogobernaba y en una abierta deserción de responsabilidades políticas y constitucionales y hasta personales, los ciudadanos hemos caído en la gravísima situación, de entender que el pandillerismo político en su peor expresión y desde las cámaras legislativas e inevitablemente, también desde el Poder Ejecutivo, así como desde el Poder Judicial, hemos sido víctima del secuestro del Estado, por parte de quienes al haber sido electos directamente por los electores y sus actuaciones refrendades por la escogencia de su cuerpo administrativo por delegación constitucional, nos han traicionado a todos e igual sus respectivos juramentos constitucionales, que han resultado fallidos y constituyéndose en todo un grupo pandilleril de autoridades ilegales e ilegítimas por la naturaleza abusiva de sus actuaciones tan reprochables.
Con razón, ayer mismo, un grupete de diputados opositores y de diferentes bancadas partidistas, abandonaron sus curules para “protestar” contra la resolución de la Junta Central Electoral, la 13-2023, que les obliga a depender y como partidos políticos, de solo un 20 por ciento de reservarse las candidaturas a nivel congresional y municipal y como el mejor mecanismo para proteger la libertad de escogencia de sus miembros., que decidirían sobre el 80 por ciento restante
Por primera vez y esta es una amarga conclusión, en cuanto a que los dominicanos tenemos, que todas nuestras autoridades electas se han deslegitimado y traicionado a la nación y al violentar descaradamente la Constitución de la República. Es decir, las mismas mafias políticas de la partidocracia, ellas mismas se han marginado de la legalidad constitucional y por lo tanto, son susceptibles de que los dominicanos les exijamos sus renuncias y la convocatoria a nuevas elecciones para que un gobierno interino asuma el poder hasta que sea elegido otro absolutamente legal y legítimo y en unas elecciones especiales y a lo inmediato.
En este sentido, no entendemos el cómo es posible que las consultorías jurídicas del Poder Ejecutivo como del Poder Legislativo y desde la procuraduría general de la República o la Suprema Corte de Justicia actuando ambas como Poder Judicial, no estuvieron pendientes de mantener una aclara actitud de supervisión constante, de una Cámara de Cuentas, que se ha constituido en una vergüenza pública y desde el anterior pleno al actual y al grado, de que alzado contra Derecho, el pleno actual decidió ocultar sus actuaciones y decisiones y para que nadie más en este país indague si las mismas se apegan al orden constitucional.
Lo menos que ahora debe y puede suceder, es que lo más pronto posible las cámaras legislativas cesen a todos los miembros de la Cámara de Cuentas o que estos renuncien o su envío ante un tribunal de jurisdicción especial que determine responsabilidades y para que luego sean determinadas las violaciones constitucionales en las que sus miembros incurrieron.
Al final, lo que los ciudadanos recogemos, es el fruto de nuestras propias debilidades constitucionales de responsabilidad cívica y al dejar que fuera un grupo de presión empresarial y financiero, Participación Ciudadana, que tomara el control de facto de la principal autoridad auditora del Estado y lo que, de hecho, nos coloca ahora teniendo un proceso de gobernabilidad fallido del que ninguna autoridad “legal” puede ser excluida. En otras palabras, los que nos gobiernan desde los tres poderes interdependientes del Estado, nos han fallado y tanto y colocándose al margen de la constitucionalidad y abriéndose de este modo un abanico de circunstancias nuevas en materia de cambio de gobierno.
Mientras tanto y desde los medios de comunicación e información y sus redes sociales y por vergüenza pública, debe librarse una campaña firme y de exigir por parte de quienes nos gobiernan, un accionar propio de un respetuoso ejercicio constitucional, sin trampas, ni felonías y tampoco engaños y exigiendo, que los que nos gobiernan se ajusten a derecho y si son incapaces de enmendarse, entonces que renuncien de una nueva vez. Pues lo más duro, es entender que por las actuaciones inconstitucionales del pleno de la Cámara de Cuentas y el apandillamiento del resto de todos los poderes públicos, los dominicanos nos hemos quedado sin un gobierno legal y legitimo y lo que ciertamente traerá consecuencias. En pocas palabras, ahora la nación e institucionalmente se encuentra dentro de una grande como grave encrucijada.
De ahí que haya que admitir, que en lo de la Cámara de Cuentas, lo que hay es un nauseabundo y abusivo criterio de ocultamiento compartido por sus miembros y toda la partidocracia y siempre en perjuicio de la nación y lo que no debe ni puede ser. Participación Ciudadana nos ha llevado hacia un callejón sin salida del que, por las complicidades compartidas, nadie sabe cómo terminará. (DAG) 12.05.2023
