Todas las organizaciones empresariales se caracterizan por practicar la doble moral, solo creen en el mercado atrapado y que fuera de ellos, en el territorio nacional no debe haber nadie más como inversionista, comerciante o industrial, en tanto de hipócritas y por medio del oligopolio de sus organizaciones empresariales, unas ochenta, se dan golpes de pecho hablando de que creen en la inversión extranjera y en la libre competencia y lo que nunca ha sido así.
Lo primero que hicieron, fue que desde que uno de ellos adquirió el vespertino El Nacional en el 1979, a partir de esta compra, se dio un vuelco en las relaciones interempresariales. Pepín Corripio era entonces un comerciante rico marginado de la llamada “sociedad” y la adquisición del medio le permitió entender en donde radicaba la fuerza y peso de influencia de quien fueras su dueño: La influencia política hija de su poder para manipular a la atrapada opinión pública.
Por eso se dio a la tarea de adquirir más periódicos y estaciones de radio y televisión y creando el primer monopolio mediático del país y el que desde entonces le ha permitido consolidar sus negocios, tener peso e influencia política propios, dominar a periodistas, comunicadores e intelectualidad, dándoles espacios propios de comunicación alternativa pero en base a una rígida autocensura, financiando partidos políticos y candidaturas en todo el arcoíris político e imponiéndosele a la competencia de una manera brutal y expedita.
Detrás suyo vinieron otros empresarios y buscavidas dentro de los llamados suplidores del Estado y contratistas de obras de infraestructuras y con estos, el apoderamiento del resto de los mass media y generándose, 47 años después el decisivo sector mediático que hoy controla y dirige indirectamente la política nacional y las vidas de relación de los dominicanos, generando la peor de las tiranías.
Teniendo toda esa estructura que trata de impedir el libre ejercicio de la palabra, el disentimiento, la libre expresión y difusión del pensamiento y gracias a sus validos en el Poder Legislativo, creando leyes y códigos restrictivos de la libre expresión y la libertad de prensa en las redes sociales, en tanto los carteles de abogados empresariales, la mayoría un grupo de desalmados que solo trabajan para quienes les pagan y quienes en asociación con oenegés empresariales y financieras, han generado un cerco monopólico de “legalidad dirigida”, que impide que la libre competencia exista en el territorio nacional.
Debido a este pandillerismo empresarial y mediático, no hay gobierno que se atreva a enfrentarlo y salvo algunos casos. Pero la mayoría de los gobiernos son simples sirvientes de los delincuenciales grupos económicos y financieros y lo que ha ocurrido desde la segunda presidencia del entonces traficante de poder para garantizarse ser la cabeza del Poder Ejecutivo, Leonel Fernández, quien con el pretexto de favorecer la apertura empresarial y la inversión privada abierta, tomó la estructura comercial e industrial de la Era de Trujillo y la dividió entre un sector de ricos y para dividir a otro sector y sin importarles, que en el camino, ese empresariado de maleantes, impusiera altos precios, pésima calidad de productos y salarios de pura esclavitud económica.
De esta manera, es que la República ha sido convertida en un gran oligopolio a favor de ese empresariado y financistas delincuentes y por eso, la libre competencia no existe, en tanto el gobierno y como el actual, ha dado el paso más desconcertante: Agrupar al empresariado como socio suyo en una estructura plutocrática, que a la fecha y con el pretexto de los emprendimientos público-privado, hoy el CONEP controla desde el Consejo Nacional de Competitividad, el presupuesto nacional y al extremo, de que ese conjunto de instituciones empresariales y junto a las financieras, decide en qué el gobierno debe gastar el dinero del contribuyente, qué obras de infraestructura debe realizar y con preferencia las vías de comunicación que faciliten el libre acceso a sus empresas y a quienes de ellos, se les debe facilitar o no capital de trabajo para sus empresas, negocios e industrias.
De ahí, que en base a una demencial política de incentivos fiscales, la mayoría de las empresas pagan el mínimo de impuestos, no declaran sus ganancias, controlan al ministerio de Trabajo y como ocurre en el sector turístico, son los contribuyentes con sus impuestos los que facilitan el capital de trabajo para que el empresariado haga sus negocios y con el pretexto de crear mano de obra y la que y que es el caso hotelero, derivada no hacia los dominicanos, sino a una mayoría de indocumentados haitianos e igual ocurre en la en la agroindustria y la minería.
Pero como si lo anterior no fuera suficiente, también empresarios y banqueros tienen un cuerpo de sicarios de origen militar o policial para eliminar competidores y para cobrar deudas y utilizando no menos de 15 mil efectivos policiales como sus guardaespaldas y espalderos cuidadores del derecho de cama que facilitan el tráfico inmoral e ilícito de trata de personas para fines sexuales entre sus empleados de cualquier sexo.
Otra marca indeleble de tanta delincuencia empresarial y financiera, se tiene, cuando alguien extranjero o criollo trata de invertir y crear un negocio y fuente de trabajo, de inmediato salta el empresario que entienda que le hará competencia y obligando a que el nuevo se retire del negocio que quiera emprender y en caso contrario, ordene que se le mate o en otros “casos decentes” y como era costumbre de un empresario dominico español, que llamaba al potencial competidor, le exigía que abandonara el negocios al tiempo de decirle que le pagaba todo lo que había invertido y en base a sus complicidades en medios de comunicación propios o de amigos, le hacía la vida imposible hasta que el acosado terminaba por abandonar y largarse del país.
En este último esquema, entran los funcionarios públicos. Estos impiden cualquier tipo de empresa que provenga desde el exterior, sea porque les exigen un porcentaje del capital a invertir o porque simplemente responden a presiones y órdenes de los mandamases empresarios a los que se deben.
Sin embargo, recién ha ocurrido un hecho diferente y en el caso de una empresa de alta tecnología en las comunicaciones de capital vietnamita, que ha recibido los ataques más sucios con tal de que no se le ocurriera invertir en el sistema nacional y hasta contando con el apoyo injerencista de la embajada estadounidense vía medios de comunicación, periodistas y comunicadores tratando de manipular a la atrapada opinión pública y haciendo creer, que si esa empresa asiática entra a esta economía, sería una peligrosa muestra que atentara “contra la seguridad del Estado”.
Con todo y ese tsunami de descalificaciones, hemos visto que el presidente Luis Abinader se ha empantalonado y apoyado a su director en Indotel, el ente nacional de las comunicaciones y permitiendo un acuerdo para que esa empresa vietnamita entre a esta economía y que en palabras del mismo Abinader, dijo que había que democratizar el mercado y que había que parar en seco al oligopolio existente.
Otra muestra desagradable ocurrió recién y denunciada ayer y que el hecho se publica hoy en el matutino de un grupo empresarial turístico del este del país y que con el titular de: “Los comercios chinos se expanden por todo el país como si fuesen verdolaga” metiéndose de lleno en la guerra comercial EEUU-CHINA y en lo referente a impedir que la inversión de ese gigante asiático se expanda en el territorio nacional y tomando de pretexto, que el comercio chino y dado el fracaso de sus iguales locales, quienes no pueden sacarle ventajas competitivas, porque los comerciantes chinos compran a un dólar y venden a noventa centavos, mientras los comerciantes dominicanos compran a 55 centavos y venden a cinco dólares sus productos y por esa diferencia y porque los comercios asiáticos tienen mejor calidad y precios, son los preferidos de la mayoría de los consumidores.
También está la versión trágica del crimen asociado a no querer competencia, en el caso de una firma de ingenieros y contratistas, quienes como no pudieran llegarles a los dueños de una villa campestre y lo que hoy ha trascendido en las redes sociales en @RDSomosPueblo, la misma fue derribada y sin importar que les afectados acudieron a las instituciones gubernamentales y de justicia para tratar de impedirlo.
¿Cómo es posible que este abuso de poder se hubiese perpetrado?, porque en República Dominicana, el Estado es uno delincuente y teniendo como sello indeleble el apoderarse de propiedades agrícolas o de vocación turística, expropiarlas y no cumplir con la ley que exige que la expropiación es válida previo justo pago de esta y lo que ha estado sucediendo desde el año 1966 al presente.
Y hay que preguntarse, si en estas condiciones, ¿no es acaso valiente el inversionista que se atreve a meter su dinero y en esta economía donde impera el gansterismo empresarial, financiero y político?
¿Por qué todos los aspirantes a cargos de elección directa no se refieren, ni denuncian ni atacan este bandolerismo organizado desde el poder? ¿Acaso no tenemos razón y cuando decimos que, en República Dominicana no existe el estado de derecho y porque solo tiene un gobierno plutocrático continuo, en el que los ricos actúan como amos y señores y estos, entendiendo que los ciudadanos son sus esclavos, y quienes para colmos, por ser cobardes gracias a los subsidios sociales oficiales y una mayoría drogadictos, han sido condicionados por la corrupción a gran escala que se vive en este país? Con Dios. (DAG) 27.06.2026
