Realmente, es penoso que las autoridades y principalmente el funcionario que está al frente del Ministerio de la Presidencia, tenga un lenguaje torcido e intolerante que no ayuda en mucho a que se pudiera escenificar un diálogo o debate provechoso por lo útil y sobre un asunto tan urticante como lo es la figura del fideicomiso público en manos privadas.
Sí se entiende, que si el gobierno del presidente Luis Abinader y del PRM es el primero de características plutocráticas en toda la historia nacional, que pueda existir cierta inclinación casi natural por tratar de no dejar a menos a sus asociados ricos.
Pero precisamente y por el hecho, de que el fideicomiso es público y en el que se conjugan intereses privados y con cierto animo de control sobre bienes públicos y con el pretexto -que es el punto que está en el fondo de la discusión- que, si estos están en manos privadas, de empresarios, los intereses de la nación supuestamente estarían mejor preservados que en manos de políticos.
Aunque no se quiera y lo que también es un factor a tener en cuenta, se generan dudas y hasta conflictos de interpretación, que, por lo subjetivos, colocan en entredicho esta figura jurídica de la que hablamos y que, por experiencias habidas en los últimos dos años, francamente, no son ni uno ni dos los sectores y ciudadanos y en particular de clase media o de la pequeña burguesía, quienes ponen en dudas las bondades que con tanto fervor, el oficialismo pretende que absolutamente todo el mundo así crea.
En principio, el solo hecho de que el ministro de la presidencia, en vez de razonar, insulte y atropelle a quienes disienten del proyecto de fideicomiso privado y se atreva a emitir un confuso juicio de valor tan temerario y como es ese de que supuestamente la oposición quiere sabotear el proyecto que ya está en el Congreso y expresándose en términos tan beligerantes, obliga a que se guarde distancia frente al gobierno y se traten de indagar “los matices oscuros” que el mismo proyecto parecería que encierra.
Y esto así, porque es más que sospechoso que en el gobierno se den argumentos realmente divorciados de un pensamiento lógico y que por el contrario, se formulen atrevidas como capciosas imputaciones, que a la larga y si se mantiene la irracionalidad de criterio, podrían generarse ciertas fisuras que para nada contribuyan a la existencia de un clima de choque de ideas que contribuyan a que al final, el citado proyecto termine siendo uno que hiciera coincidir los mejores criterios técnicos y tanto de gobierno como de oposición.
Justamente y por esa singularidad, es que la oposición ha hecho lo correcto en tratar de contener -no evitar- un proyecto de ley, que basado en una aplanadora parlamentaria oficial pudiera obtener una sanción favorable y por unas cámaras legislativas, que cada día que pasa, más crece la aprensión de que han sido convertidas en especie de sello gomigrafo del mismo gobierno.
Sobre este particular, es evidente que el presidente Luis Abinader ha estado atento a escuchar a todos los sectores envueltos en el debate y que es su posición correcta como jefe de Estado y de Gobierno, pero si recordamos que el primer mandatario es un político identificado con un partido que tiene raíces profundas en el PRD de cuando la Guerra Fría, caracterizado por una intolerancia hacia quienes se le oponían, que necesariamente hay que crear las salvaguardas de lugar y a favor de la institucionalidad, para que excesos arbitrarios de poder concentrado no deban ni puedan manifestarse y menos imponerse arbitrariamente.
De ahí que somos partidarios de que el debate legislativo se profundice al tiempo que su igual publico y desde el ámbito mediático sea lo suficientemente creativo como para implicar a toda la atrapada opinión pública. Al fin y al cabo, todavía creemos y como muchos, que, no obstante que el sistema político criollo es totalitario y en lo que pecan todos los políticos y sus partidos, existe también un sedimento de apego a las normas democráticas, que en el caso que nos ocupa, fuera el freno necesario para que el régimen Abinader-PRM no cayera en la ilegalidad de actuar dictatorialmente.
Ante esta realidad, la discusión sobre si el proyecto de ley respecto al fideicomiso público en manos privadas y sin que quienes lo dirijan rindan cuentas o tengan una vía abierta para endeudarse a cargo de las finanzas públicas, no sea ciertamente un mecanismo que se entiende viable y mucho menos y sí peor para torcer los interrogantes que el proyecto plantea, que desde el gobierno se cometa el desliz de insultar y descalificar a quienes se oponen al mismo, es más que inquietante como perturbador.
Más bien, lo que procede, es que el Poder Ejecutivo aliente un debate abierto y sin prejuicios y en el que los reparos se escuchen y atiendan, a la vez que la oposición y con sus legisladores, muestre la suficiente madurez emocional como para explayarse en sus criterios y sin que, al mismo tiempo, no se sospeche, de que sus argumentos estuvieran acompañados de una fuerte irracionalidad, que al final descalifique sus criterios.
También habría que decir, sobre lo chocante de las factorías mediáticas, alentando extremismos opuestos de uno y otro sector y como mecanismo de defensa de intereses privados de los que también se sospecha que tienen un marcado interés en alzarse con el santo y la limosna y siendo esos intereses, parte importante dentro del gobierno plutocrático y para no hablar dentro de los barones mediáticos, quienes con la concentración de medios de comunicación en pocas manos y que poseen, de por sí no son garantes de la libre expresión de nadie que no sean ellos y sus asociados dentro de la oligarquía, la burguesía y hasta el mismo gobierno.
Además, ¿por qué la prisa?, ¿acaso no es mejor analizar concienzudamente todos los aspectos habidos y por haber, a que luego de aprobado el proyecto y por lo visto sumariamente, venga el Tribunal Constitucional y lo rechace por no correcto frente al mandato constitucional? La prudencia se impone.
Sobre todo, cuando lo que se percibe, es algo así como que haya que decir, que es lamentable, que por lo del fideicomiso público, en el Gobierno se radicalicen, mientras desde la Oposición se quiere un contrapeso que evite excesos y que se busquen puntos de coincidencia. (DAG)
