La Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) manifestó preocupación “por el incumplimiento, la ejecución tardía o la aplicación insuficiente de las decisiones del Tribunal Constitucional (TC) por parte de los poderes públicos, una situación que, compromete uno de los pilares del Estado constitucional de derecho.
“La oenegé sostuvo que “la eficacia de la justicia constitucional no puede medirse solo por la existencia formal de las sentencias, sino por su capacidad real de generar consecuencias jurídicas efectivas”.
La institución dice y en referencia al incumplimiento de sentencias del TC por parte de la Dirección General de la Policía Nacional, la Presidencia de la República, la Procuraduría General de la República, los Ministerios de Interior y Policía, Educación, Hacienda, Salud Pública y Obras Públicas, entre otras. Recordando, “que el artículo 184 de la Constitución dominicana establece que las decisiones del Tribunal Constitucional son definitivas, irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para todos los poderes públicos y órganos del Estado”.
Se explicó, que “esta disposición no es una simple declaración programática, sino que su fuerza vinculante se deriva directamente de la supremacía constitucional y actúa como un límite al ejercicio del poder público”.
Precisó que “la independencia funcional de los poderes del Estado no habilita márgenes discrecionales frente al cumplimiento de las disposiciones constitucionales, y que acatar un fallo del TC no implica subordinación política, sino sometimiento común a la norma suprema”.
Para la institución, “la ejecución de una sentencia es una dimensión esencial de la tutela judicial efectiva, y porque cuando una decisión que reconoce un derecho o establece una obligación queda sin cumplirse, se abre una brecha entre la justicia formal y la justicia real”.
Planteando, “que cualquier eventual llamado de atención o sanción a una autoridad por incumplimiento debe sustentarse en una competencia jurídicamente reconocida, una base normativa clara y el respeto al debido proceso”.
Finjus pidió “distinguir entre distintos escenarios, como la imposibilidad material temporal, la ejecución defectuosa, el retraso injustificado y la resistencia deliberada, cada uno con implicaciones distintas a la hora de determinar responsabilidades”.
Advirtiendo, “que el problema afecta directamente la seguridad jurídica del país, pues la ciudadanía necesita confiar en que una decisión constitucional definitiva tendrá efectos reales”.
Dijo que cuando esto no ocurre, “se debilita tanto el derecho del ciudadano afectado como la credibilidad general del sistema de justicia”.
Instando “a mejorar la coordinación entre instituciones públicas, establecer procedimientos claros para el seguimiento de las sentencias, identificar con prontitud a las autoridades responsables de cumplirlas y fortalecer las capacidades de monitoreo del propio Tribunal Constitucional”.
Así mismo, manifestó “que la fortaleza de un Estado constitucional no depende únicamente de contar con una Constitución robusta y tribunales especializados, sino de que las instituciones acepten que el poder público está sometido al derecho”.
Por ello, Finjus reafirmó “que el cumplimiento de las decisiones del TC constituye tanto una obligación jurídica como una responsabilidad institucional frente a la sociedad dominicana”. (LD-rcb / OJO)
