viernes, enero 27, 2023
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Fuerte golpe al terrorismo judicial mediático, el que las medidas de coerción queden en entredicho y por la mala aplicación de los subprocuradores totalitarios Berenice y Camacho

Sin atreverse por tratar de desacreditar más de lo que ya lo han hecho, las decisiones de los jueces a cargo de casos de posible corrupción y no demostrados jurídicamente y sí solo a nivel  de sus aliados mediáticos, los desacreditados procuradores totalitarios de accionar político, represivo y mediático, Berenice Reinoso Gómez y Wilson Camacho, todavía esta mañana sangraban por la herida y al ver que sus esfuerzos de gran encono personal y político, han terminado por estrellarse ante la limpia decisión del juez  presidente del Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Amauris Martínez,  quien revocó el arresto provisional que pesaba sobre el exprocurador Jean Alan Rodríguez y cambiándolo por arresto domiciliario.

Desde el 24 de junio de 2021 y en base a una terrible ola mediática de descalificaciones e imputaciones y secuestro de los limites propios de las medidas de coerción con cárcel como casa y teniendo a una atrapada opinión pública, que aterrorizada, caía presa de una mudez que impedía al público discernir respecto a la catarata de las imputaciones y acusaciones de todo tipo y no discutir la grosera medida de coerción impuesta y de violenta afectación de los derechos de los imputados en el caso Medusa, el exprocurador fue colocado humillantemente bajo régimen carcelario y cercado por el más feroz ataque del Estado, contra los derechos y fueros de un ciudadano y como hasta ahora no se había conocido en los últimos 62 años.

Se llegó tan lejos, que por más reclamos que quisieron valer los abogados del exprocurador Rodríguez, sus argumentos se estrellaban ante la fuerte pared de terrorismo judicial y mediático, que impedía que el razonamiento correcto se abriera paso sobre la selva de imputaciones y groseros ataques personales que el ministerio público protagonizaba en su contra.

A ese momento, ni los abogados del sistema de justicia recordaban, que una medida de coerción con imposición de arresto carcelario era el último extremo que podía apelarse por parte de la autoridad judicial del ámbito del ministerio público y que fuera secundada por jueces aterrorizados a su vez, por el demoniaco sistema de juicio paralelo mediático que el encono personal de los dos subprocuradores totalitarios y fiscales ayudantes habían logrado y como norma general para aturdir y manipular el ánimo de la atrapada opinión pública.

Al principio, el ministerio público hizo creer y dejó que se creyera, que el encarcelamiento del exprocurador, tenía que ver con una supuesta “venganza” de la procuradora general de la República, la magistrada Miriam German, la que en un examen público de oposición frente al presidente de la República y este a la cabeza  del organismo supra judicial mayor del gobierno anterior, el entonces procurador Rodríguez cometió un abuso de poder de índole difamatorio y acorralando sin ningún derecho a la experimentada magistrada de la Suprema Corte de Justicia, que en honor a la verdad, debió de merecerle una fuerte reprimenda del presidente Danilo Medina, mandarlo a callar, sacarlo de la audiencia y haberle pedido disculpas a la juez ofendida y realmente injuriada.

Por meses, fue evidente que ese ministerio público quiso hacer creer que los subprocuradores totalitarios actuaban de ese modo, porque la procuradora general así lo consentía y lo que hasta hace poco fue desmentido indirectamente por esta y al emitir una carta de pura lección magistral, por la que recordaba a sus dos subprocuradores totalitarios, que se había llegado muy lejos en la aplicación de ese modelo de terrorismo judicial mediático y el que legalmente no correspondía.

Los subprocuradores totalitarios Berenice y Camacho, ni siquiera porque la PGR les reconvenía y les llamaba a actuar en Derecho, no dieron muestras de acatamiento y de vuelta a una actuación legal ceñida  a un accionar en el que la legitima defensa del imputado fuera respetada y al extremo, de que todavía esta mañana, uno de ellos, Berenice, y casi perdiendo la compostura, desafiaba la decisión del juez Martínez y advirtiendo, que en un juicio de fondo su trabajo hecho de aparentes acumulaciones de pruebas, daría el fruto deseado y para que el imputado exprocurador fuera sentenciado definitivamente a años de cárcel.

Mientras tanto, esa parte tan violenta del ministerio público, secuestro bienes y propiedades del imputado y al extremo, de no haberlos dejado en manos de algún secuestrario judicial de los mismos y para que siguieran en manos de los familiares directos del imputado en lo que el asunto se dilucidaría en un posible juicio de fondo, por lo que ahora y si es que en verdad la magistrada German y como superiora inmediata de ambos subprocuradores totalitarios ordena su inmediata devolución, estos quedarían dentro de una especie de limbo jurídico no del todo correcto.

Ni que decir, que el daño material perpetrado contra los bienes de un individuo al que se le acusa de cometer hechos de corrupción, pero los que no han sido demostrados, es de una dimensión tan demencial, que queda la expectativa de cuando el cuerpo de sus abogados defensores reclamará en Derecho la devolución de estos y generando medidas de reparación de daños en los bienes personales de los dos subprocuradores totalitarios.

De cara a la sociedad, ha quedado demostrado que en este país el sistema de justicia a abusado de las medidas de coerción cercenando derechos adquiridos de quienes sean imputados por hechos supuestos y penalmente punibles, al tiempo que la sentencia del juez Martínez, reivindica en sí misma, el derecho a que ningún fiscal se atreva a cuestionar públicamente la sentencia de un juez y mucho menos a descalificar o tratar de manchar su reputación mediáticamente y menos, cuando se tiene a mano el debido uso de los recursos que los códigos y leyes les permiten.

Sentencia, que indudablemente marca ahora un antes y un después en este tipo de actuación tan grosera y abusiva que los dos subprocuradores totalitarios han empleado y sabiendo, que al hacerlo, imponían una de juicios mediáticos paralelos, que de suyo, podrían provocar a partir de ahora, otra ola de reclamos legales por parte de imputados, que entiendan, que los medios de comunicación que se prestaron a semejante desafuero y vagabundería, deberían de reclamárseles jurídicamente y por lesionar la honra y reputación de los imputados.

Debe recordarse y en afianzamiento de que una medida de coerción necesariamente no debe implicar cárcel y porque todo proceso abierto, perfectamente puede continuar con el imputado y este con arresto domiciliario, que el juez Martínez tomó la decisión de variar la prisión preventiva que pesaba en contra De Rodríguez y le impuso una garantía económica de 50 millones de pesos, bajo modalidad de contrato, impedimento de salida del país y colocación de brazalete electrónico y sin que en esta ocasión, los dos subprocuradores totalitarios, por lo menos al escribir este análisis político de Estado, hubiesen emitido una declaración hiriente y descalificadora contra el magistrado.

Lo que significa, que, de ahora en adelante, debe esperarse que el ministerio público se ajuste a Derecho y no violente los derechos naturales y legales de todo procesado o imputado, al mismo tiempo que los directores, jefes de redacción, redactores y comentaristas dentro de la prensa mercancía, escrita o electrónica también se ajusten al respeto debido a la dignidad de las personas y sin injuriar y difamar y cómo hasta ahora la mayoría de esos atrevidos analfabetos funcionales viven realizando y sin permitirles la mínima replica  a esas víctimas de la difamación e injuria a gran escala.

Jean Alan Rodríguez, podrá ser todo lo que los subprocuradores totalitarios dicen que es, pero deberán demostrarlo y sin afectar sus derechos como persona y ciudadano y sin que al mismo tiempo se injurie y como sibilinamente se ha hecho a los miembros de su equipo defensor.

De ahí que digamos, que ha sido un fuerte golpe al terrorismo judicial mediático, el que ahora, las medidas de coerción queden en entredicho y por la mala aplicación de los subprocuradores totalitarios Berenice y Camacho. (DAG)

 

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