Es loable y de reconocer que en el gobierno exista una disposición a favor de garantizar la seguridad ciudadana y en lo que el mismo presidente Luis Abinader ha dado notorias demostraciones de que semejante política de respaldo ciudadano esté debidamente establecida.
En este sentido, no son ni una ni dos las ocasiones en las que el primer mandatario evidencia su determinante como sincero deseo de que la autoridad policial y bajo la dirección del ministerio de Interior, encauce un accionar apropiado y por medio del cual, al tiempo que se enfrenta la delincuencia dentro de los aspectos propios e hijos de su accionar delictivo, con igual y firme característica, la autoridad nacional y tanto policial como judicial, no pierdan la perspectiva de que son parte de un gobierno nacido de las urnas y por lo tanto, absolutamente empeñado en que el espíritu democrático se mantenga incólume.
Sin embargo, la practica nos dice, que, en la policía, entidad preparada con características militares y altamente represivas, no se practica ningún tipo de política dirigida a no afectar las libertades públicas y mucho menos los fueros y derechos ciudadanos y lo que no viene desde el 2020 y sí mucho antes en estos últimos 61 años.
Por eso y debido a semejante comportamiento, la policía y sin importar directores generales, comandantes y efectivos que se turnen en el correr del tiempo, no ha demostrado realmente un quehacer profesional que se avenga a ser parte de un gobierno democrático y debido a ello, las continuas como detestables muestras de criminalidad organizada desde el poder y en una dura prueba de terror judicial que no distingue ciudadanos de delincuentes.
Para justificar tales excesos, se ha querido dar a entender que la practica anti ciudadana, a la uniformada le viene desde la Era de Trujillo y lo que no es cierto, pues de los 31 años de aquel periodo gubernativo, los dos últimos fue cuando la policía torció su rumbo y lo que y desde el momento que en pleno gobierno del Consejo de Estado (1961-1962) y con tal de imponer un jefe policial a su medida y gusto, los altos mandos policiales de entonces, impusieron y apoyaron la primera huelga policial en toda la historia de esta nación, hasta que el gobierno aceptara colocar una jefatura independiente y casi inamovible y que permitió la creación de la llamada “cantina”, negocio a larga escala en base a importaciones de mercancías sin pago alguno de impuestos.
Con el inicio de la jefatura comercial y represiva del general Belisario Peguero, la policía dio el salto a todas formas de ilícitos, crímenes y represión policial continua, situación, que con diferencias de matices y no menos de 15 mil asesinados, se mantiene y no en el recuerdo y sí con hechos efectivos en la actualidad.
Lo que significa, que el grado de bandidaje e irrespeto institucional y sin importar tres generaciones, se ha mantenido como una especie de impronta de actitud delictiva desde el poder y mucho más enraizada en los gobiernos dirigidos por figuras provenientes de la llamada izquierda radical y comunista de tiempos de cuando la Guerra Fría y que para vergüenza del débil sistema “democrático” que se tiene, en vez de disminuir o desaparecer, han aumentado con mayor vigor los abusos policiales y tanto, que las páginas rojas en los periódicos escritos y solo en los últimos dos días, se han teñido con cerca de 10 muertes hijas de la violencia policial más desenfrenada.
Cómo es lógico, tanta violencia y terror policial, nunca podrían ser aceptados por los ciudadanos y quienes con todo y que se sienten acosados por la delincuencia juvenil y como expresión anárquica de la delincuencia organizada, que detrás suyo tiene su fuente originaria de delincuencia de cuello blanco y empresarial, tampoco es que aceptarían, que de buenas a primeras, la policía se convierta en el brazo de la delincuencia política desde el poder y que al parecer, en áreas del PRM se daría lo que no se tiene porque se instaurara.
Pero si lo anterior es de por sí inquietante y mucho mayor desasosiego ha estado creando ese ímpetu del sector del Poder Ejecutivo del que depende constitucionalmente el ministerio público a partir de la Procuraduría General de la República y en donde sus actores principales, es inequívoco que están interpretando leyes, códigos y plazos establecidos en todo lo atinente a las iniciativas de ese ministerio público que tiene que ver con la persecución de los delitos de cuello blanco y en específico, los de corrupción desde el poder.
¿Qué está sucediendo?, que parecería, que los magistrados que controlan a la PGR, tienen una vocación tan acerada y a la vez primitiva de perseguir los delitos de cuello blanco cometidos desde el poder y mostrando una insólita actitud de prejuicios y prepotencia que no va con una adecuada administración de la justicia represiva y lo más significativo, que como ese trío de magistrados han logrado “buena prensa”, la percepción generalizada, habla de que si se les deja y no se les advierten sus pasos tan equívocos, querrían tratar de imponer una tiranía judicial, hija de la interpretación que han dado del espíritu presidencial de querer una justicia de aplicación independiente, pero sin excesos y sí con correcto proceder de las leyes.
No es posible, que dos subprocuradores, la señora Berenice y el señor Camacho y en menor medida, la titular German Brito, estén dando muestras tan desconcertantes de querer mantener un feroz debate público contra todo aquel ciudadano o sector que entienda que se les contradiga o lo más lesivo, caer en el grave error de procedimiento, por el que, y si en el Poder Legislativo hubiese una genuina vocación democrática, sus cancelaciones inmediatas debería de ser el paso por dar.
¿Quién ha dicho que procuradora, subprocuradores o fiscales les asiste el derecho a entablar descontrolados como hirientes debates con los magistrados jueces o para mayor escarnio, entre los mismos fiscales y simplemente, porque desde la PGR no se acepta la libertad de crítica y menos la de disidencia y utilizando las herramientas legales a mano y como si las mismas fueran las propias de una cámara de tortura inquisidora e imponiendo prisión “cautelar” a imputados civiles y militares y las que han sido logradas en la generalidad de los casos, por el terror que le han impuestos a muchos jueces de débil comportamiento de carácter, que se dejan impresionar por los llamados juicios paralelos mediáticos y también todos esos ataques mediáticos abusivos afectando la moral e integridad de jueces y juezas?
Esta mañana y para no ir más lejos, se conoció la reacción de rechazo a semejante como descontrolado comportamiento y en este caso, de los magistrados Berenice y Camacho y proveniente de parte del director de la Oficina Nacional de Defensa Pública (ONDP) Rodolfo Valentín Santos, quien no solo entiende que los fiscales y procuradores no deben estar generando escándalos mediáticos y al estos no tener los elementos probatorios suficientes para robustecer sus pedidos de prisión o sus alegatos en sentido general.
Todavía y de acuerdo con nuestras fuentes, se aguardan más reacciones contrarias a la tiranía judicial que quisieran imponer fiscales y subprocuradores y en base a un terror mediático continuo y ante lo cual, es hora de advertir a los medios de comunicación, de que cesen en la mala práctica y la que incluso es sancionada por códigos y leyes.
Concomitantemente, debemos advertir, que por lo que sabemos, en el ánimo de muchos jueces está la idea y no tan descabellada, de hacer una huelga general y motivada por la actitud abusiva y desconsiderada de subprocuradores y fiscales y que de suceder, demostraría sin ningún tipo de equivocación, que si los jueces se van a una huelga general, sería el mayor testimonio de su desagrado y descontento por los abusos que el ministerio público perpetra en su contra desde la PGR y lo que por obligación, debería llamar la atención del primer magistrado de la nación.
Ante todo, lo anterior, ¿sería extraño que nos hiciéramos las siguientes preguntas?: ¿Garantizar la seguridad ciudadana?, correcto. ¿Imponer el terror policial? ¡No! ¿Tiranía judicial? ¡Nunca! Huelga general de jueces en camino. (DAG)
