¿El pretexto?, la aparente búsqueda de “opiniones consensuadas” y ya conocida como mecanismo de “socializar” un instrumento jurídico del que la autoridad electoral busca un mecanismo, por el cual, o pueda hacer lo que le parezca o por lo contrario crear una especie documento que oculte la complicidad de la Junta Central Electoral (JCE) con lo que quieran los jefes políticos y sus partidos.
Iniciado el proceso, ya se encuentran las opiniones del presidente de la Fuerza del Pueblo (FP) como del presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y en el que ambos coinciden en buscar alguna alternativa “legal” que haga factible que la partidocracia pueda burlar la sentencia del Constitucional, la TC-0788-24 y sirviéndoles de alcahuete el pleno de la JCE.
Al mismo tiempo y desde hace una semana, estamos viendo y comprobando, como los principales periódicos escritos de la prensa mercancía y destacándose el Diario Libre, han iniciado un proceso desinformativo, por medio del cual y como se vio en la edición de ayer, no se publica o identifica la sentencia aludida y tratándola rápidamente de controversial o conflictiva, de manera de ir preparando a la atrapada opinión pública, a aceptar que la sentencia debería de ser modificada y no obstante conocerse que la misma no es susceptible, en lo constitucional, de ningún tipo de cambio.
De igual manera, observamos como las redes sociales han sido invadidas por bots (cuentas falsas o fantasmas) con los que se trata de presentar un cuadro desproporcionado de los efectos “negativos” del nuevo instrumento jurídico y con el único propósito de que la mayor parte de la audiencia joven formada por milenials y uno que otro de la generación zeta y manipulados, hagan creer que la sentencia es un retroceso no conveniente, cuando de lo que se trata, es de y como ya lo hemos dicho y repetido, de todo un proceso correcto y legal del Tribunal Constitucional, que rescata y reivindica el derecho a la libertad de escogencia de los electores mediante la aplicación del voto de estos y como independiente al voto colectivo de los partidos políticos.
¿Qué es lo que se está peleando?, que la partidocracia no quiere perder el monopolio de escogencia que le ha permitido imponer desde hace 63 años continuos la tiranía de los partidos y sus jefes políticos y al impedir que los electores ejerzan su libertad de escogencia, tanto para decidir quienes deberían de ser candidatos o utilizando su derecho a llevar a los candidatos de sus preferencias sobre los de los partidos. Y que ahora tiene el nuevo matiz de que se está frente al más duro resurgir de lo que en la práctica debe entenderse que los partidos están contra las personas y en sus calidades de ciudadanos.
¿Por qué se está dando esta situación?, porque desde hace 63 años los partidos y sus jefes han controlado al completo las vidas de los dominicanos, manipulándolos en grado sumo en base a demagogia, compra y venta de conciencias, corrupción a gran escala y habiendo logrado tener un control tal del Estado, que a la fecha y con sus diversos gobiernos y esto para poner un ejemplo, la partidocracia ha podido saquear los recursos públicos por un monto superior a los 500 mil millones de dólares, secuestrar las instituciones del Estado y todo a favor de los tres expresidentes Hipólito Mejía, Leonel Fernández y Danilo Medina, responsables directos del saqueo continuo que la partidocracia ha perpetrado contra los dineros de los contribuyentes.
La mafia política a la que nos referimos ha sabido jugar manteniendo la ignorancia de los ciudadanos, durmiéndolos con millones de pesos en ayudas sociales y ciertamente que hasta prostituyendo a la ciudadanía en lo moral en materia de comportamiento y sanas costumbres y ni hablar del periodismo.
En este sentido la degradación moral que desde hace 63 años ha estado sucediendo, ha llegado ya al pináculo con el gobierno actual del presidente Luis Abinader y por eso los tres expresidentes y el mismo presidente en ejercicio, son los responsables directos de los robos en dineros y recursos y mostrando abusivamente sus niveles de riqueza personal y lo que en promedio arroja fortunas entre 500 y 4 mil millones de dólares, que son dineros depositados en cuentas bancarias en el extranjero, mientras en el territorio nacional tienen bienes inmuebles mega millonarios mediante testaferros o su nueva versión de agentes suplidores del Estado y sin dejar de recordar los negocios turbios de sus fundaciones.
¿Cómo la actividad política ha dejado de ser un servicio público a favor de la ciudadanía y al convertirse en una madriguera de malandrines que han podido salir indemnes, al prostituir y corromper las vidas de ciudadanos y familias?, en razón de que todos esos expresidentes y el actual y como grupo mafioso, se protegen los unos a otros y haciendo que la corrupción sea compartida, a la vez que imponen supuestos correctivos mediante la aplicación del terrorismo judicial que dimana desde la Procuraduría General de la República y todo el ministerio público en sentido general.
Ahora, el trio de los expresidentes y en alianza turbia con el presidente Abinader y al darse cuenta el último, que la sentencia TC-0788-24 también va contra sus intereses, le quieren dar una vuelta al completo a la misma. En este camino, se pretende, que el presidente del Tribunal Constitucional y al ser el abogado de años de la familia Abinader, tire para atrás la referida sentencia y que, de suceder, entonces los dominicanos y si no protestamos, experimentaremos un retroceso brutal en materia constitucional de derechos ciudadanos, que terminará concluyendo con la imposición “legal” de la arbitraria dictadura partidocrática que tontamente todos hemos refrendado.
Nos atrevemos a decir, que si esto último ocurriera, la ciudadanía deberá tirarse a las calles, perseguir al bandolerismo político y ajustar cuentas con los jefes políticos que tienen 63 años, dos veces los 30 años que Trujillo estuvo en el poder, haciendo de la República un estado fallido en el que solo las mafias políticas y con el auxilio de las empresariales y financieras y la sucia tolerancia de las instituciones religiosas y de todos los credos, han logrado que los dominicanos nos corrompamos hasta lo imposible .
El colmo ha sido que, en materia de cultos, en este país hay una invasión de organizaciones no gubernamentales disfrazadas de iglesias como la canadiense JWOrg. (testigos de Jehovah) que junto a otras estadounidenses son puntas de lanza que funcionan como espías de los servicios secretos de cada país, o una islamista haitiana que está a punto de terminar su gran mezquita en Verón, Punta Cana y construida gracias a que también el grupo Punta Cana, determinados hoteles españoles y la empresa eléctrica CPEM les hacen fuertes donativos.
Entendiendo entonces todo el escenario anterior y conociéndose que indirectamente ese es el otro objetivo oculto de los expresidentes y del mismo presidente Abinader y como refuerzo para perpetuar la dictadura partidocrática mediante la corrupción y el crimen y tanto, que en estos 63 años y por razones de represión política la partidocracia ha provocado no menos de 50 mil asesinatos.
Esta situación tan criminal y demoniaca, no debe ni puede continuar sosteniéndose, pues ante nuestros ojos, los expresidentes y el presidente en ejercicio nos están robando nuestro país. Véase, por ejemplo, las últimas embestidas desde el ministerio de Interior y Policía, en donde su incumbente y con menos de cuatro meses en el cargo, su policía ha asesinado a no menos mil 200 ciudadanos y con disfraz de “criminales” y que, por lo visto, es una ola criminal de sangre patrocinada desde el gobierno, que continuará y a juzgar por lo que la funcionaria Faride Raful a dicho de que aplicará el “peso de la ley”.
Viendo entonces el grave peligro que se cierne sobre esta nación y su existencia y sin que se tenga un verdadero estado de derecho y entendiendo que los miembros de la corrupta y corruptora prensa mercancía, favorecen que la dictadura partidocrática continúe por 30 años más, que llamemos la atención a la mayor cantidad de dominicanos y de todas las clase sociales, civiles o de uniforme, fuerzas vivas o sociedad civil, para que impidan la trama criminal que los jefes políticos arriba mencionados pretenden y para desconocer la sentencia del TC-0788-24 y a modo de que los ciudadanos continuemos siendo esclavos de la mafia política y empresarial criminal que nos ha secuestrado nuestra nación. Ojo pues. Con Dios. (DAG) 29.01.2025
Nota. Ver: https://tribunalsitestorage.blob.core.windows.net/media/58454/tc-0788-24-tc-01-2024-0025.pdf
