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¿Que se considera aplicar la ley con firmeza y como pidió el obispo de la provincia y diócesis de La Altagracia? ¿Crear una unidad de servicios especiales para que mate a choferes, motoristas y parqueadores y todos delincuentes y potenciales asesinos?

Realmente, no entendemos el discurso demagógico de determinados ciudadanos y tanto religiosos como ciudadanos comunes, quienes ante la impotencia que les da, que por su falta de cumplimiento de responsabilidad cívica ante su nación, de hipócritas claman por medidas punitivas fuertes contra la delincuencia y en momentos que la Policía Nacional tiene la penosas imagen de que ha sido convertida en un peligroso nicho de psicópatas y asesinos y con unidades de exterminio propias y conociéndose, que a cuyos miembros, no les tiembla el pulso para enviar a cualquier persona “a ver a Dios antes de tiempo”.

En este aspecto, creemos que absolutamente nadie en este país está calificado para demandar medidas arbitrarias y duras como las que se ha entendido que reclama el obispo Jesús Castro Marte y sabiendo el prelado, que un llamado como ese, la policía lo entiende como lo más parecido a un “permiso divino” para exterminar a cuanto antisocial exista.

Por supuesto, estamos muy de acuerdo, con que efectivamente hay que hacer algo para sacar de la sociedad y de la población, a las lacras inmorales que mantienen en desasosiego a millones de dominicanos y al extremo, de que poco falta para que la misma ciudadanía y aterrorizada por el desamparo y vacío de autoridad que le ha creado el gobierno, se lance por hacer justicia con sus propias manos y ante la terrible realidad, de que la delincuencia ha tomado el control de las calles.

Pero antes de que se ordene cualquier medida drástica en materia de afectación de las vidas de los delincuentes y la mayoría por estado de necesidad, vamos a repetir lo que desde el pasado domingo y al momento de conocer del asesinato de un conductor de camión recolector de basura y a la vez empleado municipal y por parte de una pandilla de motoconchistas que le perseguían y mataron y sin que la policía hiciera nada para impedirlo y peor, sin que nadie lo impidiera o por lo menos, cometido el trágico hecho, ir en auxilio del moribundo y al extremo, de que quien solo se le acercó, un transeúnte filmando con un celular, en ningún momento pensó en auxiliarle.

Cuando este tipo de orfandad social y por las razones que sean, se apodera de las personas, es evidente que se está ante una situación que grita del muy grave vacío de solidaridad moral, que por lo visto ya no existe entre los ciudadanos. Y si esta es la situación, por lógica hay que pensar, respecto  sobre que es que ha ocurrido, que la sociedad toda ha fallado y hasta para salvarse a sí misma.

Por eso no podemos dejar de decir, que todo este bandidaje se inició cuando en algún momento para las elecciones de diciembre de 1962, el PRD y la UCN, más el 1J4 de aquel tiempo, los tres partidos políticos principales, aunaron esfuerzos para crear su fuerza de choque de motoristas actuando como provocadores y sicarios contra adversarios y que ha sido el origen de la parte negra y criminal del bandolerismo político y desde su expresión más ruda, de esa plebe en los barrios periféricos de la capital nacional, a las que de pronto se les hizo ver que contaban con los políticos para que hicieran cuanta fechoría se les ordenara.

Así se llega, a que con el paso del tiempo y recodando los “paleros de balá” un sicario trujillista reconvertido en perseguidor de los opositores al régimen caído y mejor conocido como José Antonio Jiménez, que hizo de sus tropelías y estas, respaldadas por la policía, el origen del terrorismo político, que 65 años después tiene carta de presentación con los cientos de asesinos etiquetados como sicarios que ofrecen sus “servicios” a políticos, empresarios, prestamistas e industriales y ahora disfrazados de delincuentes jóvenes que ni siquiera nacieron en tiempos anteriores a mayo de 1961 y cada uno teniendo la fachada, de choferes del transporté público en autobuses y motores y también en parqueadores en las calles y todos, listos para agredir o matar a cualquiera que con su vehículo siquiera le rozara al suyo o que habiendo estacionado en una calle, “el parqueador” entiende que por supuestamente “cuidárselo” debía pagar una tarifa.

Ahora y cuando el desorden criminal ha hecho crisis, hay gente que tiene el tupé de reclamarle al gobierno que tome medidas “aplicando la ley con firmeza”, es decir y como se dice en las redes sociales, “dándoles para abajo”, matándolos, en vez de hacer lo correcto, de constituirse en grupos de presión que reclamen de senadores y diputados (quienes también los utilizan para sus actividades “proselitistas”) que impongan leyes radicales contra la criminalidad.

No lo hacen y como acaba de decir el obispo Castro Marte, prefieren que la autoridad sea drástica contra el bandolerismo social, pero no contra el político y sin importarles, que por el accionar policial de exterminio, mueran muchos choferes y motoristas, cuando lo correcto debería de ser y en el caso del obispo, que diera el ejemplo desde su diócesis y creando mecanismos de instrucción de moral y cívica que hagan rescatable a los que delinquen socialmente.

Consecuentemente, no podemos estar de acuerdo con semejante tipo de llamado tan perverso e hipócrita y en cambio, reclamemos de la sociedad civil, así  como de las fuerzas vivas y ni hablar de los medios de comunicación, un accionar de divulgación rápida para concientizar a la ciudadanía y como la única forma de ver si la situación de criminalidad continua pudiera revertirse y en nuestro caso, como último recurso, antes de abogar por un régimen de fuerza civil o militar, que al final, tal vez pudiera ser la única manera de devolverle sosiego a la sociedad como a la ciudadanía.

Naturalmente, como al actual gobierno del PRM a todo le saca provecho económico, quizás se le ocurra ofrecer “una ayuda social” para cada delincuente en motor, autobús o concho y dado que el presidente Abinader es titulado en economía y ha sabido ser “creativo” en este particular y lo que no impide que preguntemos: ¿Que se considera “aplicar la ley con firmeza” como pidió el obispo de provincia de La Altagracia? ¿Crear una unidad de servicios especiales para que mate a choferes, motoristas y parqueados y todos delincuentes y potenciales asesinos? Con Dios. (DAG) 22.04.2026

 

 

 

 

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