Que de buenas a primeras y previo conversaciones en Washington y atención a la queja dominicana de que la comunidad internacional no hace lo necesario para que los dominicanos respiremos un poco de la avalancha de indocumentados haitianos que a diario nos llegan por la frontera binacional, la última decisión brasileña de permitir el ingreso de haitianos por medio de un permiso (cautelar) y para fines de reunificación familiar, que ha dispuesto una sentencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) sin duda que ayuda en mucho para que la presión migratoria irregular haitiana disminuya en nuestra frontera.
Al mismo tiempo, hay que demandar del gobierno nacional, que restablezca el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) del gobierno anterior y que tanto coadyuvó a la regularización de cerca de 200 mil haitianos y condicionado a que el mismo solo es aceptable para los ilegales haitianos que estén en el territorio nacional.
En este aspecto, muchos entendemos que es una razón obligada de patria, que la situación de todos esos indocumentados debe ser corregida y quienes en cierta forma son la columna vertebral en la agricultura, la construcción, los servicios domésticos, el turismo y en las empresas y negocios de bienes y servicios. Y esto así, porque al dominicano no le gusta realizar ese tipo de trabajo y sí prefiere inmigrar legal o ilegalmente a EEUU.
La reactivación del PNRE y como está establecido, conlleva que esos inmigrantes y ya con residencia regularizada, no solo que tengan acceso a trabajo legal renumerado, sino a que no continúan siendo objeto de trabajo mal pagado y esclavo y eventualmente, cinco años luego, si quisieran nacionalizarse podrían hacerlo.
Otros países tienen igual perspectiva de visión pragmática y ahí los casos de los nuevos israelíes de origen palestino o los nuevos estadounidenses de orígenes latinos y en particular dominicanos y haitianos y para no hablar de los provenientes de países y territorios del antiguo imperio inglés, ahora como mancomunidad británica de naciones, que son una mayoría millonaria de ingleses de origen en aquellos países y como es el caso del actual primer ministro, quien es un inglés de origen hindú.
Por otra parte, tanto dominicanos como haitianos tenemos en común y entre otras muchas, la inmigración árabe y otomana y que en Haití sus miembros son quienes encabezan su oligarquía y aquí son parte del primer gobierno plutocrático que este país ha conocido y como es el caso del actual que preside el presidente Luis Abinader.
Y ni hablar, si recordamos las masivas inmigraciones españolas, judías, haitianas y japonesas del siglo pasado y cuyos miembros son y en la mayoría de los casos, estupendas muestras de ciudadanos trabajadores e íntegros y ya con hasta tres generaciones de descendientes.
Lo que significa, que los dominicanos no somos extraños a la mezcla con extranjeros que emigran a nuestra nación, cruce de sangre que también ha sido tan provechoso para nuestra idiosincrasia, cultura y mejoría de raza.
Desde luego, estamos conscientes de que entre nosotros existe un grupito de fanáticos solo opuestos a la inmigración haitiana y más por asunto de racismo y lo más curioso, que en ese grupo de retrógradas seudo nacionalistas, hay tantos dominicanos de origen árabe, turco y hasta haitiano y de estos últimos, muchos habiéndose criado en bateyes cañeros y como es el caso del presidente del Instituto Duartiano, el nicho más perturbador de equivocados seudo nacionalistas y profundamente anti haitianos que existe en este país y junto a la ultraderecha vinchista cuyo origen es árabe.
El presidente Abinader y por su propia condición de ser un dominicano de origen libanes de tercera generación, se supone que debe ser el primer mandatario más sensible a que se resuelva todo lo concerniente al inmigrante transeúnte e indocumentado y motorizando y desde el Congreso Nacional, que su partido, el PRM, controla, se emita una reforma constitucional por la que la sentencia del Tribunal Constitucional contra el inmigrante supuestamente “transeúnte” sea derogada.
Sentencia extremadamente curiosa, cuando se sabe que el actual presidente del Constitucional es un dominicano de origen cocolo (familia caribeña de origen de descendientes ingleses negros) y otros miembros de ese tribunal, dominicanos descendientes de otras nacionalidades y todos, de no más cuatro generaciones anteriores a ellos como nacionales de este país.
Mientras y para mayor contradicción, ahora se tiene la especie de “juía” de dominicanos pobres hacia EEUU y vía Guatemala, El Salvador y Colombia, un contrasentido, cuando aquí la economía requiere miles de empleos en el área de bienes y servicios y quienes sí deberían ser restringidos si demuestran que aquí no encuentran trabajos fijos y renumerados.
Recordemos, que el PNRE fue establecido por medio del Decreto 327-13 y con el antecedente de la publicación, el 19 de octubre 2011 del Reglamento de Aplicación, luego de 7 años, de la Ley General de Migración, al momento que el Tribunal Constitucional emitió la sentencia TC-0168-13 y pese a que el mandato estaba ya contenido en la Ley General de Migración 285-04.
En otras palabras, hay todo un ordenamiento legal y jurisprudencia, que deberían de ser más que suficientes para romper con toda oposición insensata a la regularización de todo extranjero en situación migratoria irregular y lo que aprovechamos para recordar que ya se está presentando cierto tipo de distención de parte de otros países en el trato al haitiano ilegal y lo que ayuda en mucho al pedido dominicano y expresado por Abinader en cuanto a que la comunidad internacional haga más y lo necesario para resolver la problemática.
De ahí que expresemos, que si los haitianos tienen puerta abierta a Brasil. ¿Respiro para República Dominicana? Hay que reactivar el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE). [DAG]
