Nosotros quisiéramos entender qué motivó al presidente Luis Abinader ha solicitarle al secretario estadounidense Marco Rubio, que su gobierno no le quitara los fondos a la USAID destinados a organizaciones no gubernamentales dominicanas y justo en momentos que se iniciaba el gran escándalo de 700 millones de dólares a entregar en este año y cuando el presidente Trump había ordenado el cierre provisional de la entidad y para fines de investigación presupuestaria.
Y planteamos nuestra curiosidad, al entender que toda la ola de criticas y condena moral que se ha desatado contra una serie de periodistas politiqueros de presunta izquierda, oportunistas en grado sumo y descubiertos ahora como agentes extranjeros encubiertos de la USAID y con el único propósito de desestabilizar este país -su país- y derrocar mediáticamente al gobierno constitucional anterior al actual y todos, también recibidores de generosos presupuestos oficiales de publicidad oficial y un amplio panal de prebendas y canonjías personales.
Ahora y por lo que se está viendo, toda esa gente y determinadas organizaciones y nos referimos a: Participación Ciudadana, Finjus, Pancho Álvarez, Juan Bolívar Díaz, Altagracia Salazar, Huchy Lora, Marino Zapete, Servio Tulio Castaños, Carlos Pimentel, Bartolomé Pujals, el director de Acento, Fausto Rosario Adames, etc. Son reos de acusaciones morales sin precedentes y de parte de un amplio sector de la opinión pública y sus fuerzas vivas, quienes, indignados, no aceptan que personas e instituciones, que por años se labraron un aparente prestigio de moralidad y decencia pública y siempre actuando como si fueran supuestos jueces de la moral pública desde el poder y la economía, han terminado por resultar un gran fiasco.
Y por esa circunstancia e independientemente de si fueron financiados o no por la USAID, es evidente que todos cargan ahora con la grave acusación pública de ser entidades y personas que, de acuerdo con sus oficios y profesiones, de hecho, actuaban como traidores a su propia nación y actuando como ya es de conocimiento público, motorizando una agenda 2030 cuyo punto principal era la haitianización de la vida dominicana y con el solo propósito de manipular a la atrapada opinión pública.
Este medio de comunicación y de información de masas, que fue el primero del país político que en uno de sus análisis tipificó la conjura denominada Marcha Verde, como el proceso que conllevó el derrocamiento del gobierno anterior del PLD y Danilo Medina Sánchez y por medio de lo que bautizamos como un golpe de estado mediático e independientemente de que quienes participaron en su primer acto multitudinario su única mira era denunciar la corrupción, ahora y necesariamente, tenemos que encarar al actual presidente Luis Abinader, un participante continuo y apoyador de ese movimiento social devenido en golpista a partir de su segunda marcha y quien al llegar al poder en el 2020, de inmediato ofreció cargos a quienes se decían dirigentes nacionales del movimiento e incluyendo periodistas militantes de la causa golpista.
La pregunta es oportuna, porque en el correr de los días nos hemos dado cuenta, que mucha gente olvida lo que dijo Abinader en su rueda de prensa, anterior a la visita del ministro estadounidense, de que haría lo posible para que el presupuesto de USAID aplicado a instituciones de este país no fuera desmantelado.
¿Por qué el primer mandatario se tomó esa iniciativa, en momentos que lo político era que guardara silencio prudente, por lo menos hasta que desde Washington llegaran informaciones más amplias y para no hablar, de que ahora deberá no referirse al tema, hasta que fuentes estadounidenses revelen las partidas que componen ese presupuesto de 700 millones de dólares y sus destinatarios dominicanos?
Mañana, por ejemplo, el presidente de EEUU anunció que revelará los nombres de los periodistas y medios que recibían recursos del ahora investigado USAID y lo que de seguro provocará un efecto multiplicador en otros países y que se agravará tan pronto WikiLeaks, publique el listado mundial que confirmará el tremendo robo que el presidente Trump dijo que había sido perpetrado contra el contribuyente de su país.
Por otro lado, en términos políticos, el gobierno del PRM ha quedado ante la atrapada opinión pública, involucrado en las interioridades de la USAID, en tanto los periodistas que nunca escondieron que eran activistas de la Marcha Verde y ahora ante la picota pública, le es imposible desprenderse de la terrible acusación, de que son dominicanos que traicionaron a su país sirviéndole clandestinamente a una entidad del gobierno estadounidense de Biden y nada menos que para socavar la independencia y soberanía nacionales y como participantes activos del millón de haitianos ilegales que desde el inicio del gobierno de Abinader, este ha permitido su ingreso y para cumplir su parte de la agenda 2030.
Nunca el periodismo criollo había experimentado escándalo semejante y del que lo menos que se espera, es que todos esos periodistas, comunicadores y comentaristas involucrados en semejante acto continuo de deslealtad hacia su patria, sean erradicados del periodismo nacional y por tan repugnante actuación y con todo que uno que otro de los barones mediáticos dueños de la concentración de medios en pocas manos, se conoce que les deban favores por asuntos de tráfico de influencias oficiales a su favor y quienes también deben ser expulsados de todas las instituciones, asociaciones, sindicatos y colegio de periodistas y como el castigo que se merecen al ensuciar la profesión y haber conspirado contra la República.
Una nota oportuna, los conspiradores mediáticos contra la República, deberían saber, que a la primera demanda sin fundamento que se atrevan a realizar, se les replicará con otras, pero abarcando, no solo a ellos, sino a sus jefes los barones mediáticos, a quienes siempre les sirvieron de mediadores con el poder para fines de que esos periodistas les fungieran de sus traficantes privados de influencias.
Finalmente, ¿Por qué el gobierno no está prestando atención al desbarajuste que se denuncia existe en la Armada y al parecer, donde la corrupción es tal, que ya la misma Armada ha perdido la mayoría de sus navíos de guerra y sorprendentemente, su comandante (seguidor del expresidente Hipólito Mejía) hizo saber y lo que ha trascendido mediáticamente, que devolvió al gobierno central 100 millones de pesos porque supuestamente no los necesitaba y corriendo la versión del tráfico de influencias para fines de ascenso y la persecución para miembros de la Armada que no se hayan dejado corromper?
De una u otra forma, es evidente que el Poder Ejecutivo debe encarar estos asuntos y de ahí que especifiquemos, que hay situaciones como que no se entienden. ¿Por qué el presidente Abinader dijo que le pediría al secretario Rubio que su gobierno dejara los fondos de la USAID para este país? y lo otro, ¿qué está ocurriendo en la Armada? Con Dios. (DAG) 13.02.2025