De buenas a primeras y tal como decíamos en meses atrás, cuando nos enteramos de la intentona de repartidera de fondos públicos en la Junta Central Electoral (JCE) y porque se daría una especie de reingeniería financiera para que todos los partidos minoritarios de alquiler pasaran al mismo nivel de los tres o cinco llamados partidos mayoritarios y sin importar si unos obtuvieron los votos necesarios y la mayoría no.
Expresamos o mejo aun, denunciamos, que desde el tribunal de primera instancia electoral se pretendía una atrevida como absurda medida administrativa para satisfacer las apetencias de fondos públicos de los partidos minoritarios y con miras de garantizarse su propia subsistencia y que, si esto llegaba a suceder, sería el mayor fraude o estafa o ambas a la vez, que la JCE ocasionaría al sistema nacional de partidos y en lo general al derecho a la libertad de escogencia del electorado.
De esta forma y por lo que recién los miembros del pleno de la JCE decidieron unilateralmente y por lo visto, sin importarles transgredir la ley electoral y hasta la misma Constitución de la República, se arriesgaron a inventarse un llamado “principio de favorabilidad” por medio del cual, todos los partidos tendrían derecho a fondos públicos mensuales y afectando sensiblemente la práctica universal, de que el principio de sumatoria de votos es el que determina quien gana o pierde unas elecciones y por lo tanto quien o quienes y de acuerdo a los votos obtenidos tendrán acceso a los subsidios públicos.
Y ahora que ya se conoce, que en el proyecto de presupuesto para el año que viene, el Poder Ejecutivo asignó como presupuesto operativo para la JCE la suma de 5 mil 511 millones 291 mil 957 pesos, una suma -de acuerdo con sus críticos- “que supera por RD$2,260 millones la partida del año anterior, pero que dista del 1.5% que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral, cantidad que equivaldría a 18,219 millones de pesos”. Se descubre, que con todo y lo inferior al monto legal a recibir, la JCE mantiene incólume los porcentajes a recibir para cada partido y ahora peor, pues los mayoritarios no son estrictamente tales, en tanto los minoritarios se le coloca al nivel de los primeros y básicamente, para que dispongan de una parte presupuestal que, si es por los votos recibidos, no tendrían derecho a la misma.
Simplemente, el pleno de la JCE y por lo que se deduce, parecería que en su apetencia de un mayor presupuesto a tono con lo que su ley dispone, ha preferido no entrar en polémicas con el gobierno y por vía de la reingeniería financiera de que hablamos, no solo deja a los dos o tres que son partidos mayoritarios por los votos obtenidos sino que agrega dos o tres más con igual condición y en base a que uno de estos, la Fuerza del Pueblo y por vía del transfuguismo arrastró una cantidad importante de senadores y diputados de otro partido, el PLD en este caso y por este factor, presionó para que se le entendiera dizque “mayoritario.
Pero como al mismo tiempo la minoría de 24 partidos de alquiler que les sirven de muletas a los mayoritarios en sus fanfarrias de alianzas seudo electorales, ninguno logró un nivel de votos mayoritarios para llegar a los porcentajes que la misma ley asigna para fines de subsidios, entonces aplicó el llamado principio de favorabilidad (un invento de los minoritarios) y para que estos queden a buen nivel en aprovisionamiento de fondos públicos y que si fuera por la ley orgánica electoral nunca podrían recibirlos.
Entonces, se tiene, que por esta vía ilegítima, los partidos minoritarios de alquiler que no lograron la confianza ciudadana en las urnas, la JCE dispone lo contrario y en función de semejante desorden de reingeniería financiera, ahora resulta que los miembros de la partidocracia e incluyendo el partido de gobierno, se burlan del electorado y haciendo ver y entender, que para el pleno del tribunal electoral de primera instancia, los ciudadanos en capacidad electoral no somos tomados en cuenta, premia a los minoritarios con esos subsidios ilegítimos, al tiempo de ganarse la no oposición del partido de gobierno y de la administración Abinader para arañar unos millones de pesos más para su propio presupuesto anual.
Desconocemos, si es que nosotros somos unos impertinentes y majaderos que todo lo interpretamos mal o si por lo contrario, la corrupción política ha llegado a unos niveles de “favorabilidad” para los delincuentes de cuello blanco establecidos dentro de todas las instituciones públicas, que nadie quiere interpretar como se debe, esta terrible situación, de una institución electoral y junto a Gobierno y Oposición, conspirando contra la viabilidad de las leyes, resoluciones y hasta la Carta Magna en lo referente a todo lo electoral y desconociendo el principio cardinal de la sumatoria de votos, que es el factor que determina quien o quienes ganan unas elecciones.
Y lo más significativo, que las instituciones que tienen que ver con la modificación o ratificación de las partidas presupuestarias, el Congreso Nacional, estos son, sus senadores y diputados y todos, miembros de los partidos pertenecientes a la partidocracia, habría que preguntarse si alguna vez tendrán el coraje de hacer las cosas bien y de acuerdo con las normas más elementales de un Estado de Derecho.
Por eso y cuando también se observa, de como esos legisladores de moral política y personal sucia, violan ellos mismos la ley que tiene que ver con las exoneraciones para la adquisición de vehículos que luego serán de cada uno, definitivamente habría que entender, que el país político es victima de sus propias debilidades y de la cobardía de una nación, en la que sus ciudadanos no son tales y sí súbditos incapaces de comportarse decente y legalmente y sin exigirles a sus inescrupulosos legisladores que no aprovechen sus posiciones para saquear a la República.
Definitivamente e institucionalmente y da coraje admitirlo, esta nación, que está secuestrada por su clase gobernante, va mal y por lo visto, sin posibilidad alguna de emprender un derrotero legal y constitucional y al grado, de que la JCE y apoyada por el Poder Legislativo y en silencio por el Poder Ejecutivo, en tanto el Poder Judicial avala y justifica todas las inconductas habidas y por haber por parte de todos estos actores públicos, que haya que decir, que como nación, se vive dando a veces, dos pasos adelante y siempre teniendo presente revertirlos con cuatro y muchos pasos más para atrás.
No vamos a decir más y haciendo saber nuestro criterio y para que luego no se diga, que ante tanto despropósito no hubo siquiera una voz que proteste y llame la atención por tanta canallada de parte de quienes se supone son las autoridades, que, desde los tres poderes interdependientes del Estado, dirigen República Dominicana.
Y por ello planteamos como interrogante: JCE: ¿aumento presupuestal como pago a inclusión de toda la partidocracia dentro de la rifa de porcentajes que les permite subsistir y ser dizque partidos políticos legales, supuestamente legítimos y aparentemente viables? ¡Cuánto descaro! (DAG).
