Es realmente lamentable como desconcertante, que una obra de infraestructura del gobierno anterior, que costó 600 millones de pesos de los contribuyentes y realizada con miras del reordenamiento del transporte de autobuses desde la parte este del Gran Santo Domingo, el gobierno de Abinader hubiese cedido a la abusiva pretensión del alcalde del municipio de Santo Domingo Este, para que en su lugar se utilice como extensión para el centro tecnológico ITLA y simplemente, porque el alcalde Manuel Jiménez se opuso a rajatablas de que aquella obra tan importante para resolver la viabilidad y funcionabilidad del transporte público se materializara. El precedente creado ha sido funesto y por obligación hay que rechazarlo, aunque entendiendo que los del nuevo gobierno, evidentemente que el concepto de razón de Estado no lo toman en cuenta. (DAG)
Jiménez se sale con la suya y terminal de autobuses se va a la porra
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