No recordamos, que desde la procuraduría general de la República (PGR) y en algún tiempo pasado, se haya sugerido a una ciudadana que presente una querella, en este caso, contra el Estado y bajo el dudoso argumento, de que, a la ciudadana que desde el exterior una entidad dice que se le intervino su teléfono y lo que aquí no se ha comprobado, debe tener una reparación moral del actual gobierno nacional.
Si la denuncia o querella es presentada en términos legales, sería la primera vez en toda la historia del Estado Dominicano, que un ciudadano, entendiéndose perjudicado por rumores de terceros, pretenda llevarlo ante los tribunales y que, si sucediera, se estaría planteando un arriesgado precedente, que en los hechos solo hablaría de desestabilización absoluta de la institucionalidad y por lo tanto, sería un accionar de atentado directo contra la seguridad nacional.
Lo primero es, que la PGR, que es una rama subalterna del Poder Ejecutivo, bajo ningún concepto puede tomarse la licencia de interpretar la ley de manera subjetiva y querer involucrar directamente al Poder Ejecutivo y olvidando, que este y entre sus muchas funciones, es jefe del ministerio público, cabeza de la administración pública y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y ni hablar de director superior de todo el sistema de inteligencia y contraespionaje del Estado.
Pero también, debe recordarse, que el presidente de la República y mientras ejerza el cargo, no puede ser demandado o denunciado en ninguno de los niveles del Poder Judicial y por una razón muy sencilla y determinante: Si sucediera, automáticamente el Estado quedaría tachado de ilegitimo e ilegal si el caso concluyera con una condena.
Lamentablemente en la PGR no tuvieron en cuenta esta situación de salvaguarda legal a favor del incumbente del Poder Ejecutivo y por eso, que ahora, los analfabetos funcionales en el periodismo como en las redes sociales, han desbarrado a más no poder y algunos, atrevidamente y demandando castigo para quienes en el escenario de operaciones y si se comprueba que lo informado desde el exterior pudiera tener visus de credibilidad. Cuando lo correcto debió de haber sido, el guardar el determinado cuido y mesura, frente a una situación que lo único que busca es la vulneración del estado de derecho y mucho más por parte de la organización internacional cuya directiva se ha desgarrado sus vestiduras.
Lo segundo que debe tenerse en cuenta, es que de cara al Estado Dominicano y como sucede en cualquier otro Estado, la investigación especializada de inteligencia y todos los mecanismos de uso necesario para que las autoridades conozcan los movimientos de determinados ciudadanos que pudieran ser sospechosos de ser posibles individuos cuyas actuaciones conspiren contra la seguridad nacional, legalmente le está permitido y para lo cual existen los instrumentos legales que le garantizan su ejercicio de trabajo de investigación.
Y si esto es así, mal hace la PGR en plantear un accionar tan atrevido como el que le propone a la ciudadana que, como periodista, se la entiende “victima” de una intervención telefónica dentro de las características propias de la salvaguarda de la seguridad nacional.
Además, en este país y en los últimos 62 años, no existe periodista, comentarista o analista político y tampoco director o jefe de redacción de medios, que en algún momento y por razón de determinadas circunstancias, que el aparato de seguridad del Estado no le interesara en indagar sobre sus propias actividades profesionales y por la simple razón, de que medios y periodistas solemos manejar informaciones sensitivas, que si son divulgadas con ese tinte de amarillismo, de cómo justamente, la mencionada como “victima” de fisgoneo telefónico, siempre suele realizar, generaría una seria interpretación subjetiva a nivel de clase media.
De ahí, que el sentido común obligue a entender, que, en materia de seguridad del Estado, todas las licencias legales les son permitidas a las autoridades especializadas en inteligencia y del gobierno nacional que esté en ejercicio. Lo que significa, que, aparte de necedad, el reclamo o sugerencia que se hace es tendenciosamente subversivo.
¿Por qué?, porque se está en tiempos pre electorales y en los que el presidente Luis Abinader, se le entiende, que de aquí a las elecciones del año que viene, encabeza todas las encuestas a favor de su reelección constitucional y ante lo cual, no se puede dudar que adversarios internos del primer mandatario así como políticos y que es el caso, quisieran pasarse de listos y con el propósito de que el presente escándalo mediático incentivado por parte de la oposición política y el mismo ministerio público central, que solo sabe cuidarse en su imagen propia y fuerzas ocultas desde el exterior, en el fondo, lo que se quiera es que Abinader no logre el triunfo electoral que desde ahora se le supone que obtendrá.
Pero, por el otro lado, ya quisiéramos saber, como es que la periodista “víctima de espionaje telefónico”, pretendería encauzar la querella que se le sugiere, siendo ella y su dudoso programa investigativo en la tele, una privilegiada que cuenta con contratos publicitarios oficiales millonarios y obtenidos desde que ella se puso al servicio en mayo de 2020 de la campaña alarmista dirigida a sacar del poder por vía electoral al gobierno anterior y en lo que hubo todo tipo de noticias falsas y desinformación a gran escala.
Mientras tanto y por lo que se conoce, aparentemente, la investigación extranjera, encontró indicios de que el teléfono de cien mil pesos de la periodista aludida, “se había infectado con Pegasus por primera vez sobre el 20 de julio de 2020. También se descubrieron indicios similares en torno al 8 de septiembre de 2021 y el 1 de octubre de 2021”. Información que, si no es contrastada, nunca será posible conocer si efectivamente ocurrió y como el Estado Dominicano se reserva su derecho legal a no responder sobre este tipo de situación de seguridad, hay que entender que las instituciones no darán respuesta y en lo que están en todo su derecho.
Entre tanto, el Country Club de los organismos corporativos privados de prensa y como quien escribe llamó por primera vez a la misma directiva de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) en la reunión de medio año de octubre 16 de 1999 en Montego Bay y siendo miembro de su matrícula, la SIP dijo y reclamó en documento público e instigada por el representante dominicano para el país y la región y dando como un hecho, que fue cierto lo que se discute, solicitara "deslindar responsabilidades y que se castigue estas acciones para desalentar el uso de mecanismos ilegales de vigilancia digital".
A todo esto, también hay que entender y por lo que la principal funcionaria de la PGR le contestó a la institución extranjera de asuntos de amnistía y que, en el fondo, esa autoridad y de manera muy sutil trata de eludir el señalamiento y con el argumento, de que, al ser una infracción de acción pública a instancia privada, nada puede hacer si la “perjudicada” no presenta una denuncia o querella, “a fin de que el Ministerio Público inicie las investigaciones”.
En consecuencia, concluimos diciendo, que la fragilidad institucional del Estado ha llegado a unos niveles, que desde la PGR le plantean a una supuesta reportera cuyo teléfono supuestamente fuera intervenido, a que materialice una querella y la pregunta es una: ¿contra el Estado? (DAG) 06.05.2023
