En los hogares dominicanos vuelve a hablarse de una preocupación que hace décadas no se escuchaba: la inflación. Los dominicanos nos habíamos acostumbrado a la estabilidad en los precios y a la efectividad de las políticas económicas y sociales que hacían realidad la certeza en los precios de los artículos necesarios para la vida en sociedad.
Cierto es que el tema es internacional. Estados Unidos tuvo una inflación de 7% en el 2021, el nivel más alto en 39 años. Mientras que la inflación en la zona euro se disparó a un 5%, el máximo desde 1997. En ambos casos, el aumento de los combustibles ha sido responsable de la mayor parte del problema, por el alto costo de los hidrocarburos y su impacto en los precios de la electricidad. En ambos casos, al igual que en la República Dominicana, la alta inflación ha estado acompañada de crecimiento económico, pero, sobre todo, y es lo más importante, de un retorno paulatino a los niveles de empleo previo a la pandemia, que ha llevado a economistas de la talla de Paul Krugman a preguntarse si “habría sido mejor tener una recuperación más lenta del empleo a cambio de menos inflación”.
El gran problema estriba en que estamos viviendo los efectos de una pandemia sin precedentes que, de la misma manera, ha afectado a la economía de forma inusitada, lo cual ocupa el tiempo de los académicos e investigadores diseñando posibles escenarios acerca de la mejor manera de evitar lo que al parecer serán meses difíciles para la economía internacional y local.
Gran parte de la fortaleza de la economía dominicana en sus 25 años de crecimiento constante ha sido su capacidad de resiliencia, fruto de una economía diversificada y de un sector privado capaz de invertir, producir y consumir, pero para que esa capacidad de resiliencia se refleje en los sectores que hoy enfrentan las incertidumbres de la economía, especialmente la clase media trabajadora y los menos pudientes, se requieren de un conjunto de políticas públicas capaces de aliviar las dificultades que trajo consigo la pandemia.
Las políticas económicas deben nutrirse de la realidad social. Una parte importante de los ingresos de los quintiles más bajos proviene de los programas de protección social y los de alimentación escolar, los que hoy en día han perdido completamente su norte y los objetivos para los que fueron concebidos. Para la clase media, el peso del precio de los combustibles, los alquileres y los altos precios en mercados y supermercados, son una amenaza real a la movilidad social lograda en la última década. Para el gobierno debería ser una prioridad la protección de la clase media, porque son la piedra fundamental del país al que aspiramos, un país donde la mayoría sea clase media.
La inflación pesa sobre los hombros de la clase media y la clase baja, como un verdugo esperando a su presa. El gobierno tiene que actuar rápido, porque de lo contrario, el daño nos costará mucho tiempo y muchos recursos. Recordemos que el compromiso con la estabilidad macroeconómica requiere de una baja inflación, protección de las MIPYMES y reducción de la pobreza. Por: Margarita Cedeño [Listín Diario]
