La dictadura y oligarquía partidocrática tiene ingresos de más mil quinientos millones de pesos como montos presupuestarios autorizados por la JCE y lo que como ya se conoce, legal e institucionalmente no disponen de controles de ninguna naturaleza y porque simplemente no hay ley que realmente los regule, sobre todo los de candidatos al Congreso Nacional.
Baste decir que los candidatos a senadores en el Distrito Nacional y las provincias de Santo Domingo y Santiago y para solo citar estas tres, pueden obtener casi 84 millones de pesos cada uno como ingresos vía el Estado o donantes privados y lo que hasta ahora ha permitido que puedan evadir explicaciones y que les facilita, que no menos de una cuarta parte de cada monto individual se entienda que presumiblemente vayan a sus cuentas bancarias y constituyéndose en una inmoral práctica de lavado de activos que esconde dineros obtenidos fraudulentamente.
Por eso resulta abusivo, que, ante nuestras propias narices, los candidatos legislativos se enriquezcan inapropiadamente y nadie les llame a capitulo o se les exija explicaciones, en tanto se llenan sus bocas hablando de honestidad, decencia y moralidad. ¿acaso no es un contrasentido? (DAG-OJO)
