A diferencias de lo que otros sectores y ciudadanos entienden, en principio, consideramos que la resolución 13-2023 de la Junta Central Electoral y mediante la cual, el pleno decidió la reserva del 20% de las candidaturas para los 4 niveles de elección y no sobre la totalidad o universo de las candidaturas, no solo que es correcta, sino que se corresponde correctamente al artículo 58 de la Ley No.33-18 de Partidos y Movimientos Políticos y lo que por lo visto ha dejado a las formaciones políticas a punto de quedar al desnudo y al entenderse, que todas o la gran mayoría, no reúnen ni siquiera las mínimas condiciones para entenderlas orgánicas, es decir con miembros registrados suficientes y ciertos.
Al mismo tiempo y sacando de abajo, otras voces plantean el supuesto, de que el tribunal electoral de primera instancia ha extralimitado en su función porque, en apariencias, “le ha dado una interpretación a la ley que no es conforme a lo que dice la Ley 3318“, interpretación en la que los partidos también están equivocados, pues de lo que se trata es de preservar el derecho de la militancia a ejercer su voto por encima de lo que quisieran sus dirigentes
En realidad, se confirma con actitud tan cerrada que las 23 organizaciones políticas reconocidas y las otras cincuenta que buscan igual objetivo y las casi 100 nuevas que quieren registro, sus cabezas hasta ahora habían logrado maniatar el derecho de administración de la JCE y al convertirla en una especie de añadido que es tutelado por la partidocracia, es decir, por la dictadura partidaria interna que mantiene bajo secuestro y desde hace más de veinte años, la libertad de escogencia de los electores.
Consecuentemente, consideramos que la oposición abierta y tan “desenfada” que los partidos están haciendo a la resolución citada, es porque saben, que al ser la mayoría partidos carpeta, es decir, solo para alianzas con otros y para que le retribuyan con parte del presupuesto que la JCE les facilita y para que “fortalezcan las instituciones democráticas” y no porque realmente vayan a medirse en torneos eleccionarios, sino que en realidad funcionan como cuentas de ahorro de los dueños de esos partidos.
Es por lo que ponen el grito en el cielo y al ver, que con todo y la limitación de solo quedarse con el 20 por ciento de las candidaturas, unas 550 a los tres niveles eleccionarios, no solo que no podrán competir alguna vez en unos comicios libres, sino que se les aleja el atractivo para individuos de dinero provenientes del lavado de activos y el narcotráfico y para no hablar del alto comercio y el empresariado, que quisieran comprarse un cargo de elección y como han hecho los dueños de bancas de apuestas, quienes ahora dominan los plenos de las cámaras legislativas como los consejos de regidores en las alcaldías.
Y es considerando todo lo anterior, que decimos, que la resolución 13-2023 se convierte en una de auto eliminación de formaciones políticas que nunca han sido tales pero que les han permitido a sus dueños vivir con cierta holgura del presupuesto nacional y lo que es absolutamente inaceptable y cuyo antecedente mayor se tiene en la decisión TSE-027-2019, del 5 de julio de 2019.
Desde luego, no cabe dudas de que con la resolución, 13-2023, ciertamente que es el partido de gobierno el mejor posicionado y que es la razón por la cual, el líder moral del Partido Revolucionario Moderno (PRM) el ex presidente Hipólito Mejía y en su papel de “alborotador público autorizado”, dijo ayer, que si los partidos opositores se empeñan en hacer diabluras que torpedeen la referida resolución, entonces al gobierno de su partido no le quedaría otra, de que si se tiran a las calles, tirarle una que otra bomba para dispersarlos.
Claro está, lo dicho por el expresidente no deja de ser una especie de abominación, toda vez que la libertad de disidencia y de protesta, es una prerrogativa constitucional, que hasta ahora ningún gobierno se ha atrevido a violentar. Pero se está en un preproceso electoral y en el que los nervios están a flor de piel y en consecuencia hay que entender lo dicho por el expresidente Mejía, quien como leal a su partido y gobierno, es un político que nunca ha rechazado pleito y cuando entiende que se le quieren violentar sus derechos a él o a su comunidad política.
Ahora bien, desde el punto de vista de los electores, los ciudadanos tenemos que darnos cuenta, de que políticamente, esta nación está sujeta a una especie de dictadura multipartidaria, que desde el 2000, prácticamente manipula los resultados electorales y al extremo, de que los electores, nunca han tenido el ejercicio de un verdadero derecho de escoger libremente a sus candidatos y en lo que tiene una gran culpa, la mayoría de los medios de comunicación y de información de masas, sus periodistas y comentaristas y quienes junto al grueso de las redes sociales, permanentemente luchan por distorsionar y lo que se comprueba en los niveles de elección a cargos legislativos y municipales preferentemente, los resultados electorales mediante la manipulación más artera de los sentimientos y aspiraciones de los ciudadanos aptos para votar.
Entonces, lo otro que realmente está sucediendo, es que los miembros de la partidocracia se están dando cuenta de que la JCE parecería que está decidida a frenarlos en seco, quitarles prerrogativas arbitrarias e imponer el sentido común, toda vez que es imposible, que una nación con 7.5 millones de electores, pueda llegar a las elecciones de febrero-mayo de 2024 con nada menos 100 partidos y con derecho a designar cada uno 2,479 puestos electivos por organización.
Mientras tanto y ya que se ha presentado un debate, que entendemos deberá ser lo suficientemente esclarecedor de cara a los intereses permanentes de la República. También la JCE debe estudiar, pero con decisión y firme, argumentos contrarios respecto a la resolución mencionada y porque también hay que atender y observar las opiniones contrarias y hasta donde son ciertos sus planteamientos y que ya se hizo, si recordamos que antes de emitir la resolución, la JCE les solicitó opinión y la que todos dieron.
Por ejemplo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y mediante su vocero electoral, ha dicho que “la Junta Central Electoral (JCE) convirtió en resolución 13-2023 la propuesta del partido de gobierno, ignorando lo propuesto por casi la totalidad de los partidos y también lo establecido expresamente en la ley 33-18 y la ley 20-23, conduciendo esto a la ruptura de la confianza entre JCE y partidos” y que desde luego es un escenario no deseable porque sería perjudicial para todos estos actores.
Sin embargo, no se debe olvidar aquellas elecciones para la década de los años setenta del pasado siglo, que habiéndose retirado los partidos opositores del llamado Acuerdo de Santiago, ello no impidió que un partido minoritario de un almirante en retiro, lo registrara y acudiera a la cita eleccionaria y con lo cual, automáticamente el proceso electivo era legal y legítimo para el partido de gobierno y su candidato.
En consecuencia, los partidos opositores, sus dirigentes deben saber muy bien que decisión es la que tomarían, pues si producto de sus desavenencias pudieran pretender no ir a los comicios, entonces e inevitablemente, se repetiría el mismo escenario de los años setenta. Solo esto es lo que queremos advertir.
Los partidos tienen que entender, que el tribunal electoral de primera instancia les agarró un punto débil y por eso ahora queda el hecho cumplido, de que la JCE y su resolución 13-2023, de hecho, es una auto eliminatoria de partidos políticos nada orgánicos. (DAG) 11.05.2023
