A toda persona gestora de funciones estatales, desde la antigüedad grecorromana, se le ha venido exigiendo la ineludible rendición de cuentas ante la ciudadanía depositaria de la soberanía popular, pero en la sociedad hodierna semejante tradición de vieja data queda erigida como práctica digna de emulación y caracterialmente en cualquier régimen que se precie de ser democrático, máxime cuando se trata de los integrantes supremos del gobierno de los jueces, dado a la transparencia con que debe brindarse el servicio público de la administración de justicia.
En nuestro lar nativo, el siete (7) de enero de cada año queda reservado en el santoral católico como el Día del Poder Judicial, en honor a Raimundo de Peñafort, ocasión cuando el supremo representante de esta función estatal pronuncia el discurso oficial para rendir cuentas ante la comunidad jurídica y frente al país, donde deja constancia sobre la realidad actual y la prospectiva del servicio público que se contrae a dar cada uno lo que en derecho es suyo.
Y así volvió a ser otra vez, cuando el excelso incumbente del Poder Judicial, magistrado Luis Henry Molina Peña, sigue haciendo gala de una nueva retórica, a través de cuyo contenido, más que persuadir con palabras grandilocuentes, procura convencer a su auditorio sobre el rumbo real y promisorio por el que transita la administración del servicio público de la justicia, tras presentar cifras estadísticas, datos e informaciones verificables mediante indagatoria objetiva de cualquier parte interesada.
En puridad, la nueva retórica de la justicia suele quedar revestida de brevedad, concisión, precisión y sobre todo dotada de finalidad planificada, lo cual resulta muy plausible, por cuanto en la posmodernidad, pese a la hiperinformación existente, todo expositor u orador debe dejar atrás los luengos discursos, cuyo contenido dista mucho de ser inteligible. Y esto a su vez debe replicarse en el mensaje que dictan los jueces, a través de sus sentencias y resoluciones judiciales, las cuales si son sobreabundantes y pleonásticas se vuelven incomprensibles para los destinatarios de tales actos.
A través del discurso del supremo exponente de dicha función tecnificada del Estado, pudo percibirse una justicia programada hacia objetivos exequibles, vistos desde la perspectiva del plan maestro denominado Visión justicia 20/24, cuyos ejes principales han ido adquiriendo realidad palpable, ahora mediante la Ley núm. 339-22, de fecha 29 de julio de 2022, sobre uso de medios digitales, instrumento jurídico que está aplicándose en áreas administrativas y jurisdiccionales, a fin de eficientizar el consabido servicio público.
De igual manera, el proyecto legislativo sobre procedimientos de casación, de cuyo contenido hubo referencia en el discurso conmemorativo de la efeméride del Poder Judicial, justo ayer fue hecho ley en la Cámara de Diputados, en tanto que una vez promulgada en sede de la rama ejecutiva, la temeridad abogacil, puesta de manifiesto mediante el ejercicio torticero de esta vía jurídica, vendrá a ser controlada y así la obliteración dable en torno a la ejecución de cualquier sentencia quedará revertida.
De la línea discursiva propia de la nueva retórica, quedó puesta en la palestra que, a través del plan contra el retardo del servicio público de la justicia, la mora judicial vendrá a ser cosa añeja, pues la jurisdicción en su cúspide ha logrado resolver más de dieciocho mil expedientes que habían sido dejados en archivos muertos de la Suprema Corte de Justicia, algunos de ellos con cuatro decenios de olvido.
Al reducirse la mora judicial a su mínima expresión, cabe decirse que la justicia ha sido puesta al día en el fuero supremo, lo cual puede replicarse en todas las jurisdicciones del país, tras imitarse semejante ejemplo, pero además mediante la ley sobre uso de medios tecnológicos el sistema judicial puede obtener transparencia, eficiencia y accesibilidad. Así, semejante servicio público queda casi desburocratizado.
Frente a tales hechos, cualquier espectador neutral o sesgado puede columbrar que la justicia planificada propende hacia el logro de metas programadas, tras dejar revertidas actitudes confortables en todo cuanto tiene que ver con la gestión del capital crematístico, humano y material, en tanto que de aprobarse en el bicameralismo congresual los restantes proyectos legislativos, sometidos en interés del Poder Judicial, entonces cabría seguir augurando un futuro promisorio para el espectro de la judicatura vernácula, cuya función suele girar en torno a la gente. Por: Rafael Alburquerque [El Caribe]
