Puede que para muchos políticos criollos hijos del partido más dañino que ha tenido este país, el PRD de Peña Gómez y ahora reciclado como PRM, que en un extraño incendio ocurrido en el principal recinto carcelario nacional, La cárcel de la Victoria, que es una madriguera de ilícitos a todo dar y en donde coinciden y coluden todo cuanto se pudiera especificar de bandolerismo militar, policial y civil, semejante tragedia humana carezca de la menos importancia, pero para ninguna persona que se respete este hecho nunca podría pasar desapercibido.
Para empezar, solo hay que recordar cuando tres años atrás el principal funcionario a nivel penitenciario y asesor presidencial, Roberto Santana, denunció que el responsable militar o policial en La Victoria devengaba un ingreso ilícito por extorsión y todo tipo de irregularidades de unos siete millones de pesos semanales y lo que para nada mereció una respuesta firme de supervisión e intento de erradicar el ilícito.
De esa manera, la procuraduría general de la República, la dirección de la Policía Nacional, tampoco ninguna fuente militar y menos desde el Poder Ejecutivo, se prestó atención a una denuncia, que por obligación ameritaba una investigación exhaustiva y sabiéndose que semejante suma de dinero no se quedaba en los bolsillos del funcionario carcelario, sino que tenía que “distribuirla” entre determinados altos cargos militares y policiales.
Nada entonces que decir, sobre la cadena de ilícitos que ocurrieron a partir de esa denuncia y mucho menos, cuando ese recinto carcelario es una especie de ciudad o lupanar del crimen, en el que organismos del Estado, son parte motora viva de tantas irregularidades.
En cierto modo, parecería que ningún hecho criminal que provenga de ese recinto carcelario, no mueve a interés de nadie o sector ciudadano o social y tampoco de los medios de comunicación y los que -por lo que se ha visto- solo se conforman con consignar sus crónicas en sus secciones rojas y sus reporteros, reunirse a ocultas con los jefes de la cárcel y al hablar de jefes, nos referimos a los de uniforme como los de los mismos presos.
Ahora se produce un fuerte griterío a nivel de la atrapada opinión pública, porque en “La Victoria” se produjo un extraño incendio en dos áreas – “corto circuito” dicen- de las que se expandió al recinto al completo y produciendo el escandaloso resultado de y en principio, doce presos muertos -otras fuentes hablan de que la suma total podría pasar de cien- pero ocultándose, que, según la oficina de Derechos Humanos, “todo se debió al traslado de veinte presos por drogas”.
Rápido y con el pretexto que no hay más cupo, los carceleros trasladaron 450 reclusos a dos cárceles del interior, reacomodaron a los seis mil y pico que dejaron y como si se trata de un acuerdo mafioso, duraron dos días para emitir una declaración oficial sobre el caso y bajo la premisa -que de suyo era una burla- de que supuestamente “no había nada que ocultar”. Mentira, la hay y mucho.
Pero como se está en campaña electoral y el gobierno en busca de su reelección, a como dé lugar las autoridades quisieran restarle importancia a lo ocurrido y seguramente, copiando de uno de los gobiernos de Leonel Fernández, que estando este en Europa se desató un motín en la cárcel pública del Seibo y muriendo más de cien presos y aquel presidente, no solo que no se inmutó, sino que tampoco interrumpió su viaje y en abierta demostración de desprecio presidencial a lo ocurrido.
Quizás teniendo de referencia aquel hecho de grave irresponsabilidad oficial, este gobierno de Abinader y el PRM ha preferido hacer igual, ganar tiempo y ver lo más rápido posible cómo se sale de un problema, que en materia de escándalo público, se sabe que no pasarán tres días en las páginas de los medios o muy poco y por ese interés ciudadano siempre frívolo.
Al ganar tiempo y como de suyo, el hecho ocurrido implica directamente a todas las fuerzas políticas ahora en campaña electoral y lo que significa, que el sistema partidocrático quiere enterrar en el olvido la barbaridad que acaba de suceder y de lo que seguro, el manejable y licencioso factor mediático se prestará en grave complicidad, parecería pues, que una vez más, esta nación no obtendrá respuestas y por su propia desidia, seguro que a las mismas fuerzas sociales y políticas, también no querrán que la tragedia se airee demasiado. Total, se trata de “delincuentes” (en realidad, la mayoría son presos preventivos) y por esa condición, muchos entienden que haya que pasar página a lo inmediato.
Otros, no entendemos que semejante actitud sea la correcta y frente a la cual hay que exigir explicaciones a la autoridad nacional y esta y sin vacilaciones debe darlas. Al fin y al cabo, se supone que el Gobierno Nacional es de todos y que el presidente Abinader debe responder por todo cuanto ocurra en su mandato y mucho más, cuando y como es el presente caso, están en discusión los votos de los familiares y relacionados a los que directamente les duelen sus hasta ahora doce muertos.
Mientras tanto, hay otra realidad y la que es responsabilidad del gobierno y del PRM: Que si ahora se desató este extraño incendio que esconde intereses pecuniarios y de drogas de la mafia carcelaria, en parte también se debe a la terquedad gubernamental y a la sed de revanchismo político de la procuradora general de la República, Miriam Germán, quien antes de ocupar el cargo, ya pedía la cabeza de su antecesor y por el ajuste de cuentas que quería hacerle y al supuestamente este “maltratarla”, cuando la funcionaria aspiraba a un puesto más elevado en la judicatura.
¿Y qué mejor pretexto que no recibir las instalaciones recién inauguradas de la mega cárcel Las Parras y su serie de edificios e instalaciones de primera línea y sin importar que toda esa infraestructura que costó cerca de 8 mil millones de pesos a los contribuyentes, se dañara o deteriora?
A su manera de pensar, esa procuradora inició la feroz persecución política y personal contra su antecesor, Alan Rodríguez, cerró las instalaciones y se la dejó a una gendarmería militar que al poco tiempo sus efectivos la saquearon al completo. Pero en el gobierno central no repararon en semejante daño y por eso, ahora y en campaña electoral y por aquello de que Las Parras, es política y electoralmente una pieza clave como pretexto político opositor para caerle encima a la reelección presidencial, todo el aparato político se le va al cuello a un Abinader, que el lunes pasado en su rueda de prensa, reveló que el nuevo recinto partidario había sido construido en un “área pantanosa” y puntualizando que no sería utilizado.
Habría que preguntar, y ahora con el fuego desatado y la macabra colección inicial de doce muertos derivados del mismo, ¿qué podría decir el presidente-candidato? A nuestro juicio, la partidocracia está atrapada en sí misma y por eso todos huyen a revelar la verdad de lo ocurrido y en consecuencia y al final, fuerzas vivas y sociedad civil callarán y bajo el influjo de un nuevo cañonazo de papeletas y como el muerto de otro con tierra tiene. ¡Qué país!
De esta forma es que concluimos y diciendo, que estamos ante la muestra más terrible de una partidocracia infame e irresponsable: Hasta ahora, 12 presos muertos en incendio en La Victoria y la autoridad carcelaria, dice que “no hay nada que ocultar”. ¡Terrible costo político para el PRM! (DAG)- 20.03.2024
