Gracias al excelente reportaje publicado esta semana por el hermano periódico El Día, poniendo en perspectiva la propensión de nuestros congresistas a legislar para coartar la libertad de expresión, se ha puesto en evidencia que hay más leyes que penalizan el denominado delito de palabras que las que sancionan el secuestro, la estafa, el genocidio y la corrupción.
Pero también ha puesto de relieve un comportamiento muy poco democrático sobre el cual hay que poner mucha atención, para evitar que el día menos pensado nos den un palo acechao.
Precisamente lo que acaban de tratar de hacer con el proyecto de la senadora del PRM Melania Salvador, aprobado en dos lecturas en la Cámara Alta, con el que se busca regular el derecho a la intimidad y el buen nombre. ¿Cómo explicar ese comportamiento en políticos que antes de convertirse, gracias al voto popular, en hacedores de leyes, elogiaban con elocuencia a la prensa libre y sus aportes a la democracia?
Lamentablemente no hay aquí suficiente espacio para analizar las causas de su “inclinación perturbadora de siempre querer legislar contra la libertad de expresión y el ejercicio del periodismo”, para decirlo con las palabras del presidente de la Sociedad Dominicana de Diarios, Persio Maldonado.
El también director del periódico El Nuevo Diario considera una incongruencia que muchas de esas legislaciones son promovidas por “gobiernos supuestamente democráticos que se han servido de los medios y, sin embargo, no tienen tanto aprecio por los medios.” Y esa es una forma de actuar, insisto, que no podemos seguir pasando por alto, pues ya ha pasado más de medio siglo desde que liquidamos la última –y más feroz– de nuestras dictaduras.
¿Moraleja? Espanta la debilidad e inconsistencia de los principios democráticos de nuestros políticos, pero sobre todo la facilidad con que olvidan que sin una prensa libre no estarían donde están ni seríamos el país que somos. Por: Claudio Acosta [hoy]
