Una significativa cantidad de personas que contribuyeron de manera decisiva al triunfo de la actual mayoría, expresan su incomprensión ante algunas de las apuestas del presente gobierno, sobre todo en lo concerniente a opciones que lucen incompatibles con elementos filosóficos relativos al modelo económico subyacentes en su programa de campaña electoral. Igualmente le preocupa a esa colectividad de personas la capacidad de respuesta que podría tener este gobierno a la acentuación de los efectos que sobre este y todos los países genera la guerra Rusia–OTAN–EEUU. Esta circunstancia podría agravarse con las recurrentes protestas en las calles que desde décadas sacuden el mundo.
Durante su completo discurrir, la presente administración ha enfrentado una inclemente pandemia que, en términos de énfasis o prioridades, lo ha obligado a hacer ajustes a su programa electoral. Es comprensible, pero no lo es su apuesta al sector privado como eje fundamental para generar empleos, renta y bienestar a la población. Para lograr ese objetivo, en su programa se consigna de manera taxativa que el cambio buscado descansaría en la “capacidad productiva basada en la innovación tecnológica y organizacional, que genere empleos, inclusión social, divisas y se esparza en el territorio”. Ese objetivo no se logra solo mediante fideicomisos para promover el desarrollo o administrar lo público, negando la esencia del concepto de desarrollo explicitado en el programa de este gobierno.
A modo de ejemplos: los fideicomisos creados para operar el transporte en algunos corredores en la ciudad de Santo Domingo, recurriendo a dirigentes de gremios choferiles que aparecen como inversionistas privados, sin estar claro si son los únicos en el negocio, desdeñando un activo público como la OMSA y sin la activa presencia de la autoridad municipal que tiene entre sus competencias el ordenamiento y regulación del tránsito de vehículos y personas en el transporte público. Igualmente, el caso de Pedernales, objeto del deseo de poderosos grupos empresariales, donde no está clara la participación de las autoridades municipales ni de la comunidad organizada. La inobservancia de estas cuestiones institucionales claves haría insostenibles esas iniciativas.
En sistemas como el nuestro, el fideicomiso para operar determinados medios de transporte o administrar un bien público no es una figura para demonizar, se utilizan en varios países, pero el modo en que esta administración lo está aplicando hace borroso su modelo económico. En la actualidad, ha retornado con fuerza la idea de la preeminencia de lo público no sólo producir riqueza, sino para distribuirla con niveles mínimamente aceptables y ese no es el objetivo de las APPs ni de determinados fideicomitentes. Por consiguiente, podría ser descaminado apostar a esas figuras para producir el desarrollo. Por: César Pérez [Hoy]
