Realmente, muchos ciudadanos desconocemos en que es que irá a terminar esta nación y desde el momento que diversos aires de agitación propiciados por ciertas autoridades no dan espacio para que se entienda, que la República estuviera siendo llevada por derroteros correctos.
Muy por lo contrario, y si se deja de lado el ambiente reeleccionista oficial, que al fin y al cabo es una expresión nada extraña en la idiosincrasia dominicana, nos estamos encontrando y por donde quiera que se mire o que se quiera entender, que parecería, que una atmosfera de anarquía generalizada se quiere que se establezca y en lo que hasta ahora nadie acierta a entender el porqué de su ocurrencia.
Por un lado, se tiene a un cuerpo policial más desprestigiado como nunca y el que en muchos aspectos, parecería que está compuesto por delincuentes de uniforme y quienes en vez de proteger a los ciudadanos se han convertido en sus más peligrosos perseguidores.
Se ha llegado a un extremo, de que nadie cree en la policía y que todo el mundo huye a no tratar de dilucidar nada en ningún cuartel barrial, provincial o en el mismo cuartel general en la capital nacional, problemas inherentes a resolverlos por tramite allí. Simplemente, la policía no es confiable a nadie y tanto, que todo el mundo entiende que, si se va a un cuartel y no se lleva dinero para sobornar los policías, estos no atienden.
Situación, que es un verdadero contrasentido, cuando también se conoce de los empeños del Poder Ejecutivo por resolver la fuerte problemática de inseguridad ciudadana que se está viviendo y al grado, de que, en los barrios de las ciudades, los ciudadanos entienden que los cuarteles policiales son los centros de delincuencia social y criminal más enraizados.
Ya se ha visto en qué han quedado los estudios y comisiones especializados para resolver el critico como continuo problema policial y salvo volúmenes de informes que nadie lee y declaraciones rimbombantes de que el mal está siendo conjurado, la realidad indica, que desde el ministerio de Interior y Policía y la misma dirección policial, parecería que nadie da pie con bolas y que el tiempo se diluye en declaraciones efectistas de pura propaganda, mientras la anti-policía (el sector criminal dentro de la institución) continua haciendo de las suyas.
Las muestras del desorden policial se acumulan cada día y desde el Poder Ejecutivo y por mejores intenciones que allí exista, en la práctica, nada se ha visto de que el poder le haya imprimido un aliento de corrección real a las filas policiales. ¿Será que se tiene temor de que los policías se salgan de control o de que la misma policía se constituya en el ariete que pudiera descalabrar todas las instituciones y provocar la pérdida de la gobernabilidad?
Ciertamente que son heroicas las decisiones que en el gobierno tienen que tomar para corregir con drasticidad el problema policial tan perturbador, pero al mismo tiempo, es evidente, que despedir no menos de cinco mil policías con vocación de anti-policías no sería lo correcto, toda vez que esos individuos y al salir del cuartel irían a engrosar, las hasta ahora mínimas y aisladas pandillas barriales de vendedores de drogas y asaltos de personas, por lo que no es ahí que estaría la solución. Sin embargo, la realidad es, que el gobierno se encuentra atrapado y al parecer sin salida en este asunto y lo que, de suyo, también es muy peligroso si por ello se incentivara la rebeldía social.
Lamentablemente, la peligrosa situación no es tocada con ojos críticos por esa prensa mercancía amarillista que siempre colude con lo mal hecho y que, para remate, muchos de sus integrantes son sobornados por la misma policía, mientras directores y jefes de redacción y productores de radio y televisión se le asignan armas y espalderos a modo de sobornos permanentes.
De esta manera y por más que se quiera decir lo contrario, desde Interior y Policía y la misma dirección policial, parecería y esto hay que recalcarlo, que allí no hay respuestas que satisfagan a una ciudadanía, que lo único que sabe, es que mantener la policía, a los contribuyentes les cuesta no menos de 50 mil millones de pesos cada año y lo grave, para nada y lo que no debe ni puede ser.
Al otro lado y mientras dentro de la policía la anarquía es absoluta y su cadena de mandos ha sido interrumpida y de ahí que órdenes y disposiciones nadie las cumpla, los acosados ciudadanos también no encontramos ante otra forma de rebeldía, la política y proveniente de partidos, políticos y partidocracia, negados en redondo a acatar la ley electoral y mucho menos, a que la misma se reforme para que el tribunal electoral de primera instancia, la Junta Central Electoral, pueda crear un instrumento legal valedero que permita que la autoridad electoral sea la que tenga la ultima palabra en las decisiones que se tomen y no lo que ocurre ahora, que son los jefes políticos y de gobierno y oposición, los que presionan y deciden y sin importarles para nada afectar el proceso legal de la supuesta democracia representativa y no participativa que se tiene.
La situación es tal, que ayer, el mismo presidente de la JCE, el magistrado Román Andrés Jaquez Liranzo, explicó los porqués de la reforma electoral que reclama y la razón que le asiste en procura de preparar un organigrama electoral que sea creíble y de cumplimiento tácito por todos los actores participes en el proceso comicial de mayo de 2024.
Dio pena escuchar a Jaquez Liranzo, reclamando atención y obediencia por parte de su audiencia y sobre lo impostergable de adecuar las leyes para que haya un cuerpo orgánico electoral correcto, que fije limites, especifique sanciones y marque una directriz lo suficientemente firme y de orden que los jefes políticos y sus partidos las cumplan sin chistar.
Solo saber y esto es un ejemplo de lo grave de la situación, que la partidocracia está conformada por cuatro partidos “grandes” y 23 pequeños y solo de alquiler electoral y que provoca un trasiego de privilegios y canonjías a favor de estos y de sus jefes—dueños, al momento de hacer alianzas y al terrible costo de que cada proceso electoral, a los contribuyentes les cuesta más de cinco mil millones de pesos y el futuro no menos del doble, mientras de cada proceso siempre salen 200 nuevos políticos millonarios, debería de ser una razón suficiente para que las fuerzas vivas reclamen que la partidocracia se subordine a la JCE y el Tribunal Constitucional deje de estar saboteando a la JCE y al disponer de leyes y reformas dirigidas a obstaculizar y hacer inoperante el conjunto de leyes y disposiciones electorales.
Evidentemente pues, que vamos mal y muy mal y parecería que a nadie le interesa que la situación se reconduzca y lo que nos hace decir, que los desmanes policiales están provocando un peligroso ambiente de insurrección social, en tanto los legisladores no quieren y sabotean las reformas de control al sistema electoral y junto a la partidocracia y el Tribunal Constitucional, hacen inoperante a la JCE. (DAG)
