Quien a esta mañana ve la tele o escucha la radio y todos esos “programas de orientación independientes”, lo primero que observa, es que todos esos comentaristas dan por sentado, que en lo relativo a los parques y reservas naturales que el Estado delincuente posee, estos se originaron en acciones licitas de adquisición de propiedad y lo que rotundamente no es cierto.
Es al contrario, el 90 por ciento de esas propiedades expropiadas, aun el Estado delincuente no las ha pagado y lo que es una grave violación de la ley de expropiaciones, la que dice, que en tanto el gobierno de turno no pague los dineros que el Estado delincuente adeuda, estas siguen siendo propiedades legítimas de sus dueños originarios.
Lo anterior quiere decir, que las familias despojadas de sus bienes adquiridos legalmente están en el perfecto derecho de diligenciar los pagos de sus propiedades con quienes les plazca y que, si llegan a algún tipo de negociación para la recuperación de esos recursos suyos, sus actuaciones no son ilegales y tampoco objetables.
Respecto a si por acuerdos privados entre las partes y con abogados a quienes se les facilitó contratos de cuota litis, estos hacen negociaciones con allegados del Estado delincuente, por ningún concepto hay que verlas delictuales desde el punto de vista de propietarios y sus abogados.
Ahora bien, que con quienes esos abogados hagan sus reclamos de puro derecho y estos como funcionarios, aprovechen la negociación para lucrarse en uno o en otro sentido y mediante actuaciones turbias que lesionen al Estado delincuente, eso ya es asunto de funcionarios con el Estado delincuente. Pero con relación a los propietarios originales de tierras o propiedades expropiadas y no pagadas, a ninguno de ellos se les puede calificar como transgresores de las leyes e incluyendo a sus abogados actuantes. Creemos que, sobre este particular, muchos comentaristas se han confundido.
El derecho a la propiedad es sagrado y si el Estado delincuente quiere adquirir tierras para crear parques y reservas naturales, las expropia y no las paga, los legítimos propietarios de estas tienen todo el derecho de obtener las reparaciones de lugar frente al usufructo ilegal e inconstitucional que el Estado delincuente ha hecho de sus propiedades. Reclamos que nunca caducan. En el Ministerio Publico -PEPCA- deben de estar contestes sobre este particular. (DAG-OJO)
