No es correcto que el gobierno demore la entrega de los fondos públicos que por ley les corresponden a los partidos políticos y de cara a las presidenciales y legislativas de mayo 19. El Poder Ejecutivo debe despejar dudas

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Cuando en mayo de 2020, el pleno de la Junta Central Electoral suspendió las elecciones municipales y generando un grave escándalo que por poco pudo afectar la paz social, el entonces candidato presidencial, Luis Abinader, fue sumamente enérgico y hasta duro de habla con el presidente de aquel pleno Julio César Castaños Guzmán y advirtiéndole su oposición radical a cualquier tratativa que quisiera afectar el proceso electoral que recién se iniciaba.

Recordando aquello, sorprende entonces que el presidente Abinader y como responsable del Poder Ejecutivo y cabeza del gobierno en funciones, esté dando la impresión de que se le vea como un radical opositor a que los partidos políticos y sus candidatos, la mayoría opositores y quienes dependen de esos recursos para elaborar adecuadamente sus propias campañas electivas, no autorice la erogación de esos fondos y en cumplimiento de la ley.

Hasta ahora se había creído, que son fondos que de previo están especializados y que por lo tanto y al momento que el pleno de la JCE solicitara su erogación, no habría ningún problema burocrático para su entrega, pero parecería y por lo que el mismo pleno les ha dicho a los delegados electorales de los partidos políticos, esta ha hecho varias solicitudes en ese aspecto y sin obtener respuesta alguna de la entidad administrativa gubernamental que está a cargo de viabilizarlos.

Inclusive y por más política de terquedad que se esté dando desde la presidencia del partido oficial el Revolucionario Moderno (PRM) nadie que aplique el sentido común pudiera darle veracidad a la opinión que corre, de que allí y desde el despacho de su presidente nacional, el señor Paliza, este mantenga una absoluta como radical oposición a la entrega de esos recursos.

En este sentido, más bien habría que suponer, que la demora tiene que ver con simples atrasos burocráticos y matizados con cierta pizca de irritar a los adversarios, que a una política irreflexiva de oposición a rajatablas, a las que el primero que no debería dejar que se ejecuten, es al mismo presidente de la República.

Ahora bien, menester es recalcar, que a quien y como razón de imagen no le es conveniente que la atrapada opinión pública pudiera llegarse a creer que el gobierno está poniendo trabas y para afectar a los partidos, es al mismo gobierno y por la sencilla razón, de que la ejecución de las elecciones es la viva representación de la libertad de escogencia de los electores y en lo que se supone que el mismo presidente Abinader tiene su responsabilidad personal y política comprometida.

Además, ¿qué ganan el gobierno como el PRM y obstaculizando que financieramente los partidos obtengan los recursos que les faltan y que están previsto en la ley para dar cumplimiento a su obligación moral de llevar candidatura y concurrir a las urnas?, ¿una forma nueva de presionar para que sus candidatos se vendan  o de presionar al límite para que los partidos opositores se retiren del proceso electoral por carencia de supuestas condiciones y para que de esa manera Abinader y el PRM logren retener el poder porqué “la oposición no se presentó y la República no podía ser dejada sin gobierno”?

Aquí se presenta entonces una grave inquietud, que, si las autoridades electorales consienten en que se hagan unas elecciones porque la oposición y presionada hasta lo indecible, se abstenga forzosamente y si esto sucediera, entonces sería la comunidad internacional la que tendría la última palabra.

Sobre este particular, no creemos que esto último pudiera suceder. Primero, porque Abinader descendería en calidad institucional y al “ganar” unas elecciones de manera seudo legal pero de absoluta falta de calidad legítima y segundo, que ya estos no son los tiempos aquellos del Acuerdo de Santiago, donde la oposición se acobardó frente al accionar del partido oficial, el Reformista, que ganó arbitrariamente aquellos comicios  en los que no hubo oposición y tercero, porque todavía la atrapada opinión pública se resiente del terrible fraude cometido por el PRM en las pasadas elecciones municipales de febrero 18 y debido a lo cual, para el día 15 de este mes serán juramentadas las nuevas autoridades municipales “elegidas” fraudulentamente.

A nuestra opinión, la etapa del partido único que todavía se vive en esta nación y de cara al torneo electoral de mayo de 2028 deberá de ser eliminada de cuajo. Pues para esta ocasión, que como resulta de estas próximas elecciones y sin importar la bandería o candidato que gane, se tendrá una nueva reedición del tipo de presidencia imperial, por medio de la cual, quien sea presidente de la República controla el Congreso Nacional y vía presupuesto dominará la totalidad de los gobiernos municipales e imponiendo de hecho, una suerte de democracia autoritaria y personal directa, pero “más dinámica” que la actual.

Por eso, es tan importante la calidad personal y moral de quien sea elegido como presidente de la República y lo decimos, porque necesariamente hay que hacer abstracción de los ataques políticos y personales electoreros, a través de los cuales, prácticamente la mayoría de los candidatos presidenciales actuales son presentados por sus adversarios, como si fueran lo peor en materia de calidad humana y lo que nos es así, ya que todos y si miramos sus logros personales y parte buena, son y cada uno, una representación aceptable del entorno social, familiar  y humano al que pertenecen.

Parecidos motivos habría que plantearse con relación a los candidatos que resulten elegidos como senadores de la República y en donde los más eficientes e independientes, serán aquellos que sepan detener a lo inmediato el menor intento coercitivo presidencial en materia de impedir la confección, discusión y apoyo hacia determinadas leyes de las que el Poder Ejecutivo quisiera demostrar que no está de acuerdo.

Sencillamente, el Senado debe ser totalmente independiente al Poder Ejecutivo y en medida mayoritaria la Cámara de Diputados y cuya principal carta de presentación será la selección de una Cámara de Cuentas totalmente libre de las influencias que pudieran derivarse porque sus miembros hayan sido elegidos por el Poder Legislativo.

Si esto último se logra y desde el Poder Ejecutivo se acatan las decisiones de un ministerio público central absolutamente independientemente a las presiones “naturales” del Poder Ejecutivo, la ciudadanía podría decir que se estaría a las puertas de que el Estado sea absolutamente independiente a la partidocracia y vale decir, que todos esos poderes y por la fortaleza y reciedumbre moral de sus legisladores, solo estarían al servicio de la protección y apoyo del ejercicio del estado de derecho y de los derechos ciudadanos y en lo atinente a la protección de los derechos humanos fundamentales de cada dominicano.

De estas elecciones, lo único que en bien debe esperarse, es la legitimación del Estado de Derecho y gracias a un Congreso Nacional absolutamente independiente y crítico del Poder Ejecutivo y en esa aspiración, somos los dominicanos quienes debemos tener la última palabra y para que ningún poder factico externo o interno pretenda sojuzgar a los otros o ser un gobierno sumiso y vasallo de nadie más que no sea el acatamiento irrestricto de la Constitución de la República y la salvaguarda fundamental de los derechos ciudadanos y pese a que una gran mayoría son analfabetos funcionales y ampliamente maleados por la corrupción que se vive desde los poderes públicos y el sector privado de la economía.

Con razón entonces que digamos, que no es correcto que el gobierno demore la entrega de los fondos públicos que por ley les corresponden a los partidos políticos y de cara a las presidenciales y legislativas de mayo 19. El Poder Ejecutivo debe despejar dudas. Con Dios. (DAG) 03.04.2024