lunes, octubre 18, 2021
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Obligatoriedad tarjeta de vacunación genera debate sobre derechos

Tras el anuncio de la medida más personas van a centros de vacunación; exjueza dice la medida viola derechos

El anuncio del gobierno de que a partir del 18 de este mes será obligatorio para las personas desde los 12 años presentar la tarjeta de vacunación de dos dosis contra la covid-19 para acceder a servicios, actividades y lugares, ha generado posiciones encontradas y ha abierto un debate de si la medida choca o no con derechos fundamentales protegidos por la Constitución.

Para el abogado especialista en derecho Constitucional, Cristóbal Rodríguez, el ordenamiento jurídico dominicano otorga suficientes fundamentos que validan la medida por lo que consideró que no choca con la Constitución. Por el contrario, la exjueza del Tribunal Constitucional, Katia Miguelina Jiménez, sostuvo que debido a que en el país ya no hay estado de excepción, limitar derechos fundamentales en ese contexto choca con la Carta Magna.

En tanto, la Asociación de Hoteles y Restaurantes (Asonahores) debatía ayer qué posición adoptar ante la medida que obligaría a esos centros a pedir la tarjeta a sus clientes. Según la edición de ayer del periódico El Nacional, el presidente de Bares y Restaurantes de los ensanches Naco y Piantini en la capital, Tito Prats, advierte que hay que analizar el marco legal de la medida. Según esa publicación, Prats habría advertido que los integrantes de esa entidad no están en disposición de violentar los derechos de las personas que visiten esos negocios.

Jiménez, exjueza del Constitucionaldijo que todas las medidas siempre deben llevarse a cabo en conformidad con los textos constitucionales incluidas las de derechos humanos, y de manera que sean necesarias y proporcionales al riesgo, pero que incluso cuando lo sean, pueden tener serias repercusiones en la vida de las personas,
“Siendo así, sostengo que al dictarse medidas restrictivas de derechos fundamentales sin existir estado de excepción, entiendo que coliden con la Constitución”, argumentó.
Dijo además que las vacunas hasta ahora son un ensayo clínico y que la Organización Mundial de la Salud las ha autorizado bajo el criterio de la emergencia. “No debe olvidarse el artículo 42.3 de la Constitución que prohíbe que a las personas se les someta sin su consentimiento previo a procedimientos y experimentos que no estén avalados científicamente e internacionalmente. Las vacunas aún son un ensayo clínico que han sido incluidas en la lista de la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia”, observó Jiménez.

En tanto, Rodríguez fundamenta su criterio en los artículos 8 y 74.2 de la Constitución. “El ejercicio de los derechos tiene límites, tal y como se desprende de los artículos constitucionales 8 y 74.2. ‘Pero además, en materia de salud, el artículo 61 de la Constitución prevé que el Estado debe velar por la protección de la salud de todas las personas, (…) así como procurar los medios para la prevención y tratamiento de todas las enfermedades…’, si uno de los medios para garantizar la efectividad del tratamiento del virus es imponer sanciones a quienes rehusen vacunarse, el interés general, los derechos de los demás y la potestad de imponer límites a los derechos, lo justifica”.

Rodríguez sostuvo que ante la disyuntiva de qué debe primar a la hora de definir la vacunación como un requisito entre el derecho individual de la libre elección o la salud colectiva, debe primar lo último y que ese enfoque está protegido por la Constitución.

“Conforme lo previsto por el artículo 8 constitucional: ‘el ejercicio de los derechos y las libertades individuales deben ser compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos y todas’, en otras palabras, nuestro sistema constitucional convierte el orden público, el interés general y los derechos de los demás en límites infranqueables del ejercicio de los derechos de cada quien”, explicó.

Agregó que el Estado está facultado, por tanto, para imponer límites cuando el ejercicio de los derechos se convierte en una amenaza al interés general que, en este caso, es la salud colectiva. “El imperativo de preservar el interés general, consistente en el rescate del sistema de salud, en evitar el colapso del aparato económico y la tragedia de muerte y sufrimiento que podría seguir produciendo la pandemia, justifican la exigencia de tarjetas de vacunación para acceder a determinados espacios”, dijo.

Tras anuncio, más decide vacunarse

Tras el anuncio de que se exigirá la tarjeta de vacunación para acceder a servicios, espacios y actividades, los centros de vacunación registraron el pasado fin de semana un incremento significativo de personas.

La encargada del centro de vacunación que funciona en el Centro Olimpico Juan Pablo Duarte, Glenny Rojas, manifestó que el sábado y el domingo el flujo de personas que acudieron a la jornada de vacunación fue notable, en comparación con los fines de semana anteriores, donde muy pocas personas estaban acudiendo a inocularse.

“Lo que más nos alegra como médico es que esas más de 30 personas estaban renuentes a continuar el esquema de vacunación y vinieron a ponerse la segunda dosis y también tenemos un alto porcentaje de personas que empezaron su esquema de vacunación en el día de hoy con la primera dosis”, dijo Rojas. Lo propio testimonió la doctora Esther Ciriaco de la Regional V de Salud quien dijo que en relación al fin de semana pasado, en ese centro el flujo de personas se incrementó en más de un 80 %.

Hasta ayer, unos 4 millones 970 mil 581 personas se habían vacunado totalmente con las dos dosis. Mientras que 6 millones 130 mil 558 tienen una dosis. La dosis de refuerzo se la han colocado un millón 015 mil 433 personas.

La resolución número 000048 de Salud Pública, establece que en todos los espacios de uso público, las personas mayores de 12 años deberán presentar un documento de identidad y su tarjeta de vacunación con por lo menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, ambos en original o en copia legible física o digital, a la autoridad pública o privada correspondiente designada para ello. También establece sanciones para quienes falsifiquen ese documento.

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Fuente: El Caribe

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