Muchos todavía se preguntan, el cómo es posible que una parte de la población sea rebelde a acatar las normativas del toque de queda sanitario que se mantiene en algunas provincias donde la rebeldía social de sus habitantes y en particular jóvenes, parecería que nunca va a terminar.
Sin embargo, semejante proceder tan anárquico, hay que entenderlo asumiendo el hecho, de que de 10.3 millones de dominicanos, unos 3.5 millones se niegan a cumplir con la norma y con ello, facilitando las cosas para que eventualmente y de contagiarse con el virus, perfectamente que podrían infectar o contagiar a no menos 9 personas cada uno.
Si esta realidad estadística se entiende en toda su amplitud y ante la dimensión brutal de un problema sanitario que no acaba y precisamente porque una parte poblacional se niega a aceptar que se les vacune y con el pretexto de que constitucionalmente no se autoriza, entonces y por obligación también habría que entender, que si las autoridades del gobierno central tienen arrojo y por razones de alta seguridad nacional, imponen la vacunación obligatoria dentro de parámetros de estado de sitio, no debería haber oposición alguna a que la medida sanitaria a manu militari sea empleada con todo rigor.
Suerte, que por lo menos no se ha levantado el griterío infame, en cuanto a que ahora que se han abierto los centros escolares, Salud Pública aproveche y vaya a estos a vacunar a los estudiantes y de todas las edades, que aun no han sido vacunados o que no tienen el ciclo de vacunación completa de dos dosis con veinte días de diferencia y eventualmente recibir la tercera dosis de refuerzo.
Y esto así. Porque si tres millones de niños y adolescentes, terminaran por agotar el ciclo de vacunación y de pronto, se presentara una nueva ola de contagios masivos, se tendría la seguridad, de que el “país joven” en su totalidad o en parte, quedaría salvaguardado y ni hablar del resto de la población ya vacunada al completo.
Pero en lo que se completa este círculo tan imprescindible de vacunación intensiva y si se llega a dar, a aquellos que se oponen a la vacunación por razones “constitucionales”, perfectamente que habría que imponerles las normativas que encierra la Ley de salud pública y otras disposiciones administrativas legales, que si lo permiten dentro de un marco de crisis sanitaria continua como el que se vive.
De ahí que sea pertinente recordarle a los timoratos senadores y diputados que tenemos, que ellos y como hacedores de leyes, están en la obligación de velar por la salud de quienes vivimos en el territorio nacional e incluyendo extranjeros inmigrantes o turistas y mucho más, cuando se conoce, que el gobierno ha adquirido más de 20 millones de dólares estadounidenses en un paquete de seis vacunas diferentes y que son más que suficientes para vacunar a más de cuatro millones de personas que se entiende que aún faltan, aparte de que se ha hecho una inversión en base a dineros de los contribuyentes y los que deberían ser honrados.
Pues así como el presidente Luis Abinader mostró el coraje de actuar por sí, en las compras de las vacunas, igual o mayor coraje debería imponer ahora en materia de vacunación obligatoria a nivel nacional y solo con aplicar la ley general de Salud y no caer en la blandenguería, que como la Carta Magna no permite la vacunación obligatoria, él, no busque alternativas legales para actuar y duramente, sobre este particular y para evitar el terrible retroceso viral que prácticamente se nos viene encima a partir de octubre.
Biblia y clases de Educación
Otro punto nodal que debe recordarse, es el referente, a que en la inusitada propuesta del ministerio de Educación, de regalar ejemplares de la biblia cristiana y obligar a impartir clases de religión en las escuelas, se olvida y en ello se afecta y si vale el término, moralmente el sistema constitucional, de que el Estado Dominicano y de acuerdo a la Carta Magna en su articulo 45 “garantiza la libertad de conciencia y de cultos, con sujeción al orden público y respeto a las buenas costumbres” y lo que es ratificado en el acápite 3 del artículo 263.
Sin embargo y como producto de enmiendas constitucionales anteriores, se daba la creencia de que el Estado Dominicano también era no confesional y expresado tácitamente, pero ahora y de acuerdo al articulo 39 y en su parte in fine, se puntualiza que los ciudadanos, no solo que “nacen libres e iguales ante la ley” sino que no pueden sentir “ninguna discriminación por razones de género, color, edad, discapacidad, nacional, vínculos familiares, lengua, religión, opinión pública o filosófica, condición social o personal”
Y resulta, que discriminación sería, si el gobierno de la nación promueve una o determinadas creencias religiosas y como también lo haría, promoviendo clases de religión en las escuelas y que, de hacerse, chocaría con la libertad de credo o creencias especificadas en el artículo 39 y como muy bien puntualiza la entidad cívica, Alianza por la Educación.
En este sentido, muchos entendemos que sería una agresión moral, que también atentaría contra la libertad de pensamiento, toda vez que el concepto religión es uno absolutamente de índole privada de cada ciudadano y tanto, que los que son agnósticos o ateos y hasta seguidores de Satanás, los demás, debemos entender que tienen derecho a sustentar su criterio espiritual propio.
Por supuesto, las religiones predominantes y en gran mayoría de raíz cristiana, no aceptan que las personas sustenten su propia libertad en materia de creencias religiosas y por eso, sus curas, pastores o ministros, son tan radicales en sus fanatismos y que es el factor, que entendemos que el ministerio de Educación avivaría con su atrevida pretensión de imponer el estudio de la religión, pues una cosa es que cada quien quiera o profese una religión y otra, que el Estado, cuya naturaleza es no confesional, imponga un credo en particular.
Resumiendo, entendemos que por la continua rebeldía social, es posible que un eventual rebrote del covid-19 y en base a sus variables, podría llevar a un retroceso abismal en materia de salud y al tiempo que debe recordarse, que el Estado Dominicano es laico y no sujeto a confesión o religión alguna. (DAG)
