No se entiende, que un notario público solicite por escrito su traslado de jurisdicción ante la autoridad burocrática correspondiente y que es la Suprema Corte de Justicia y motivando la razón de la solicitud y que pasen dos años y no haya una respuesta positiva, al tiempo que en el Colegio de Notarios se pasan la pelota y dicen que el Colegio “no puede hacer nada”.
Al generarse el cuello de botella, queda la sensación de como si desde la SCJ haya una predisposición contra los notarios públicos que soliciten sus traslados y peor, que haya cuestionamientos de si acaso la política partidarista está de por medio.
Se llama a la sede de la institución y ni por asomo hay respuestas y la sensación que queda, es como si el notario público que solicita su traslado actúe como si estuviese molestando.
Hasta ahora hemos creído, que tanto el presidente de la SCJ y del Poder Judicial, el magistrado, Luis Henry Molina Peña, como todos los honorables magistrados que componen la sagrada institución, son personas decentes y de valer y quienes saben ponderar con la equidad debida los casos de traslados que se les presenten, sin embargo, parecería que en la estructura burocrática de la institución, algo falla, que todo el tiempo esos empleados se niegan sistemáticamente a ofrecer una respuesta cónsona con el interés particular del notario público que solicita su traslado. ¿Qué es lo que hay que hacer?, ¿a quien acudir? ¿O es que hay que pagar? (DAG-OJO)
