Sobre todo, en la región Este y principalmente en la mayoría de los centros médicos en la franja Verón-Bávaro-PuntaCana-Cap Cana, la mayoría de los envejecientes que acuden a consulta, se están dando cuenta de que al mínimo detalle, son rechazados como pacientes y que cuando se comprueba el curioso nivel de incremento en las muertes de envejecientes, parecería que los médicos tienen instrucciones al respecto.
Lo más alarmante, es conocer el silencio casi cómplice del Colegio Médico Dominicano como del Ministerio de Salud Püblica y ni hablar de la asociación de clínicas privadas, cuyos responsables coinciden en guardar silencio y para nada acceden a dar respuestas.
Es decir, parecería que los casi 500 mil a un millón de envejecientes que tiene la población, se les ha colocado una sentencia de muerte, de que cuando vayan a un centro médico público o privado se les de algún tipo de tratamiento que les induzca a morir sorpresivamente.
La presunción de la existencia de esa disposición ha hecho que muchos envejecientes y sobre todo de clase media a alta y todos con excelentes seguros, ellos y sus familiares han tomado ciertas previsiones precautorias y por lo que, desde hace unos meses, los pacientes no visitan esos centros médicos sino están acompañados de familiares e incluso, estos exigiendo permanecer en el consultorio y al momento que el especialista les examinara.
Otra situación que también llama la atención a medios independientes como este, es que la llamada “prensa investigadora” y sus principales programas electrónicos, nadie allí quiere tocar el tema y mucho menos efectuar las indagatorias de lugar.
En términos generales, entre los miembros del colectivo estigmatizado presumiblemente por la clase médica, se tiene cierta aprehensión y ni hablar entre sus familiares directos y sí, algunos coinciden y en cuanto a que las autoridades de Salud Pública, por lo menos, deberían abrir una investigación y a modo de que se pueda conocer la realidad del porqué la inquietud se ha generalizado.
Cómo todos los dominicanos conocemos, una fuerte mayoría nacional es preponderantemente joven y al punto, de que se entiende, que de cada 100 dominicanos entre 0-100 años, el 80 por ciento es joven y lo que significa, que el 20 por ciento restante corresponde a personas de 65 años en adelante y que, por lo visto, parecería que sean las victimas posibles frente al genocidio -no hay otra manera de llamarlo- que sectores de la clase media mercantilista pretenden perpetrar.
Por lo tanto y ante la probabilidad de que no menos medio millón de personas envejecientes estén señaladas para morir tan pronto entren a un hospital o centro clínico o clínica privada y aun cuando nos resistimos a creer que haya plan tan siniestro, como medio de comunicación estamos llamados a dar la voz de alerta y pensando que hay una estadística que nos toca a todos: Que no hay una familia dominicana que no tenga un mínimo de un envejeciente y lo que es suficiente para exigir explicaciones de las autoridades de Salud Pública, del Colegio Médico como de la asociación de clínicas privadas.
Asimismo, vuelve a llamar la atención, que el Estado Dominicano y mediante los gobiernos de turno y como el actual, ha dispuesto afectar la libertad de tránsito de la ciudadanía, imponiendo serias restricciones a los desplazamientos de los ciudadanos a playas y balnearios o visitas al interior del país y con el manido pretexto de supuestamente “proteger vidas” durante el asueto de jueves a domingo “santos” y lo que en la práctica, en un verdadero abuso de poder, impropio de una nación en la que rigen principios y gobiernos democráticos.
Ya se anuncia, que cerca de 49 mil personas del llamado centro de emergencia (COE) serán desplazadas por todo el territorio nacional, mientras las tropas regulares militares y efectivos de la policía -no menos de 50 mil- se aprestan a tomar militarmente a la nación y en una aparatosa muestra que recuerda la dictadura trujillista que fuera eliminada hace 63 años y lo paradójico, que nunca durante la Era de Trujillo, se ofreció operativo semejante.
A la fecha, de los casi 11 millones de personas que viven en el país y como ciudadanos de este, se calcula conservadoramente, que solo un millón no ha viajado al exterior y lo que significa, que no hay dominicano que no conozca, que en el exterior jamás se efectúa operativo de control ciudadano semejante y sí solo la vigilancia de lugar, electrónica y física, de carreteras y autopistas velando porque en los desplazamientos no se puedan dar los mínimos accidentes.
Mucho menos, que, en un país tropical con más de 1,500 kilómetros de playas, las autoridades cierren un promedio de 300 y lo peor, que nunca y antes del feriado, se les conozca a las autoridades nacionales, provinciales y municipales, que hubiese materializado un operativo preventivo para hacer posible que todas las playas de ríos y costa marina se encuentren aptas para el uso de los visitantes.
¿Resultado?, a los bañistas se les restringe arbitrariamente el uso de las playas y bajo el falso argumento de velar por su seguridad y que unido al incremento de lo que se entiende una política de estado policiaco, lo que los gobiernos siempre han hecho es tratar a los ciudadanos como si estos fueran -en esos días- lo más parecido a presos de confianza.
En consecuencia, planteamos, el por qué los médicos en hospitales y clínicas tienen instrucciones de ser “tímidos” al tratar envejecientes y por qué, si la llamada “semana santa” es el principal asueto del año, las autoridades vuelven a imponer restricciones a la libertad de tránsito de los ciudadanos. Con Dios. 26.03.2024
