LIMA.- El primer ministro de Perú, Aníbal Torres, aseguró este martes que la denuncia constitucional que presentó la fiscal general en el Congreso contra el presidente Pedro Castillo se basa en “dichos de terceros” no corroborados, que carecen de pruebas directas y contundentes.
“No conocemos el texto íntegro de esta denuncia, pero entre los hechos por los cuales lo denuncian a Castillo estaría el delito de organización criminal encabezada por el presidente de la República. Repito, sin una prueba directa, contundente”, declaró Torres durante una conferencia con la prensa extranjera.
Agregó que la denuncia constitucional que presentó este martes en el Parlamento la fiscal de la Nación (general), Patricia Benavides, contra el mandatario se basa en “dichos de terceros” y aseguró que esto, en su país, “solo puede constituir prueba cuando con corroborados con otras pruebas”.
“Y eso no existe ahora en Perú”, sentenció.
Torres criticó en este sentido, que el sistema judicial prive de libertad a personas que, sin pruebas, son exhibidas ante el público “como avezados delincuentes”, mientras que los narcotraficantes “se encuentran en libertad”.
Comentó que la voluntad del Gobierno de Castillo es que “se investiguen todos los hechos”, pero “que la investigación sea objetiva”.
Por otro lado, el primer ministro recordó que el artículo 117 de la Constitución peruana solo permite que el presidente en funciones sea acusado, durante su periodo, por traición a la patria y por impedir elecciones y dijo que “nadie puede agregar un caso más a ese artículo”.
No obstante recordó, la fiscal Benavides exhortó al Legislativo a evaluar el trámite de la denuncia constitucional “en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”.
Además, el artículo 99 de la carta magna dice que le corresponde a la Comisión Permanente del Parlamento acusar ante el Congreso al presidente, entre otros cargos, “por todo delito que cometan en el ejercicio de sus funciones y hasta cinco años después de que hayan cesado en estas”.
Así, la denuncia constitucional contra Castillo deberá pasar ahora por varios grupos parlamentarios que, de determinar su procedencia, harán llegar el trámite al pleno del Congreso para votar una eventual suspensión del gobernante.
Según la tesis de la Fiscalía, el mandatario encabeza una supuesta organización criminal en el Ejecutivo con finalidad “copar, controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”.
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