Dieciocho meses de prisión preventiva empieza a ser un cliché en estos mega procesos que se estacan por meses en su propia magnitud. En la audiencia para conocer las medidas de coerción que impondrá la jueza Kenya Romero a los acusados en la Operación Calamar, dieciocho meses de prisión preventiva es de nuevo la solicitud del Ministerio Público.
Parece una petición más de rutina que de necesidad, ya que estaban siendo investigados desde hace dos años y que, por tanto, el riesgo de fuga parece improbable. Si, en dos años de investigación, el caso no es suficientemente sólido, ¿dieciocho meses más los van a cuadrar?
Cada caso deberá ser ponderado independientemente, por supuesto, pero, en las delaciones y sometimientos filtrados, se perciben obvias debilidades que no deberían ser compensadas por una medida exagerada de privación de libertad.
La sociedad necesita que se termine con la impunidad con que los corruptos de diferentes gobiernos se han beneficiado. Por eso necesita creer en una justicia independiente, no solo en un ministerio público independiente.
Las delaciones premiadas son otras protagonistas de estos casos. El público general las recibe como pruebas. No lo son. Jueces y abogados saben que no basta con que un “arrepentido” hable, confiese y acuse a los demás para salirse del expediente, aunque sea tan entretenido para el espectador. Hay que probarlo. Pasó con el caso Medusa y se repite con el Calamar: ¿los que confiesan un delito y acusan a otros se libran del castigo? Es una pregunta que se ha repetido mucho estos días…
La medida de coerción se está convirtiendo en un juicio paralelo y la prisión preventiva en una condena, advierten jueces y abogados. Eso no le conviene ni a la Pepca. Por: Inés Aizpún [Diario LIbre]
