Debe abrirse una investigación contra los diputados propietarios de bancas de lotería que han admitido que sus negocios fueron extorsionados durante el Gobierno pasado por la estructura corrupta descrita por el Ministerio Público en la Operación Calamar y en la que participaron por puro afán de lucro.
En parte de esa afirmación coincidieron los diputados Braulio de Jesús, de Dominicanos por el Cambio; Juan Julio Campos, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Máximo Castro Silverio, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) y el diputado perremeísta Jorge Cavoli, quienes creen que el tema es atribución del Ministerio Público.
Coincidieron con los legisladores, la coordinadora del movimiento cívico Participación Ciudadana, Lizzie Sánchez y el vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), Servio Tulio Castaños Guzmán, pero se inclinan por que el Congreso realice las pesquisas.
Este medio publicó en su edición de este jueves que legisladores vinculados a bancas de loterías y deportivas admitieron que pagaron mensualmente millones de pesos por extorsiones realizadas durante el gobierno pasado y vinculadas al caso Calamar.
De partidos
Sobre el tema, el diputado de Dominicanos por el Cambio (DxC), Braulio de Jesús, consideró que si él como representante del pueblo, sin importar de cuál partido político sea, admite que pagó al ser extorsionado debe ser objeto de investigación por parte del Ministerio Público. Cree que los electores de los diputados que habrían violado la ley deberían reflexionar al respecto.
En tanto que el diputado reformista Máximo Castro Silverio planteó que es importante que los partidos políticos tengan en cuenta a los candidatos que van a postular en sus boletas electorales a fin de que situaciones como esa no se repitan.
Al respecto, el peledeísta Juan Julio Campos manifestó: “Si admitieron eso son cómplices de esos hechos y más si se trata de un legislador”. Cree que es atribución del Ministerio Público investigar o no a esos diputados. Coincide con el diputado perremeísta Jorge Cavoli, quien entiende que, si esas denuncias son ciertas, el Ministerio Público debe actuar.
Sociedad civil
Para Finjus, lo declarado por los legisladores “los pone a ellos mismos en una situación muy difícil” y obliga al Congreso a llevar una investigación y tomar las medidas pertinentes. Cuestiona el hecho de que esto no haya sido denunciado antes.
“Yo pienso que el Congreso debe abrir una investigación; el Congreso es el órgano de control del Estado y son sus miembros los que fiscalizan las acciones del Ejecutivo y son los que lo controlan. Estas son declaraciones muy serias y que comprometen”, reflexionó el jurista.
Asumir rol importante
La coordinadora de Participación Ciudadana, Nora Elizabeth Sánchez (Lizzie), estima que “la misma Cámara de Diputados debería estar dando pronto algún tipo de declaración y debería estar asumiendo un rol importante en cuanto al personal que es parte de esa Cámara y que han dado declaraciones de esa naturaleza. “Si han estado involucrados en una situación como esta, deberían ser investigados”.
Riferos en la política
El sector de las bancas de lotería tiene un gran poder en el Estado, con funcionarios y legisladores que se dedican a este negocio. Esta realidad es deplorada por Participación Ciudadana. “Los partidos políticos en vez de estar eligiendo personas meramente por lo que aportan económicamente y por los recursos que aportan en una comunidad, deberían estar eligiendo las personas más probas en cada municipio”, señaló Lizzie Sánchez. [OJO-Diario LIbre-br/yr]
