Con la sentencia emitida el pasado 13 de diciembre por el Tribunal Constitucional (TC), las candidaturas independientes podrían ocupar en los próximos años un papel preponderante en el sistema político dominicano.
Lo anterior se debe a que no será un requisito postularse a través de una organización o movimiento político, sino por medio de entidades sociales, flexibilizando mucho más el acceso de cualquier ciudadano a los puestos de elección.
Para esto, los artículos declarados inconstitucionales fueron el 156 y 157, del cual ordenaron al Poder Legislativo retirar el término agrupaciones políticas para adicionar a las cívicas y sociales.
No obstante, hay algunos sectores que consideran todavía necesario la implementación de otros cambios para que este derecho no contenga ninguna debilidad en su ejecución.
Tal es el caso del método D’Hondt, un sistema basado en la proporcionalidad que se utiliza para distribuir los escaños de los diputados regidores y vocales.
Este esquema otorga más curules a los partidos que contienen mejores alianzas y acuerdos electorales, por lo que, según aseguran algunos, los candidatos independientes entrarían a una competencia desigual.
Pero, este medio consultó a algunos legisladores de bancadas políticas contrarias, registrando que la mayoría coincidió en que supuestamente “no existe ninguna necesidad de alterar el formato utilizado para la asignación de escaños, calificando además de desacertado el veredicto del pleno de la alta corte”. O que “anular la intermediación partidaria solo logrará el auge del populismo y la arrabalización de los procesos electorales”.
De pasada, otros dicen que supuestamente, “con la emisión de esa sentencia interpretativa, el TC desbordó sus competencias y trató de sustituir las atribuciones del legislador”.
Nuevo método
Mientras tanto, el Congreso Nacional tiene dos iniciativas que pretenden eliminarlo o modificarlo, una de esta apoyada por 40 diputados.
Esta es la pieza elaborada por el exdiputado José Horacio Rodríguez, la cual modifica el artículo 4 de la Ley 157-13, que establece el voto preferencial para diputados, diputadas, regidores; habilitando un nuevo mecanismo a través del cual se determinará la cantidad de escaños que obtendrán las organizaciones políticas, en función de la cantidad de votos.
La pieza tiene por objetivo colocar el método proporcional de Sainte-Legue o Webster en sustitución del método D’Hondt, ya que, según el legislador, esto podrá garantizar la representación de los partidos políticos minoritarios.
Sainte-Legue aplica una división con números impares para definir la cantidad de puestos que recibirán las entidades políticas.
Además, indicó que la adopción de esta vía utilizada en países de América Latina y Europa contribuirá a fortalecer el pluralismo político en el sistema del país, con la participación diversa en las curules del Congreso Nacional y las salas capitulares.
Voto directo
Por otro lado, se encuentra el proyecto de ley depositado el pasado 12 de diciembre por el senador Félix Bautista, la cual está centrada en la eliminación plena para colocar el voto directo y preferencial en estos niveles.
Este documento pretende modificar el artículo 294 de la Ley 20-23 del Régimen Electoral para establecer que los senadores, diputados provinciales, alcaldes, vicealcaldes, regidores, directores de distritos municipales y vocales serán electos mediante mayoría simple de votos.
Mientras que plantean mantener la proporcionalidad para la elección de los representantes nacionales, del exterior y de los organismos internacionales.
Tanto esta propuesta del senador Bautista, como la presentada por Horacio Rodríguez antes de culminar su cuatrienio, están siendo estudiadas por una comisión en sus respectivas cámaras legislativas.
Unificación partidaria
A pesar de las diferencias ideológicas y de interés que tienen los principales partidos políticos, estos lograron mostraron hace semanas una posición casi unificada, para señalar su repudio a la decisión del TC.
Tan concentrada es la posición que el presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, le pidió a la Junta Central Electoral (JCE) que convoque a los partidos políticos reconocidos para discutir la sentencia. (OJO-LD-av)