El canciller dominicano, Víctor ‘Ito’ Bisonó, anunció este viernes la decisión de la República Dominicana de cerrar su embajada en Nicaragua mientras «persistan las condiciones» que afectan al ejercicio de las libertades y los principios democráticos en ese país.
«Como no queremos que al mirar atrás se diga en el futuro que no supimos estar a la altura de las circunstancias, hago pública en la presente consulta de cancilleres la decisión dominicana de retirar nuestra embajada del hermano país de Nicaragua hasta tanto persistan las condiciones que aquí hemos denunciado», afirmó el canciller.
Bisonó hizo pública la decisión en su intervención en la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores de la Organización de los Estados Americanos (OEA), celebrada en Washington, y aseguró que responde a la política exterior definida por el presidente dominicano, Luis Abinader, que «tiene entre sus pilares la promoción y defensa de la democracia y los derechos humanos».
El canciller señaló que la respuesta regional debe «trascender los pronunciamientos y traducirse en acciones concretas», y manifestó que la República Dominicana «está dispuesta a respaldar, de manera proactiva y constructiva, los esfuerzos encaminados por la OEA para cumplir con el compromiso en materia democrática».
Además, Bisonó recordó que «numerosos países de la región han atravesado en distintos momentos de su historia períodos de dictadura y autoritarismo», experiencias que, señaló, «deben reforzar el compromiso colectivo con la defensa de las libertades, la institucionalidad democrática y los derechos de los pueblos de las Américas», detalló la Cancillería en un comunicado.
Esta decisión se produce después de que el 9 de septiembre la Cancillería Dominicana anunció que Nicaragua tomó la decisión de cerrar su embajada en Santo Domingo, y recordó que en julio de este año su Gobierno llamó a consultas a la embajadora acreditada en Managua «ante las recientes declaraciones de las autoridades nicaragüenses contrarias a los principios democráticos y las obligaciones asumidas en el marco del sistema interamericano».
Las tensiones entre ambos países aumentaron ese mes de julio cuando el Gobierno dominicano criticó las palabras del presidente nicaragüense, Daniel Ortega, quien afirmó que en ese país «no volverán a haber elecciones».
La Cancillería de la República Dominicana condenó entonces «en los términos más enérgicos» las palabras de Ortega y aseguró que una declaración de esta naturaleza constituye un «abierto desconocimiento de los principios esenciales de la democracia representativa y del derecho del pueblo nicaragüense» a elegir libremente a sus gobernantes mediante elecciones periódicas, libres, justas, transparentes y plurales.
En respuesta, el Gobierno de Nicaragua criticó que el pueblo dominicano tuviera «voces vasallas y servidumbres vergonzosas instaladas en sus máximas instituciones».
La Asamblea Nacional (Parlamento) de Nicaragua, controlada por el oficialismo sandinista, aprobó posteriormente en primera legislatura, de dos necesarias, una reforma parcial profunda a la Constitución Política que excluye de participar en cargos de elección popular a los opositores considerados «traidores a la patria» y amplía a siete años el mandato presidencial. (EFE-LD)
