Es un hecho que todo tratado de libre comercio tiene como su objetivo básico beneficiar al consumidor y obligar al productor, comerciante o empresario, a reducir sus costos y ganancias y actuar con la probidad necesaria que le permita tener un aceptable beneficio y sin afanarse en disponer de un lucro excesivo o desproporcionado y al mismo tiempo que se cumple con el fisco pagando religiosamente sus impuestos.
Sin embargo, en este país, tanto el comercio, el empresariado y hasta los sectores industrial y financiero y claro, con pocas excepciones, ninguno actúa queriendo que la riqueza se prodigue hacia una significativa mayoría nacional de ciudadanos con capacidad y desenvolvimiento de pago.
Al contrario, y como básicamente la “próspera” clase media se origina en la trepadora pequeña burguesía, la mentalidad que existe es la del enriquecimiento desproporcionado y sin importar como y mucho mejor si al amparo de una política de sustitución de importaciones. Los nuevos “industriales” son los primeros en trazar la tónica en materia de enriquecimiento desproporcionado, afán de lucro extremo y las peores practicas de lavado de activos y evasión fiscal.
Y es en función de esta realidad, que paralelamente se despierta un afán irrefrenable en materia de corrupción política y social y teniendo como eje mayor, a la mayoría de los comerciantes y fabricantes que se registran como suplidores del Estado y de los que recientemente, una parte demostró su terrible apetito de cometer ilícitos, al tomar por asalto y con consentimiento superior, el presupuesto del ministerio de Educación en la anterior administración y como calco de la serie de inconductas continuas que provienen de gobiernos anteriores.
Del mismo modo, ese capitalismo salvaje que vive dentro de los nuevos ricos de clase media y en particular, en los originados por la corrupción desde el poder, se hace evidente en los continuos reclamos que desde Hacienda se formulan para lograr que el empresariado pague sus impuestos y ni hablar del comercio, el que paralelamente, cada día le exige más al gobierno en materia de privilegios y canonjías y sin olvidar los pedidos continuos de cierta “flexibilidad” en las Aduanas.
Lo grave es, que si todos esos excesos en materia de disminución de costos, se vieran en los precios de los productos que comercializan y los consumidores se beneficiaran, en cierto modo podría ser pasable y si se entiende, que si hay dinero circulando y la gente está produciendo al trabajar, las finanzas públicas no estarían en rojo. Y que como se conoce, no es lo que está ocurriendo.
Sino que, al contrario, decididos a mantener el mercado atrapado, ese de que aquí solo circulen productos hechos o confeccionados en esta economía y naturalmente sin ajustarse a normativas de calidad y precio y manteniéndose la prohibición de nada que al país ingrese de productos del exterior y menos, del mismo tipo de los que aquí se fabrican y para remate, a precios competitivos.
He ahí el caso de los productores de arroz, quienes hoy y después de veinte años de beneficiarse del mercado atrapado, ahora ponen el grito en el cielo porque su competencia del exterior está a punto de poder entrar en esta economía sin pagar impuestos y solo para beneficiar al consumidor y al cumplirse el tiempo muerto por el que los productores criollos podían vender su arroz al precio que quisieran y sin exigencia en la mayoría de los casos, de calidad en su origen y lo que ha sido razón para que salgan en los medios escritos y protegidos por estos, clamen porque se revise el tratado de libre comercio DR-CAFTA, es decir, que se impida que los consumidores puedan beneficiarse de otro arroz de mejor calidad y más bajo precio.
Los arroceros hablan y de mentirosos, “que, si se destruye el sector, asimismo caerá el campo dominicano y se llevará a su paso todos los otros cultivos agrícolas”. ¿Dónde está el problema?, en que temen, que con la degravación del arroz extranjero contemplado en el DR-CAFTA para el 2025. Supuestamente, asumen que “la entrada en vigor de la degravación conlleve la desaparición de la producción nacional de arroz y así mismo de otros productos agrícolas, como el plátano y la yuca”, cuando lo que en realidad ocurriría, es que tendrían una baja en sus ingresos al tener que operar dentro de la libre competencia y sin disfrutar del monopolio de hecho que todavía tienen.
Ahora, apelan al chantaje y diciendo desde su presumible cartel de la Unión Arrocera Dominicana, que, y que no resiste el menos análisis, que “con el desplazamiento de la producción nacional no solo se perderá una fuente importante de empleos, si no que está propensa a aumentar la delincuencia en el país, por la disminución de ocupaciones”.
Realmente, nos conmociona observar como estos arroceros entienden el mundo en el que viven como si todo lo demás girara en su entorno y como si de los 10.5 millones de dominicanos, más de 8 millones no tuvieran acceso a internet y no hubiesen redes sociales, que con sus cruce de informaciones, no se darían cuenta de que sus argumentos y como ese de que “ a muchos le van a vender la idea de que a aquí se va a vender arroz más barato, eso no será así, desde que destruyan el aparato arrocero nacional, los precios se van a duplicar y a triplicar. Nos puede pasar como el vecino país Haití que desde que destruyeron el aparato arrocero vino crisis y hambre” es el colmo de la mentira y la inexactitud.
Expresamente en el mismo tono lastimero y de cobardes, se expresan otros sectores productivos que se han hecho millonarios en los últimos veinte años desde que esta economía se adhirió al DR-CAFTA y con el pretexto de tener un tiempo mayor para que sus iguales del exterior entren a la economía sin pagar impuestos y solo para beneficiar a los consumidores y porque aquellos saben trabajar dentro del exitoso esquema de economía de escala.
Ni que decir, que los políticos y sus partidos y como reciben cuantiosas donaciones de esos sectores nacionales, hacen lo indecible y junto a determinados medios y periodistas por complacerles y como es el caso de uno de apellido Mirabal, al que bautizan como “el rey del arroz” y quien, por su presumible monopolio, fija precios y determinada y presumible, media calidad del producto. Práctica que algún día tendrá que cambiar, mientras que por lo menos y en cuanto al arroz, a partir del 2025 los consumidores podremos consumirlo y ya teniendo las opciones extranjeras de comercialización y sin mercado atrapado.
Haciéndonos recordar, que República Dominicana, es un país en el que su comercio y empresariado se niegan a abandonar el mercado atrapado y rechazan los tratados de comercio como el DR-CAFTA. Los arroceros y de perversos, ya están al grito. (DAG)
