Totalmente de acuerdo con que a los empleados domésticos necesariamente hay que mejorarles sus ingresos y condiciones de trabajo e incluyendo seguridad social y cuido de su salud y fallecimiento, pero no al precio de que el empleo domestico sea igualado a uno en fabrica y con unas prestaciones propias de una empresa.
En este sentido, las resoluciones del ministerio de Trabajo que el Tribunal Constitucional anuló, lo que demuestran, es el estado de irrealidad de unos burócratas, que entienden que este país debe adecuar su legislación al convenio 189 de la OIT.
Y quienes ahora quieren que una casa de familia sea entendida como una empresa y a la que se quiere fijar a sus sirvientes, diez mil pesos de salario mensual, vacaciones, un horario de no más ocho horas, registro ante el TSS, cobertura mejorada del seguro familiar de salud, cobertura de riesgos laborales, pensiones de sobrevivencia y discapacidad, plan de inclusión de pensiones solidarias, asignación de pensiones de sobrevivencia para los dependientes directores de esos trabajadores “y en las mismas condiciones establecidas por la Ley Núm. 87-01”.
Es decir, en el ministerio de Trabajo quieren aniquilar el empleo doméstico, obligar a esos trabajadores a inmigrar a fábricas y zonas francas y por la simple razón, de que, si las disposiciones anuladas por el TC fueran reestructuradas para que el Poder Legislativo las emita como ley, no menos de 200 mil trabajadores perderían sus empleos y ante la incapacidad de los hogares de clase media para cumplir con semejantes disposiciones.
Debe buscarse una formula que haga factible una transacción dentro de lo posible y no que se quiera destruir a la clase media, imponiendo unas condiciones laborales de empresa que ningún hogar podría cumplir y que llevará al desempleo absoluto al trabajador doméstico. En esto, el gobierno debe dejar el populismo y ser pragmático y no afectar al motor de la economía que es la clase media a pueblo. (DAG-OJO) 13.06.2023 -económicas-
