Desde el inicio de su gestión ha sido su estilo y lo ha hecho sin que le tiemble el pulso. El presidente Luis Abinader no ha admitido ni permitido que funcionarios que hayan sido vinculados o sean señalados en actos dolosos que cuestionen su accionar en el desempeño de sus funciones o que salpiquen la institución de la que forman parte, continúen en sus puestos.
Las destituciones y las suspensiones no se hacen esperar en este Gobierno desde que, en cualquier momento, surgen escándalos o casos en los que se ven envueltos los servidores públicos o las entidades, debido a que el jefe de Estado ha sido de reacciones y respuestas inmediatas. En los catorce meses de esta gestión, la lista de funcionarios que han sido sacados del tren gubernamental ha ido aumentando y, mientras a algunos se les judicializa, otros solo han desaparecido de la exposición pública.
Entre los casos más recientes están los de los extitulares del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie) y del Instituto Postal Dominicano (Inposdom), Cecilio Rodríguez y Adán Peguero, respectivamente. El primero fue desvinculado de su puesto como director de la institución y sustituido por Víctor Ramón Castro Izquierdo, en medio de supuestas irregularidades detectadas en el proceso de licitación para los proveedores del desayuno escolar y, el segundo, fue suspendido de su cargo, como director, tras un escándalo de corrupción que se encuentra en los tribunales, en donde se le acusa de una alianza irregular con la empresa Mía Cargo, con la que presuntamente violentó las leyes 47-20 de Alianza Público Privada y la 340-06 de Compras y Contrataciones Públicas. En lugar de Peguero, fue designada Katiusca Báez de Hilario.
Otros funcionarios y casos
De los primeros casos que explotaron en esta administración se encuentra el de la exministra de la Juventud, Kinsberly Taveras, a quien el mandatario primero suspendió de su cargo, pero luego de que a esta se le investigara y se le interrogara por, supuestamente, beneficiarse del Estado como proveedora antes de llegar a ser funcionaria, esta renunció al puesto y en su lugar fue nombrada Luz del Alba Jiménez. Pero en esa institución los escándalos no han parado, ya que en la actualidad se ve envuelta en un proceso de investigación luego de que se denunciara un supuesto proceso irregular de compra y contratación que todavía no ha sido aclarado.
El 4 de agosto de 2021, Julio Antonio de la Cruz fue removido de su cargo de director general de Embellecimiento de Carreteras y Avenidas de Circunvalación, por supuestas irregularidades, entre las que se citan sobrevaluaciones en compras, contrataciones y adjudicaciones “fantasmas”, además de nepotismo.
Uno de los casos más sonados en los catorce meses de esta gestión fue el destapado en la Lotería Nacional, donde se descubrió una estafa, mediante un sorteo, de unos 500 millones de pesos. El caso llegó a los tribunales y se vinculó a quien en ese momento era administrador de la entidad, Luis Maisichell Dicent, y ahora guarda prisión preventiva por su supuesta implicación. En medio de las investigaciones este fue suspendido y luego destituido del cargo por el gobernante. En su puesto fue designado Teófilo “Quico” Tabar Manzur.
A los demás también se agrega la destitución del director regional de Aduanas con sede en la provincia Santiago, Antonio Gómez Díaz, acusado de violación sexual. También se añade la destitución de la gobernadora de Samaná, Elsa Argentina de León Abreu, quien había declarado que haría una fiesta por los fallecidos por covid-19 que no se habían vacunado. En diciembre del año pasado, Abinader canceló al que en ese momento era viceministro de la Dirección de Control de Porte y Tenencia de Armas de Fuego del Ministerio de Interior y Policía, Víctor Miguel Polanco Severino, por supuestas irregularidades en los procesos de expedición de las licencias para el porte y tenencia de armas y con él también fueron desvinculados otros 52 empleados. Una destitución que nunca fue explicada por el Gobierno ni por el Presidente fue la del exministro de Salud Pública, Plutarco Arias, quien fue sustituido por Daniel Rivera. Cuando este fue removido del cargo se hablaba de una presunta sobrevaluación en la compra de jeringuillas.
En el Cestur y el Instituto Agrario Dominicano
Al relacionársele en el entramado de corrupción que el Ministerio Público denominó caso Coral, en el que presuntamente altos militares desviaron miles de millones de pesos del Estado, el exdirector del Cestur, Juan Carlos Torres Robiou, puso a disposición de Abinader su cargo en marzo de este año y semanas después el mandatario nombró a Minoru Matsunaga como titular de esa entidad. Aunque en ese momento a Torres Robiu sólo se le interrogó, no fue hasta la pasada semana cuando a este se le apresó por su presunta implicación en el caso. Una denuncia por acoso sexual de una empleada del Instituto Agrario Dominicano, llevó a prisión al que fuera director de esa entidad, Leonardo Faña, acusado de ser la persona que abusó de la señora. En el proceso judicial se comprobó la inocencia de Faña y se le descargó, pero el escándalo le costó el puesto. Primero, el Presidente le suspendió, pero a ello le precedió su destitución y en su puesto fue nombrado Francisco Guillermo García G.
Fuente: El Caribe
