A menos de tres meses de que entre en vigor el nuevo Código Penal, previsto para agosto, el Congreso Nacional enfrenta una presión para revisar su contenido. El debate gira en torno a si las modificaciones deben realizarse antes de su aplicación o una vez que la ley ya esté vigente.
La discusión cobró fuerza tras las declaraciones de Jorge Subero Isa, consultor jurídico del Poder Ejecutivo, quien consideró oportuno revisar la legislación promulgada en agosto de 2025, luego de más de dos décadas sin avances en el Congreso.
En el ámbito legislativo, las opiniones están divididas. Diputados como Ramón Bueno y Amado Díaz sostienen que lo más conveniente es permitir que el Código Penal entre en vigencia y, posteriormente, introducir ajustes en función de las recomendaciones de distintos sectores. Argumentan que este mecanismo ya se ha utilizado en otras normativas, donde primero se aplicó la ley y luego se perfeccionó con cambios consensuados.
En cambio, legisladores como Eugenio Cedeño y Charlie Mariotti defienden aprovechar el período de vacatio legis para corregir posibles fallas antes de que la ley entre en vigencia. Cedeño advirtió que posponer esas revisiones sería un error, al señalar preocupaciones sobre el aumento de las penas y la ausencia de mecanismos que permitan revisar las condenas y favorecer la reinserción social.
Mariotti, en cambio, fue más crítico al afirmar que la normativa contiene excesos que deben corregirse de inmediato. Señaló que el Congreso no aprovechó adecuadamente el período de transición para hacer ajustes y alertó sobre aspectos sensibles, como la responsabilidad penal de partidos políticos, iglesias y otras entidades jurídicas.
Con la fecha de entrada en vigor cada vez más cercana, el Congreso deberá decidir si impulsa cambios de forma inmediata o si permite que el Código Penal comience a aplicarse antes de introducir reformas. (EC-OJO-jj)
