Para aclarar las cosas de tal modo que todos los dirigentes políticos, funcionarios y exfuncionarios estén en igualdad de condiciones frente al tema de la corrupción y la transparencia, es necesario que el Ministerio Público se arme de valor y aplique al pie de la letra lo que establece la Constitución de la República en torno a la corrupción.
He dicho y escrito en múltiples ocasiones que el patrimonio de todos los que han ocupado posiciones públicas en los últimos 20 o 25 años sea rigurosamente investigados a partir de lo que dice la Constitución. Para hacer eso no hay que esperar la aprobación de la ley de extinción de dominio. Y de ese modo sabremos “quién es quién”, sabremos quién habla por hablar, quien tiene calidad moral para hablar y quién no, quién debe estar en la cárcel y quién puede seguir en libertad, para sanear y transportar la actividad política partidaria.
La Constitución aprobada precisamente por el Partido de la Liberación Dominicana, pero que fue letra muerta durante 16 años, dice:
“Será sancionada con las penas que la ley determine, toda persona que sustraiga fondos públicos o que, prevaliéndose de sus posiciones dentro de los órganos y organismos del Estado, sus dependencias o instituciones autónomas, obtenga para sí o para terceros provechos económicos;
2) De igual forma será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados;
3) Es obligatoria, de acuerdo con lo dispuesto por la ley, la declaración jurada de bienes de las y los funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones o a requerimiento de autoridad competente;
4) A las personas condenadas por delitos de corrupción les será aplicada, sin perjuicio de otras sanciones previstas por las leyes, la pena de degradación cívica, y se les exigirá la restitución de lo apropiado de manera ilícita;
Ya quisiera ver la “idoneidad” del patrimonio de todos los miembros del Comité Político del PLD, de ahora y de antes de dividirse. De igual modo, sería más que interesante investigar las fortunas de todos los exministros y directores generales de los gobiernos de ese partido y del actual PRM.
No es el Ministerio Público quien debe demostrar la procedencia de las riquezas de ningún político, es a los “funcionarios públicos, a quienes corresponde siempre probar el origen de sus bienes, antes y después de haber finalizado sus funciones a requerimiento de la autoridad competente”. Por: Juan TH [El Nacional]
