Ahora que el debate sobre la sustitución o no de la cesantía ha tomado nuevos bríos con la presentación de nuevas propuestas, entre ellas la de poner un límite de seis años para los empleados de nuevo ingreso y establecer un monto máximo a la cesantía, equivalente a 10 veces el salario mínimo del sector laboral al que pertenece el empleado, se hace oportuno señalar que en este, como cualquier otro tema, el ejercicio responsable sugiere que no nos opongamos al cambio, aunque sí debemos asegurarnos de que sea beneficioso para los trabajadores (los de hoy y los de mañana) y la sociedad en su conjunto.
El hecho de que desde tiempos lejanos el sector empresarial haya estado exigiendo ese cambio, sin que su larga lucha haya terminado en el desmayo, debe servir para que nos abramos al sentido común para que nos conduzca por los claros caminos del entendimiento y lleguemos a la conclusión de que algo hay que hacer.
Para que las huellas que dejemos a nuestros pasos sean aciertos, lo primero que debemos hacer es nutrirnos de la experiencia de los diferentes modelos que se han aplicado en el mundo con iguales propósitos.
Para empezar, podríamos recurrir a un estudio de la Cepal, de la autoría de Mario D. Velásquez Pinto, que ya habíamos comentado el 16 de octubre pasado, a través de estas páginas vestidas por el color de la esperanza.
En ese estudio aflora que las indemnizaciones, que es lo mismo que la cesantía, aparecen regularmente asociadas con efectos no deseados, tales como forzar renuncias, despidos anticipados y conductas orientadas a provocar el despido, como una única vía para obtener tales prestaciones.
Además, las disputas laborales que generan constituyen regularmente la mayor carga de trabajo de los juzgados laborales en América Latina, lo que muestra que ese beneficio, en muchos casos, no necesariamente es recibido por los trabajadores o, al menos, en el momento en que efectivamente se requiere.
República Dominicana no ha estado ajena a esa realidad.
En el caso del seguro de desempleo, que es otro mecanismo de compensación en beneficio del trabajador, el estudio de Velásquez Pinto plantea que las evaluaciones disponibles indican que ese tipo de programas no constituye una red de seguridad para los trabajadores más pobres, ya que en general, esos programas benefician a trabajadores asalariados de los deciles medios de ingreso.
El informe de la Cepal arroja mejores resultados en el caso de las Cuentas de Ahorro Individual por Desempleo, que ofrecen la ventaja de “internalizar en los trabajadores el costo de los beneficios de desempleo, ya que forman parte de su patrimonio, con lo que se evita el riesgo moral presente en muchos esquemas de seguro y, por lo mismo, también presentan ventajas respecto de las indemnizaciones por despido”.
Pero, en el caso de nuestro país, donde los salarios son bajos y ya el trabajador y el empleador aportan a la cuenta de capitalización individual de la seguridad social, este instrumento no resultaría de fácil aplicación.
Sea cual fuere la opción que escojamos, que no debe ser en desmedro de los derechos adquiridos de los trabajadores, debe garantizar, además del beneficio para los trabajadores ya contratados, que se generen las condiciones para crear nuevos empleos, que es lo que en definitiva garantizará una mejora continua de la calidad de vida de los asalariados de las presentes y futuras generaciones. Y, manteniendo una porfía sin fin esto no será posible. Por: Mario Méndez (hoy)
