El laberíntico recorrido para convertir en ley el proyecto de extinción de dominio deja un mal sabor sobre el comportamiento del liderazgo político y congresual.
La ley, mandato de la reforma constitucional del 2010, registraba amplio rechazo, sobre todo en privado, pero después de recias controversias se impuso una versión sin consenso en el Senado, pasó a los diputados y Alfredo Pacheco logró la magia de la unanimidad en cinco días, pese a casi 50 modificaciones y de vuelta a la cámara “alta” y sin autocrítica, fue aprobada con todos los votos. Y “los gringos tienen su ley”.
Posiciones intransigentes, “de principio” desaparecieron en horas porque, según había adelantado el presidente de la comisión bicameral, Pedro Catrain era un “compromiso político y social” aprobar el proyecto antes del cierre de la legislatura.
Las imputaciones calumniosas de los enfrentados, dio paso a salutaciones por el “consenso logrado”, y de inmediato los tres bloques principales se atribuyeron la paternidad de la iniciativa.
Los cambios reclamados por empresarios, abogados constitucionalistas, entidades de la sociedad civil y opositores políticos durante meses fueron ignorados en el Senado, pero luego del paso del proyecto por la Cámara de Diputados, aceptados a unanimidad sin el menor rubor.
La comisión que encabezó Catrain fracasó después de año y medio de “consultas con todos los sectores” concernidos lo que provocó fuertes emplazamientos del mandatario Luis Abinader y el “sí o sí” del presidente del PRM, José Ignacio Paliza.
Pacheco recibió un proyecto con advertencias de amplios sectores de que no pasaría el cedazo del Tribunal Constitucional por ser aprobado como ley ordinaria, consignada la retroactividad con ropaje diferente y la presunción de ilicitud.
El experimentado y hábil presidente de los diputados, sí consultó de forma directa y por la vía de intermediarios al liderazgo nacional y a todos los que recelaban de la aprobación senatorial o tenían algún interés o capacidad de echar un jabón al sancocho.
El presidente de los diputados hizo un relato completo a Listín Diario de los pasos dados y de los esfuerzos para lograr un real consenso, tarea que calificó como la más retadora y difícil de su dilatada carrera legislativa.
Los textos y correcciones pasaron por los despachos del presidente Abinader y de los expresidentes Danilo Medina y Leonel Fernández, abogados constitucionalistas, empresarios y senadores. Pacheco y el senador Antonio Taveras, uno de los proponentes de la pieza, aparcaron sus diferencias ya que la tarea los obligaba a permanentes consultas.
Representantes del gobierno de los Estados Unidos, país que ejerció presión y brindó ayuda técnica para lograr la ley, estaban apostados en oficinas del Congreso Nacional y revisaban los textos para evitar, según fuentes congresuales, que las modificaciones cambiaran la esencia de la ley que extingue el dominio de los bienes mal habidos. Por esto, la embajada saludó la conversión en ley del proyecto, minutos después de la sanción senatorial.
Habrá un año para ajustes y elaboración de un reglamento que no podrá “corregir” la ley, como ocurre maliciosamente con otras legislaciones.
Empero, en el examen a posteriori de los detalles se lían las partes y ya se advierten algunas preocupaciones.
Antonio Taveras adelantó mediante un tuit el sábado último que no “habrá borrón y cuenta nueva” ya que “el artículo 7 considera absolutamente nulo cualquier negocio o transacción que conduzca a enriquecimiento ilícito. Y no importa el tiempo que haya pasado, el Estado nunca dará derecho a nadie sobre bienes que hayan tenido origen en la corrupción u otros delitos, por lo tanto, esta ley sí hará posible que recuperemos lo robado”.
¿Retrospectividad? Por: Cristhian Jiménez [Listín Diario]
