A través de la declaratoria de urgencia y en dos discusiones consecutivas, el Senado de la República aprobó este martes un proyecto de ley elaborado por el senador Félix Bautista.
Esta pieza tiene el objetivo de prohibir, por medio de la prevención, la importación hacia el territorio dominicano de mercancías producidas por personas sometidas al trabajo forzoso.
De esta manera, Bautista busca que el Gobierno de Estados Unidos reduzca de 12.5 % a 10 % los aranceles establecidos a las exportaciones realizadas por los comerciantes dominicanos cuando se dirigen hacia ese país.
Según explicó el congresista, variar la decisión adoptada el pasado 23 de julio por Estados Unidos representaría una disminución de aproximadamente USD$182 millones “que los exportadores dominicanos se ahorrarían” cada año.
“(Esto coloca a República Dominicana) al mismo nivel de competencia de países como México, El Salvador, Honduras, Guatemala, Ecuador y Argentina, que solo pagan un diez por ciento cuando sus productos entran al mercado americano”, explica el legislador de la Fuerza del Pueblo (FP).
¿En qué consiste el proyecto?
La iniciativa que deberá ser sometida al escrutinio de los diputados propone excluir de los sectores productivos dominicanos todos los productos realizados a través del trabajo forzoso.Esto se refiere a la labor exigida a un individuo bajo la amenaza de una pena “y para la cual no se ofrece de manera voluntaria”.
“Incluye, entre otras manifestaciones, el trabajo en condiciones de servidumbre por deudas, la retención de documentos de identidad, el confinamiento en el lugar de trabajo, las amenazas de denuncias a autoridades migratorias, violencia física o psicológica y el engaño”, versa el texto del documento.
¿Cómo lo identificarían?
El Ministerio de Trabajo (MT) y la Dirección General de Aduana (DGA) serían las autoridades técnicas encargadas de evaluar la existencia de estos casos en las cadenas de suministro.
Para hacerlo, esa institución gubernamental podrá tomar en consideración informaciones provenientes de fuentes nacionales, internacionales, públicas y privadas.
Dentro de estas se encontrarían las suministradas por importadores, exportadores, operadores económicos, asociaciones empresariales, informes por organismos internacionales, otros Estados, denuncias, investigaciones periodísticas, académicas, entre otros.
La DGA tendría la responsabilidad de crear un Registro Público de Prohibiciones de Importación por Trabajo Forzoso público que contendría de manera detallada los artefactos vetados para la República Dominicana.
Otra oportunidad
El productor, suplidor o importador castigado por el Gobierno dominicano tendría el derecho de solicitar una revisión para retomar la posibilidad de seguir con sus operaciones comerciales.
De acuerdo con lo indicado en la pieza, el empresario identificado como culpable por la DGA y el MT tendrían que cesar completamente el trabajo forzoso, reparar los daños causados a las víctimas y aplicar medidas estructurales “que garanticen la no repetición” de esta acción.
La iniciativa presentada por Bautista recibió el respaldo de otros 12 senadores, quienes le acompañaron como proponentes.
El pasado 28 de agosto, el representante de la provincia San Juan se reunió con la vicepresidenta de la República, Raquel Peña, y el ministro de Relaciones Exteriores (Mirex), Víctor Ito Bisonó, para solicitarle al Poder Ejecutivo su respaldo. (LD-av)
