En lo relativo a la política del poder y sus luchas internas no hay nada escrito, lo impensable puede suceder y aquello que menos se piensa podría darse, solo es que determinados factores coincidan en tiempo y lugar.
Por ejemplo, ahora mismo y provocado por la Dirección Nacional de Investigaciones (DNI) cuyo director Luis Soto, está visto que entiende que la coercitiva cómo represiva ley 1-24 ha sido hecha para él, se ha desatado desde la comunidad de inteligencia castrense oficial, una formidable pugna de intereses y egos, que si el presidente de la República dejara que se le salga de control, a nuestro juicio, precipitará ciertos acontecimientos, que a nuestro modo de ver, el mismo Abinader tiene muy lejos en estos momentos que estén en sus propósitos.
Sí es cierto que el fenómeno que se ha desarrollado dentro de la comunidad de inteligencia y data del sector privado y que capitanean los principales bancos de la República y encabezados por el servicio particular del Banco Popular y por mucho, se le han ido en ventaja y preparación táctica a su contraparte del sector oficial, así como no es menos, que la entrada de un nuevo ramal, la empresa AURIX, que desde el 2012 ha estado sacándole amplia ventaja a su competencia natural público y privada, parecería que ha innovado tanto en el sector, que los dos grupos competidores han decidido enfrentarla y ponerla a soga corta.
Sin embargo, el dilema creado al Poder Ejecutivo no es poca cosa. Porque indudablemente, los excelentes servicios que marginalmente le prestaba esta última y como factor de contrapeso ante el aluvión de información clasificada que bancos y DNI le facilitaban al mismo Abinader, obliga a que el primer mandatario sea creativo y que, de alguna manera, deba pensar como escapar de las manos e influencias de todo el sector.
Por eso, el espectáculo para las masas, montado por un Ministerio Público, que abiertamente se muestra totalmente dependiente del presidente y disimuladamente, de todos esos intereses en pugna y al mismo tiempo colaboracionista de la dirección de la DNI, nos da a entender, que la lucha entre poderes y sus influenciadores pasa ya de un nivel táctico, por el que todos esos actores podrían terminar estratégicamente debilitados.
Y es que desde el momento que los jueces del tribunal permanente capitaleño, se decidieron por emitir la sentencia populista llena de trampas que afecta a los implicados del caso Camaleón y la que ya está desbordando competencias, en la misma medida, coloca en cuestionamientos ciertos y ante el mismo Poder Ejecutivo, las pretensiones de los enemigos “por armas de espionaje” quienes de buenas a primeras y en vez de llegar acuerdos estratégicos entre sí, han preferido irse a las manos con el sector emergente, que ha demostrado que es más capaz y dinámico y no tanto para desplazarles y sí para cuestionar la ineficacia de sus contrarios.
Se tiene entonces, que la decisión de los jueces de ese tribunal, de una manera sorpresiva y lo que debe decirse, arrastra el mismo destino de Abinader y al mismo tiempo y al precipitar una guerra de inteligencia público-privada y si el primer mandatario no reflexiona a tiempo, hasta podría y en la que todos los implicados estarían enormemente perjudicados y por perder credibilidad ante el resto de la nación. Clientes en los casos del mundo financiero y ciudadanos en lo referente a las instituciones oficiales.
Pero también hay algo más, que el apresamiento y decisión de meter tres de esos personajes involucrados, presos por 18 meses y si las apelaciones que se harán a la sentencia no prosperaran y si al mismo tiempo el ministerio público no se sincera y explica porque fue tan suave con el detenido, Frank Díaz Warden, representante de Hugo Beras en el departamento de compras del Intrant o mejor aún, revisara su expediente e igual el otro, Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, director de Tecnología del Intrant, podría suceder, que entre el papeleo burocrático, realmente, se pierda quien a nuestro juicio, reúne las características de haber sido un factor decisivo en la decisión de administración que se les involucra y máxime, cuando se conoce que la juez presidente, siempre ha trabajado en áreas especializadas y tras bastidores en el ministerio público.
Desde luego, nosotros no le vamos hacer el trabajo al ministerio público y menos a los intereses creados que coinciden en la comunidad de inteligencia, pero sí recordamos, que en su momento y por lo que se estaba presentando, habíamos dicho, que al gobierno le convenía más pactar un entendimiento con todos los involucrados -buenos y malos- y no arriesgarse a que se desarrollara la situación tan crítica, de todo un país cuestionándose del porqué desde la DNI se ha estado actuando para favorecer a su competencia natural en inteligencia y data, tanto del sector financiero como de determinados empresarios del mismo ámbito.
Derivándose esta situación -que de seguir- se convertirá en absolutamente inmanejable y que será una bomba de tiempo para la supervivencia y gobernabilidad política. Y por la que y de hecho, provocaría que el gobierno pierda la oportunidad de que su sector de espionaje entienda, que es mejor tener una especie de alianza pública-privada de inteligencia y data: Banco Popular-Vicini-ABA vs. Banco de Reservas-PN -Indotel-DNI.
Pues lo que hay ahora y que se achaca a AURIX, en realidad, comenzó cuando el presidente Hipólito Mejía facilitó en el 2003 que el principal banco de desarrollo, el Continental (BANINTER) fuera repartido entre el Banco Popular y cuatro bancos más y de manera particular, reforzando sus mecanismos de inteligencia y data, que ahora gritaron y porque la extraordinaria como eficaz competencia joven del dueño de AURIX, realmente casi les estaba sacando de juego con su entrada de instrumentos de alta tecnología de imagen y movilidad, los que hace rato se han repartido como si fuera el resultado de una piñata.
A este punto, es importante que nuestros lectores entiendan, que ese sector privado y en alianza extraña con la DNI, de hecho, tiene ahora el monopolio casi absoluto de la vigilancia en imagen y data y telefonía y sus jefes, pensando en un solo propósito, desplazar a Abinader del poder y quitándole fuerza de información desde ahora y para imponer su candidato, el actual ministro de Turismo Collado-Vicini, quien cree que sabe jugar en la cuerda floja y de paso, quitarle hegemonías al PRM.
Otro punto es, que, por el resultado de la refriega montada, ahora es cuando el gobierno está en las manos de la banca que no controla y la que perfectamente, cuando lo quiera, puede disponer que sus bancos cierren las cuentas oficiales o que no haya circulante. Esperamos que Abinader le de mente y se lo decimos en criollo, para que entienda el peligroso callejón sin salida en el que ya está metido.
Nosotros, siempre hemos aprovechado cuando el conticinio llega, pues como es la hora en que todo está en silencio, nos facilita las cosas para que el pensamiento y el análisis discurran mejor. Quizás, mucho de esto es lo que le falta al oficialismo y a los aliados oportunistas que la DNI se ha agenciado desde el sector privado de inteligencia y data y lo decimos porque al final, a todo y de continuar la refriega, les saldrá el tiro por la culata.
De ahí que planteemos, que, si la partidocracia se descuida y el pleito de competencias en la comunidad de inteligencia se extiende a sus ramales en los bancos del sistema financiero, al final, podría suceder una reedición de la dictadura cívico militar uruguaya, pero mañana como dictadura militar populista y con Luis a la cabeza y ahí pierde la democracia. Con Dios. (DAG) 12.10.2024
