Independientemente de que cada persona es libre de tener su particular criterio respecto al expediente abierto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) la realidad es, que el mismo y por lo que en él se dice, debe ocasionar vergüenza ajena ante el cumulo de barbaridades e ilícitos que salen al descubierto y por lo que, ya no es asunto de que los imputados puedan tener buenos abogados o serlo, sino de como harán para tratar de ganarse la credibilidad por parte de la ciudadanía.
Y es que cuando se repasa el rosario de imputaciones y se le compara con lo ocurrido en los casos de corrupción de militares del cuerpo de ayudantes de la presidencia o en el relativo a hermanos del expresidente Danilo Medina y ni hablar respecto al que envuelve al exprocurador Jean Alain Rodríguez y sin dejar el otro de la Lotería, la impresión que se tiene, es que en este país y para los políticos y gobernantes, la norma ha sido colocar en puestos claves de administración, a delincuentes de cuello blanco cuyo único objetivo es tomar por asalto la cosa pública.
Este de ahora, que tiene que ver con el exministro de Hacienda, Donald Guerrero Ortiz, es y sin duda, el colmo en cuanto amoralidad absoluta y que comparando con la foto del exfuncionario que sale en los mass media y en los que se presenta como un santico que no rompe ni un plato y lo que da, es mucho coraje por parte de quienes tenemos que trabajar diariamente y con ingresos magros y el alto costo de la vida que nos ahoga y quienes nos la vemos y deseamos para llegar a fin de mes.
Con todo y por decencia personal y respeto al sistema de justicia, hay que presumir la inocencia de los involucrados en tantos ilícitos y esperar que en un juicio de fondo para conocer cual es la realidad cruda en materia de responsabilidad de cada uno de los imputados, la nación pueda entender a qué atenerse.
Desde luego, que el principio de inocencia se respete, no quiere decir que todos los ciudadanos no podamos tener nuestro propio criterio de culpabilidad y frente a un expediente, que por lo que se lee, no deja dudas de la asociación de malhechores que se conformó, así como tampoco se deja de entender, por qué el ministerio público expone sobre lo que denomina los “tipos penales preliminares, de asociación de malhechores, falsificación, estafa contra el Estado, sobornos, coalición de funcionarios y lavado de activos”.
Pena, que al final y debido a la burocracia del Poder Judicial, todos y cada uno de estos casos criminales de corrupción desde el poder, sus resultados vengan a conocerse entre el 2024 y el 2028 y que sería una forma de impunidad para los mismos procesados y en la práctica, una burla burda a la atrapada opinión pública y en cuyo sector mediático amarillista ya hay posturas a favor y en contra y con el único propósito de que la gente se olvide este y otros casos. ¡Pobre nación! (DAG)
