Desde que estallara en febrero del año pasado la invasión rusa a Ucrania y como fase esperada de la reacción rusa al golpe de Estado dado por EEUU y aliados en el 2014 contra el gobierno prorruso electo allí, nunca nos cupo la menor duda y ahí están nuestros archivos para comprobarlo, que la guerra en esa parte de Europa y por su alto significado geopolítico y agudizado por la escalada armamentista que EEUU y aliados de Occidente llevan contra Rusia, la situación derivaría a nivel dominicano, qué razonablemente se entienda que el proceso eleccionario del año que viene pudiera resultar afectado.
Y esto así, porque al lanzarse la batería de sanciones económicas occidentales pretendiendo aplastar a la economía rusa, por derivación y al ser la Federación de Rusia la importante potencia global que, junto a la otra emergente de China Popular, la deriva de los efectos globalizadores generará una muy seria desestabilización en el resto del planeta y en particular para República Dominicana y al ser esta una nación clave geoestratégicamente hablando en el área caribeña.
Lamentablemente, la estupidez y el cretinismo de los políticos dominicanos y tanto de gobierno como de oposición, no les ha permitido entender que el destino dominicano de los próximos doce meses está signado por aquellos acontecimientos bélicos y al extremo, de que existe la probabilidad, de que el sistema político pudiera llegar al límite y el proceso continuo de gobernabilidad positiva se resquebraje.
En este aspecto, en el país político, sus integrantes están haciendo como que nada ocurre y desatándose un negacionismo colectivo, que ha llegado al extremo, de que estando esta economía al borde una estanflación (inflación muy alta y economía estancada) más que preocupante y dando señales de que los precios de todo se han ido más allá de las nubes y la moneda nacional resistiéndose y al grado, de que el poder adquisitivo del peso dominicano mengua y para colmos no hay circulante, sino que al contrario, las muestras evidentes de que una seria crisis económica y financiera han empezado a presentarse y de hecho, inquietando a la población y esto en cuanto a la economía real, no a la otra clandestina propia de la burguesía y su lavado de activos e ingresos por narcotráfico.
Ante semejante panorama, lo menos que se puede decir, es que parecería que muchos funcionarios públicos están actuando con grande y frívola irresponsabilidad y simplemente, porque el activismo político electoral se ha apoderado de la mayoría y tanto, que no hay día que desde el sector mediático se alerte sobre la problemática o que desde las redes sociales no cunda la marcada histeria, que de hecho tiene con gran desesperación, tanto a ciudadanos de a pie como de clase media pobre, quienes sienten en sus bolsillos que los dineros que producen su valor se les achica fuertemente y que pierde su valor en no menos de un 50 por ciento.
Y como si todo lo anterior no fuera un escenario más que preocupante, se denuncia, que el ministerio público y desde la Pepca, ha desatado y de parte de sus dos principales autoridades y quienes por lo visto y a como dé lugar quieren evitar que los abogados defensores en los sonados casos de corrupción que esa dependencia lleva, puedan ejercer sus obligaciones y compromisos con sus clientes y a los que agentes de ese ámbito de la procuraduría general de la República, presionan para que se retiren y de esa manera, los clientes abandonados tengan que aceptar la imposición de nuevos abogados que la PGR les sugiera.
La práctica y por lo que se denuncia, no solo que es la primera vez que se presenta dentro del ejercicio de la defensa penal y que marca un antes y un después en lo que ya es una cruda etapa de terrorismo judicial desde la PEPCA-PGR, sino que muestra la poca sustentabilidad de los argumentos y acusaciones de los fiscales, que tienen que salir a presionar a los imputados y para que, si quieren negociar, renuncien a sus abogados.
Al conocerse la insólita situación, necesariamente que se debe llegar a la conclusión de que los expedientes de los fiscales no resisten la investigación objetiva de los abogados defensores y que, para no tratar de quedar en ridículo, los fiscales ahora buscan ejercer las absurdas medidas draconianas fuera de todo sentido de razonabilidad.
Ni que decir, que con las denuncias presentadas en estrados por los abogados Jorge Lora Castillo, padre e hijo, se testimonia y se plantea públicamente una inconducta procesal realmente desagradable como abusiva y que al ser atentatoria del ejercicio profesional de la abogacía, se supone que deberá obligar al Colegio de Abogados a pronunciarse y condenar el hecho y a periodistas y medios de comunicación, a reevaluar el comportamiento litigante del ministerio público y de paso, poner en duda todas las acusaciones que la PEPCA-PGR ha emitido en contra de los supuestos involucrados en los nueve sonados casos de corrupción que ahora ocupan el tiempo de los tribunales y la atención de toda la República y en particular, en el referente al denominado caso Medusa.
Lo más preocupante, es entender, que, al ser la procuradora general de la República y los subprocuradores a cargo de enfrentar la corrupción desde los cargos públicos, funcionarios nombrados por decreto presidencial, con el mal proceder que ahora se denuncia, se coloca en una situación delicada al mismo Poder Ejecutivo y al ser este el responsable final y de acuerdo con la Constitución de la República, de todo lo bueno o malo que hagan sus fiscales.
Ahora y por la denuncia planteada, lo menos que también se debe decir, es que el Poder Legislativo debería ejercer la acción de fiscalización más expedita y la ciudadanía exigir respuestas frente a lo que se muestra como un insólito atentado contra el estado de derecho y que de continuar, marcará y definitivamente, que la ciudadanía no crea absolutamente nada de lo que esté haciendo ese ministerio público.
Mientras tanto y por lo que se está viendo y en términos políticos, parecería, que una propuesta de reelección presidencial constitucional está siendo tergiversada por funcionarios gubernamentales y miembros del partido oficial, el PRM y ante lo cual, la dirección oficial de Ética Pública, por obligación debería pronunciarse.
En la práctica, lo que hay, es también un abierto sabotaje contra la reelección constitucional del presidente Luis Abinader y por parte de un ministerio público embaucador, autoritario y rudamente inmoral, que, por lo visto, se cree dé a verdad que es absolutamente independiente al Poder Ejecutivo.
Entonces y cuando se ve todo este escenario de manera generalizada, hay que entender, que, si la guerra en Europa se intensifica y los desagradables métodos nazistas ucranianos llegan a primar mucho más, nada ni nadie podrá evitar la escalada nuclear de una guerra global que ya es de lucha de dominio y áreas de influencia.
Como efecto de lo anterior, aquí en República Dominicana, nuestra realidad actual cambiará drásticamente y por influencia estadounidense y tanto, que hasta toda la gobernabilidad pudiera ser interrumpida y la fase de un militarismo castrante pudiera ser impuesto a la autoridad civil. Abinader, debe y tiene que ver toda esta realidad y porque en todo caso, sería el gran perjudicado.
Terminamos y solo diciendo, que estamos frente a una fase de surrealismo puro. Por un lado y desde el exterior, probable contraofensiva de Ucrania contempla atacar Moscú y por el otro, en nuestro patio, ministerio público acorrala y presiona imputados y obligándoles a que retiren sus abogados y coloquen aquellos que los fiscales les señalen. ¡Alucinante! (DAG) 29.04.2023
