Parecería que sí, que es cierto que República Dominicana sea “un faro” de supuesta estabilidad democrática, cuando se observan cuatro hechos sobresalientes: Que la población no tiene acceso a la prosperidad de la burguesía, que el indicador de pobreza continua preocupante por su bajo nivel, que el país político solo es para los miembros de la partidocracia y lo más grosero, que la institucionalidad ha sido secuestrada por una casta política parapetada desde las cámaras legislativas y lo peor, con un sistema de prensa totalmente desconectado de los ciudadanos.
En este sentido y cuando se estudian con detenimientos todos los factores anteriores se entenderá, que el Talón de Aquiles de la democracia dominicana y su gobernabilidad, radica en la poca presencia participativa directa de una población acostumbrada al clientelismo político, más el grave testimonio de tantos indicadores sobre el desarrollo humano, que hablan de una sociedad absolutamente injusta y sin acceso a la mayoría ciudadana.
Sin duda, que bien puede hablarse, de que esta nación se encuentra totalmente secuestrada por una clase política y gobernante, en la que todos sus miembros se turnan y de una u otra manera en el ejercicio del poder, en tanto como fachada exterior, parecería que es cierto, que los símbolos e instrumentos del Estado funcionan plenamente.
Solo hay que ver, que, en lo concerniente a la separación de poderes, la realidad indica lo opuesto a lo que se ve y se vive, que los poderes Legislativo y Judicial, realmente se encuentran supeditados al Poder Ejecutivo y el que, para desconcierto de muchos, continúa actuando exactamente como 62 años atrás se representaba el Poder Ejecutivo personal, dictatorial y centralizador, de cuando la Era de Trujillo.
Y es que increíblemente y con todo que, desde el asesinato de Trujillo y la caída de su régimen desarrollista, pero de fuerza, median 62 años y que de 2.5 millones de ciudadanos ahora hay 10.5 millones para un crecimiento en ese lapso de 8.5 millones de nuevos dominicanos, la nación dominicana no ha evolucionado institucionalmente y como debió de haber sido.
La “institucionalidad”, se ha mantenido como una fachada autoritaria cuyo ejercicio totalitario se desenvuelve de acuerdo con el menor o mayor grado de como cada presidente ha ejercido el poder, pero no porque realmente la institucionalidad se encuentre fundamentada en un cumplimiento estricto de los mandatos de la Constitución de la República.
Desde luego, para la minoría que le va bien en cada gobierno y en la que su cabeza mayor es el factor mediático dirigido por una tiranía mediática conservadora hija de la concentración de medios en pocas manos empresariales, a todo ese sector de privilegiados le va estupendamente y como su brazo ejecutor radica, en que los llamados barones mediáticos son los que dictan las normas y de acuerdo a sus intereses y de los políticos y grupos económicos que sustentan, al final se tiene el sospechoso logro de mantener una atrapada opinión pública y un periodismo que se desenvuelve en base a la espada de la autocensura y la existencia de periodistas burocratizados al extremo y sin ánimo de ejercer la libre opinión y mucho menos su libertad de conciencia, al tiempo que la mayoría de los redactores, comentaristas y analistas, ya están habituados a desenvolverse dentro de una ausencia critica de libertad de prensa institucional y nada contestaria.
Por supuesto, dentro de esta terrible castración de libertades, alguna parte buena tiene y debe existir y la que encontramos en un repunte económico ciertamente envidiable para otros del exterior, en cuanto a que este país tiene una economía emergente de crecimiento y desarrollo medio, que realmente da un bienestar desmesurado a una oligarquía y su burguesía dueña de los medios de producción y agente esclavista de una masa de trabajadores dóciles y amaestrados en la consecución de privilegios y siempre y cuando se comporten sumisamente y casi como si en vez de ciudadanos fueran siervos.
Una evidencia de esto, se tiene en la minoría independiente al uso y contestataria de opinión libre, que cercada por las presiones que se le hacen y por el boicot económico que se le tiene por ejercer su derecho ciudadano a pensar, acobarda a tantos tecnócratas dentro de la llamada “iniciativa privada”, quienes para sobrevivir en ámbito tan asfixiante, se comportan a su vez como los carceleros del resto de los ciudadanos y a quienes se les exige y manipula y respecto a que si quieren progresar en lo material, deben y para decirlo suavemente, vender sus almas al mismo demonio y dando paso a una despersonalización de la persona que debe enmarcarse dentro de la prostitución y corrupción social más anonadante.
De ahí que, por el tremendo grado de injusticia institucional, la criminalidad aumente a un grado pasmoso, la prostitución por igual y ni hablar del narcotráfico y todas las formas de pillaje como el lavado de activos y simbolizadas en la fuerte delincuencia juvenil que asola y con origen en el poder político y en la brutal represión policial y militar.
Consecuentemente, es imposible hablar de que esta sea una sociedad justa que se maneja dentro de instrumentos legales constitucionales, en tanto la base de la sociedad es corroída por un caudillismo extremo y como expresión de una clase política delincuente y con careta de partidocracia y que, a este día, es el centro y vorágine de la corrupción a gran escala desde el poder.
Véase si lo que decimos tiene fundamento, que el Poder Legislativo y con un descaro inaudito, pretende despojar la institucionalidad del poder legal que le da fuerza y calidad de ejercicio a las leyes electorales y al extremo, que se ha tenido que formar un colectivo contestatario representado por la Junta Central Electoral y las fuerzas vivas como las ONG Participación Ciudadana y la Fundación Institucionalidad y Justicia, todas, aunadas en el solo esfuerzo y propósito de impedir que “legalmente” la partidocracia se robe las elecciones del 2024 y se aplique el hecho tan repugnante en una sociedad libre, de arrebatarle la libertad de escogencia a los electores.
Si ahondamos en lo que realmente quieren los legisladores, es que en la nueva Ley Electoral no haya nada que impida que los partidos políticos se financien como les venga en ganas, que tampoco se les exija cuentas por resultados y mucho menos que paguen impuestos por sus ingresos, que se limite la manera de votar y que los partidos sean los que controlen el departamento informático del tribunal de primera instancia de elecciones (JCE)
De su lado, la JCE planteó la existencia de nueve puntos objetados dentro del proyecto de ley de los legisladores y recibiendo de respuesta, que el proyecto y sus reformas no podría ser aprobado en este periodo legislativo que vence el día 12 y como en este país no existe la libertad de opinión y menos la de prensa, los barones mediáticos hacen lo imposible para que nada se les vaya de las manos y de ahí que sus periódicos y estaciones de radio y televisión cierran filas y para evitar que haya un debate publico de la misma sociedad y ciudadanía.
¿No es todo esto, una demostración evidente, de que tenemos razón y al plantear que existe un engañoso perfil que no se corresponde exactamente a la realidad que se vive desde el corazón de la población y la institucionalidad del Estado? Y así vamos. Por lo que algún día veremos un estallido social, que dejará pálido, todo cuanto al respecto se ha dado o se está dando en otros países de la misma región americana de habla latina. (DAG)
