Un muy grave problema cultural sistémico: No aceptar que un presidente vaya a la reelección, pretender coaccionarle su derecho de administración y que haya un reordenamiento lógico de la inmigración

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Cada día que pasa, observamos con cierta preocupación, como el sector mediático se apresura a tomar posición respecto a la probable reelección constitucional y de acuerdo como sus dueños les dicten a sus periodistas los pasos a seguir. En igual medida se nota, como las redes sociales y desde ahora se lanzan contra el derecho de una parte de la población a manifestar, no solo su preferencia política, sino que se le quiere impedir que esas personas utilicen su libertad de escogencia.

En este sentido, es que creemos entender, apunta la lucha que la partidocracia ha iniciado contra una Junta Central Electoral, que en la práctica y de acuerdo a su resolución 13-2023 trata de salvaguardar el derecho de las mayorías partidarias a decidir por sí mismas quienes serán sus candidatos y como decidir el destino de las políticas de cada partido en materia de alianzas y lo que solo se puede garantizar, si los miembros de los partidos deciden quienes serán sus dirigentes partidarios y sus candidatos electorales e independientemente el sentir de quienes les dirijan en un momento dado.

Ahora, a la pretensión de semejante constreñimiento de la voluntad individual, los jefes políticos no quieren que la militancia determine quienes serán los candidatos y lo otro tan importante, de cómo serían las alianzas electorales entre las formaciones políticas y que entendemos y lo enfatizamos, es un espíritu de equidad y justicia que la JCE quiere proteger y preservar.

Hasta ahora y como en este país, no más de siete partidos, son formaciones políticas con derecho a concurrir con candidatos propios, son las que en verdad puede interesarles la aplicación de las alianzas y quienes, por su misma condición legal, tienen un mayor aprendizaje en cuanto a saber respetar la disidencia interna. De contrapeso, se observa como la mayoría de las otras formaciones que cubren el abanico de 50 partidos y la mayoría, minoritarios de alquiler electoral para fines de alianzas y obtener beneficios económicos o de cargos públicos para sus dueños y si se tiene el objetivo de venderse al partido que gobierna y de paso, con débil representación legal, que haya que considerar, que si no hubiese la prohibición de la resolución 13-2023, los partidos irían a las elecciones del año que viene con la misma composición arbitraria, de una minoría de sus dirigentes imponiéndole a la militancia, las alianzas que a los dirigentes les interesa y por igual el abanico de candidaturas.

Consecuentemente, lo correcto debe de ser, que la atrapada opinión pública rechace ese método de escogencia vertical y arbitraria y desde ahora y por medio de todas sus formas y vehículos de expresión en los medios de la prensa mercancía o en las redes sociales, los ciudadanos respalden la iniciativa del tribunal de elecciones de primera instancia y para garantizarse, que la libertad de escogencia de todos los ciudadanos y tanto como militantes partidarios o electores, sea respetada.

En el fondo, de lo que se trata por parte de quienes se oponen a la reelección constitucional, es impedir el derecho que le asiste al presidente Luis Abinader, a pretender postularse y de lo que hasta ahora no ha dado indicación personal alguna de que se encuentre en esa tesitura y para continuar al frente del Poder Ejecutivo.

Incluso, recientemente, el ministro de Medio Ambiente, Miguel Ceara Hatton, se permitió la “liberalidad” de criticar rudamente la decisión de administración del ministro anterior, de autorizar una cantidad presupuestal para fines de cubrir las necesidades de parciales políticos gubernamentales y quienes como dominicanos, tienen derecho constitucional a ello y dando a entender que había corrupción por medio, pero tratando de disfrazarlo como un supuesto privilegio a favor del periodista José Guillermo Gómez Jorge, quién rápidamente desmintió el hecho y sí reveló que esa medida presupuestal había sido tomada por el anterior ministro Orlando Jorge Mera y lo importante, dando a entender también, que la misma es parte del derecho de administración que en determinados casos, ejerce el gobierno constitucional.

Ceara Hatton, en realidad y con su provocadora declaración, actuó tal como su “alma mater”, Participación Ciudadana le indicara y con el objeto de arrastrar a Abinader a una discusión pública y con el solo interés de hacer creer que el mandatario es un corrupto y por lo que debería entenderse, que no es apto para el cargo y menos repetirlo.

Tan abiertamente ha sido el plan desestabilizador al que Ceara Hatton se prestó irresponsablemente, que de inmediato, la Academia de Ciencias salió en su apoyo y descaradamente, el funcionario y desafiando al presidente, dijo que él no renunciaría al cargo.

El sainete generado y a nuestro entender, solo habla de que el grupo de poder económico y fáctico que hemos bautizado como gobierno corporativo clandestino, desde ahora quiere crear las condiciones para que la población y los ciudadanos en capacidad electoral pudieran terminar descalificando a Abinader y lo que debe advertirse, al entender, que parecería que hay un siniestro plan de la mediana burguesía y cierta parte de la sociedad con sectores de la oligarquía, de impedir la reelección constitucional.

Concomitantemente con ello, llama la atención, que el partido de gobierno y como organización, no le hubiese salido al frente, a la mendaz como atrevida declaración del ministro Ceara Hatton, quien y si no se sintiera respaldado por quienes depende, hace rato que debió haber puesto el cargo a disposición presidencial.

El último punto. El reordenamiento de la inmigración extranjera en nuestro país. Creemos que el gobierno debería darle un vuelco absoluto a la política migratoria actual, creando provisionalmente un visado de trabajo y para que todo aquel extranjero que quiera venir a trabajar y a quien se le sellaría en su pasaporte en el puerto de entrada terrestre, marítimo o aéreo, pueda hacerlo y como paso previo a su regularización como inmigrante legal y paralelamente, otorgando el visado a todos los indocumentados que ahora se encuentren en el territorio nacional.

De adoptarse esta medida, automáticamente no habría inmigrantes ilegales o indocumentados, se dinamizaría el mercado laboral y solo se deportarían a los extranjeros, quienes en un plazo de tres meses después de haber obtenido su visado laboral, no hayan logrado trabajo y dentro de las mismas condiciones legales y humanitarias, que disfrutan los dominicanos.

Hay que considerar, que es hora, de que los dominicanos entendamos, que debemos tener una mentalidad cosmopolita y no regionalista isleña de horizontes limitados y fronteras truncas y en la que el nacionalismo estrecho y prejuicioso tenga que ser dejado atrás.

Es por todo lo anterior que decimos, que es un muy grave problema cultural sistémico: No aceptar que un presidente vaya a la reelección, pretender coaccionarle su derecho de administración y que haya un reordenamiento lógico de la inmigración. Con Dios. (DAG) 21-05-2023