De acuerdo con una de las propuestas de la Comisión Bicameral del Congreso Nacional, por ejemplo, un afiliado con salario de 30,000.00 pesos reales (libre de inflación) cotizando el 10.01% mensual, al cabo de 20 años habría aportado 720,720.00 pesos (30,000 salario x10.01% x12 meses x20 años).
Si esos recursos se ahorraran y se capitalizaran, en adición, acumularían intereses por 677,336 al 5% real anual, durante los 20 años, incluyendo los años adicionales con saldo disponible, durante su retiro. En esas condiciones el gran total acumulado de por vida de este trabajador promedio ascendería a 1,398,056.00 pesos reales, sin inflación, como resume el cuadro.
De acuerdo con la propuesta, este afiliado se retiraría a los 55 años, con una esperanza de vida promedio de 75 años, disfrutando de una pensión del 70% por 20 años. Y su cónyuge recibiría una pensión de sobrevivencia del 49% (70% del 70%), durante 3 años. El gasto total del sistema sería de 6,033,300.00 pesos reales (21,000 mensual x 13 meses/año x 20 años promedio + tres años de pensión de sobrevivencia con el 49%).
En este caso, este afiliado típico le arrojaría al sistema un déficit de 4,635,244.00 reales (1,398,056.00-6,033,300.00) recibiendo un 737.12% más que lo aportado de por vida. Este déficit por afiliado promedio resultará absolutamente insostenible, cuando se multiplique por una cantidad creciente de jubilados, año tras año.
De inmediato la pregunta salta a la vista, ¿Quién cubriría esta diferencia creciente? Ante esta realidad objetiva, el país espera que la Comisión Bicameral explique cuál sería la fuente de financiamiento y cómo se garantizaría la sostenibilidad financiera de esa propuesta, en el mediano y largo plazo.
Sólo existen dos opciones: los afiliados y empleadores, al menos triplicando el aporte, llegando al 30% de salario mensual. O el Estado, obligando a un aumento sensible de los impuestos, penalizando a la mayoría de las empresas y a todos los contribuyentes. De modo que a la larga al país le saldría más cara la sal que el chivo.
La propuesta de la Comisión Bicameral del Congreso de otorgar una pensión del 70% con 20 años de aporte y 55 de edad, generaría un déficit financiero 4.3 veces mayor que el monto aportado, el cual ejercería una presión fiscal que terminaría siendo cubierta por los contribuyentes, mediante un aumento del ITEBIS, acentuando más la desigualdad social
Aun asumiendo que estos aportes se ahorran, no se tocan y se capitalizan, el fondo acumulado ni siquiera llegaría a cubrir la tercera parte del período de retiro. A partir de febrero del quinto año, los recursos se agotarían, obligando a tomar el aporte mensual de 8.33 cotizantes activos promedios, para pagar esa pensión promedio, reduciendo hasta extinguir, la capacidad de ahorro y capitalización del sistema.
Pero la eliminación del ahorro equivale a matar la gallina de los huevos de oro. El sistema entra en una etapa de desequilibrio desenfrenado, cuyos ajustes resultarían cada vez más costosos para los trabajadores, para los contribuyentes y para el país. Ahí están los ejemplos de España y Francia, entre muchos otros.
La propuesta acentúa la vista la falta de correspondencia entre el tiempo de aportación y el tiempo promedio de jubilación. Este afiliado típico aportaría solo durante 20 años y en cambio disfrutaría, en promedio otros 20 años de pensión. Téngase en cuenta que, sin ahorro, si el aporte es el 10% y la pensión el 70%, se necesitan 7 meses de cotización para garantizar un mes pensión, por lo que con 20 años de aporte sólo se cubrirían menos de tres años de pensión.
La Fundación Seguridad Social Para Todos (FSSP) hace un llamado de atención sobre las graves consecuencias de esta propuesta para la estabilidad macroeconómica y para el equilibrio fiscal. Tenemos que evitar propuestas populistas que politicen una reforma tan importante.
Proponemos realizar los cálculos financieros y actuariales sobre las diferentes propuestas y sobre esa base, convocar a un diálogo nacional entre congresistas, autoridades, empresarios, sindicalistas, la SIPEN, ADAFP, y representantes de la sociedad civil y de los medios de comunicación, en la búsqueda de una solución que garantice pensiones dignas y sostenibles para todos. Por: Arismendi Díaz Santana [OJO-Diario Libre]
