La mayoría de los políticos y no solo los dominicanos y sí en otros países, olvidan, que un periodo constitucional está marcado y su supervivencia de ello depende, por el respeto irrestricto al ejercicio de su poder delegado dentro de parámetros que nunca violenten el ordenamiento constitucional, pues cuando sucede y en una nación en la que el desarrollo y crecimiento político ciudadano sea marcado, nunca se le deja pasar.
Debe recordarse, que hay muchos casos en los que el quiebre del orden constitucional y propiciado desde el mismo gobierno, generan su respectiva caída y lo que muchos hemos visto en Bolivia, Perú y Brasil para señalar casos recientes.
En el orden dominicano, se han dado amagos y desde que el sistema democrático fue instaurado desde las elecciones del primero de junio de 1966 y toda la nación conoce los resultados de tales desafueros.
Sin embargo, que, en los tiempos actuales, parecería que hay políticos que se les ha olvidado que el poder al que se asciende legalmente por medio de elecciones debe ser continuamente legitimado por el accionar responsable y constitucional de sus miembros, no de uno solo, sino de los tres poderes inter independientes del Estado y con miras de que el fuero constitucional se mantenga incólume.
Y es que ya, ningún gobierno o estamento de poder y mucho menos un presidente en ejercicio puede llegar a creerse que la Constitución de la República fuera un simple pedazo de papel que puede interpretarse y acomodarse a las circunstancias que los políticos que están a cargo del desenvolvimiento institucional, así lo supusieran.
Por ejemplo, estamos viendo con gran preocupación, el accionar punitivo policial en la persecución del delito y el que, en la medida que sus agentes asesinan a supuestos “delincuentes”, con el tiempo y dada su asiduidad, generan un serio como inquietante malestar ciudadano y desde que la gente cae en el convencimiento, de que la incapacidad e incompetencia policiales van en camino de afectar las libertades públicas, el cuido de las vidas de los ciudadanos y la degradación institucional de la vida del país.
De este modo, es menester tener en cuenta, que cuando un gobierno se hace de la vista gorda ante el aumento preocupante de las estadísticas policiales que fomentan los dispositivos de gatillo alegre y matando ciudadanos a tontas y locas, en algún momento pudiera revertirse en un serio llamado cívico desesperado y en procura de que el reordenamiento constitucional no se transgreda y en este punto, podría suceder, que los excesos policiales terminen generando un malestar tan amplio, que pudieran ocurrir dos hechos para su finalización: Un llamado al orden de parte del Tribunal Constitucional o un Consejo de Guerra que imponga un rígida vuelta a la legalidad, por la institución de uniforme que luzca o actúe como un supra poder institucional fuera de control.
Un consejo de guerra, por ejemplo, bastaría y desde el momento que el citado instrumento jurídico asuma que la institucionalidad estuviera en peligro por el uso en exceso de la fuerza bruta, para que el Estado se le imponga a las instituciones y los ciudadanos y como hecho suficiente para desplazar a un gobierno que no se ajuste a derecho y que no llame al orden a la institución de uniforme, policial o militar que convierta su accionar violento, en una fuerza bruta punitiva e incontrolable que amenace la seguridad jurídica y de vida de la ciudadanía.
Bien se conoce, que la policía y si llegara el caso, su plana mayor y en acción motivada, perfectamente que puede dirigirse al Poder Ejecutivo, vía el ministerio de Interior y para que el presidente de la República pondere la puesta del estado de emergencia en áreas determinadas del territorio nacional y con fines de imponer el orden público y el rescate social, amenazados por un accionar extremadamente violento de la delincuencia a gran escala y como se está dando en estos momentos, en El Salvador.
Pero también y bastaría releerse la Constitución de la República y repasar determinadas leyes adjetivas, para encontrarnos, que cuando un poder del Estado se subleva contra el estado de derecho y lo que sucedería si viniera el caso, que en el Poder Legislativo y porque allí no se acate la Carta Magna y no se acepte el derecho a la disidencia y se quisiera una mayoría aplastante y tanto de gobierno o de oposición para atropellar al contrario, para que realmente el Tribunal Constitucional pudiera determinar, que por semejante violación institucional tan radical, ese poder pudiera ser declarado fuera de la normativa legal vigente.
Ahora bien, si se diera la otra situación, de que es el Poder Ejecutivo el que se rebela contra su propia legalidad y pretende imponerse ilícitamente por via del constreñimiento del orden constitucional vigente, también en este aspecto el Tribunal Constitucional diría la última palabra, como también, que si este tribunal pretendiera actuar como un gobierno de jueces que quisiera derrocar al gobierno constitucional, perfectamente que podría ser desplazado en su ejercicio mediante el procedimiento expedito de declararle por igual fuera de la ley.
Es decir, estamos hablando, de que dentro de un sistema constitucional, existen los saludables mecanismos de pesos y contrapesos que todos los intereses en juego deben acatar y lo que va, desde medios de comunicación rebeldes al ordenamiento jurídico constitucional, a un presidente de la República excediéndose en sus atribuciones institucionales y quien hasta podría ser desplazado del poder, si se apela a su otra condición de Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional y al aplicarse un consejo de guerra superior.
Desde luego, hasta ahora en nuestro país no se han dado estas últimas situaciones que presentamos y como rígido testimonio de que los políticos en el poder no pueden ni deben creerse que tienen una especie de patente de corso para comportarse como un gobierno sin controles institucionales, pero sí que es bueno advertir sobre este particular, ahora que se observan ciertas “apetencias” congresionales por desconocer la existencia de una minoría institucional y querer aplicar una aplanadora mayoritaria contra el derecho a la disidencia al momento de crear leyes o en el caso policial ahora conocido y que la institución policial practica con una frivolidad asesina extremadamente preocupante y que partiendo de advertencia insólitas de su director policial, en cuanto a que “los delincuentes saben” como ese funcionario se maneja, no dejan dudas, de que se quiere utilizar a la institución policial como un ariete de muerte contra los ciudadanos, sean o no “delincuentes”.
Así se tiene, que es la aplicación correcta de la ley y no ningún otro instrumento social, quien debe decidir y al juzgar desde un tribunal calificado, quien es o no delincuente y no ningún tipo de política de gatillo alegre o de demencial fuerza bruta policial para asesinas individuos o colectivos de ciudadanos y que es lo que la policía y con la sospechosa tolerancia del gobierno, ha estado practicando y que si se le deja, terminará vulnerando a lo absoluto el estado de derecho y al momento que los ciudadanos entiendan que en cada policía deben ver un asesino en potencia que va por sus vidas.
De ahí, que en función de la realidad cruda que marcan los hechos que describimos, advertimos a los poderes constituidos, a que se serenen, respeten la Constitución y las leyes y actúen cívicamente y tanto en lo que también respecta a la Suprema Corte de Justicia como al Tribunal Constitucional, que ellos están para ser vigilantes y protectores del estado de derecho y no que se conviertan en cómplices de un poder político desenfrenado o que al final, todos esos jueces crean que ellos pudieran imponerse como gobierno de jueces y al momento que los divisionismos políticos rompan con el proceso constitucional.
Consecuentemente y por estar preocupados por el giro casi al borde de las leyes, que por lo menos a dos de los tres poderes del Estado pudiera señalárseles, que expresemos la reflexión, de lo relativo, a que la existencia de todo gobierno constitucional está marcada por su respeto a la responsabilidad política institucional y la que no debe ni puede ser violentada, salvo que quiera verse el acortamiento de su periodo legal de ejercicio. (DAG)
