El Senado dio luz verde a una normativa que regula la actividad de repartidores y choferes de plataformas como Uber, PedidosYa y Rappi. La ley establece derechos básicos, pero deja en manos de la Justicia la definición de si estos trabajadores son independientes o empleados dependientes.
El proyecto, elaborado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), evitó abordar la discusión central sobre la naturaleza jurídica del empleo en estas plataformas. En su lugar, optó por garantizar ciertos derechos tanto para quienes operan como autónomos como para aquellos con un vínculo más estructurado con la empresa.
Si bien la normativa reconoce protecciones laborales, no resuelve el debate global sobre si estos trabajadores deben ser considerados empleados formales. En caso de conflicto, será la Justicia quien determine la relación contractual en cada situación particular.
Críticas desde el PIT-CNT y sectores académicos
La central sindical rechazó la ley y reclamó su derogación en el próximo período parlamentario. En su visión, el marco normativo debería equiparar estas plataformas con empresas de transporte, estableciendo que sus conductores y repartidores son trabajadores dependientes.
El PIT-CNT argumenta que el texto aprobado responde a los intereses de las empresas, ya que no fue discutido en el Consejo Superior Tripartito. Además, académicos y la oposición también expresaron reparos sobre la falta de debate previo a su presentación en el Parlamento.
Una estructura de costos desigual
Según los sindicatos, estas plataformas trasladan la carga de costos a los trabajadores, quienes deben hacerse cargo del vehículo, combustible, internet y seguridad social. La ley permite que los conductores elijan aportar como monotributistas, lo que, a juicio de la central obrera, beneficia a las compañías en detrimento del sistema previsional uruguayo.
El debate sobre la regulación de estas actividades sigue abierto, mientras crecen las presiones para ajustar el marco legal en función de las tendencias internacionales y los fallos judiciales que han reconocido a estos trabajadores como dependientes en otros países. (Debate Uruguay-Federico Martinez-msn-ojo)