El polémico proyecto de trata y tráfico de personas sometido por el Poder Ejecutivo por ante el Congreso Nacional, ha desatado una avalancha de críticas de sectores de la vida nacional, partiendo del hecho que este proyecto viola, el principio de soberanía nacional y el derecho de auto determinación que tiene la República Dominicana.
En ese orden, dentro de las primeras personas que se han opuesto al referido proyecto, se encuentra el expresidente Dr. Leonel Fernández Reyna, presidente de la Fuerza del Pueblo, calificándolo de nefasto, abusivo, etc. Estas críticas, han provocado que algunos funcionarios del gobierno y personas de la sociedad hayan intentado confundir a la población, alegando que la base de sustento del referido proyecto de ley está en una resolución que emitido el Dr. Fernández en el año 2006.
En esa misma línea, hay que aclarar que la resolución núm. 492-06 no fue iniciativa del Poder Ejecutivo, esto es una burda manipulación, sino esta se dictó en función de una resolución emitida por el Congreso Nacional (donde el PRD tenía mayoría). además, en esta resolución se establece en el artículo 8, el derecho que tiene el Estado dominicano de repatriar a las víctimas de trata de personas, derecho, que es confrontado con el principio de no devolución descrito en el artículo 16 del proyecto de ley de trata y tráfico de personas.
En este contexto, en el año 2018 ciento sesenta y cuatros (164) países miembros de las Naciones Unidas ratificaron el Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada y Regular. Este pacto, afortunadamente no fue firmado ni ratificado por la República Dominicana. además, se negaron a ratificarlo Brasil y Chile.
En el año 2022, la República Dominicana participo en la reunión de jefes de Estado, donde veinte (20) países firmaron la Declaración de Los Ángeles sobre Migración y Protección. Esta declaración, con acertada razón, no fue firmada por el presidente Luis Abinader, por lo cual le aplaudimos y felicitamos como dominicano.
En síntesis, el presidente Luis Abinader producto de la presión de la población y de la Fuerza del Pueblo, decidió retirar el proyecto. Sin embargo, anuncio que el mismo será reintroducido en 45 días, esto es innecesario, este proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad, ya que vulnera los principios de soberanía, autodeterminación, integridad territorial, la Ley núm. 137-03 y la Resolución núm. 492-06. Por: Máximo Calzado Reyes [El Caribe]
